Ahora va a resultar que, contra todas las proclamas dignas de Pedro Sánchez y sus conmilitones con voz (la hemeroteca también es "fachosférica"), aquello del 1 de octubre de 2017 tampoco estuvo tan mal. Se ha venido a producir, vía de facto, una beatificación de los demonios que creímos que eran aquellos Oriol, los Jordis, el Puchi y compañía. Que, en realidad, en vez de pisotear aquellos coches policiales, levitaban. Que el terrorismo callejero que se vivió en Vía Laietana bombardeando a pedruscos a la Policía Nacional fue sólo expresión de unos zagales en justa reivindicación de su derecho de autodeterminación. Que la proclamación durante segundos de la independencia no merece castigo. Ni el dispendio de pasta pública para sostener la violencia que se produjo. Todos amnistiados... salvo la conciencia y la dignidad del país, que ha quedado lacerada.
La única esperanza, la judicial, se ha desvanecido porque a aquellos jueces valientes les han enmendado la plana los jueces-políticos, los apesebrados por su adscripción ideológica. Las doctrinas al servicio partidario bajo la solemnidad de las togas. Alguien podría pensar -que no digo yo que no lo piense- que es una forma de corrupción. Y, de hecho, si ustedes van a la RAE, bien puede concordar con las tres primeras acepciones. La cuarta, la de la diarrea, no se presta a la interpretación, porque es tan sólo la consecuencia que nos suscitan a los ciudadanos que creemos en el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Durante esta legislatura, en otro ámbito, el político, se ha penalizado aquel intento de ruptura del Estado con castigos como la consideración de Puigdemont como interlocutor de Cataluña en su exilio -claro, que el otro era Santos Cerdán, pero por orden de...-, con la concesión de todos los privilegios de financiación -cuando hay un privilegiado, hay uno o varios agraviados- y la última será la Hacienda propia catalana. Esto es, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado muy firme, rotundo, contundente... pagando la juerga independentista (bueno, y algunas otras).
De aquella desobediencia, aquel desacato, aquella afrenta a la legalidad, estamos pasando a otra respecto a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las pinturas murales de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena. El mismo choteo, idéntica soberbia, similares patrañas, mentiras análogas, lobbys de papel de fumar y una única finalidad: no devolverlas bajo argumentos falsarios e indecentes para cualquier persona con pretensión de honradez intelectual. Y la Generalitat, el MNAC y el Ministerio, en una deriva negacionista (de que se pueden trasladar). Demasiado vulnerables. Tanto que, cuando ha convenido, las han sacado para exposiciones temporales.
El mismo día que se conoció la sentencia que ratificaba la de la Audiencia Provincial que ratificaba la del Juzgado de Instrucción, en medio del júbilo, a uno de los más combativos de la causa le espeté: "Eso dependerá de lo que diga Puigdemont". Si alguien creía que el gobierno que pende de siete votos se va a poner en riesgo por Sijena, va apañado. Si alguien piensa que el Supremo hoy es el real alto tribunal, va listo. Aquí todo se sustancia en la clave de la miseria política más absoluta. Y esa, esa, sólo es capaz de salvarla a golpe de imposición de la legalidad la Guardia Civil. La institución que, en este país, rinde servicios sin mirar la cara, el bolsillo ni la querencia. Así que a rezar por la integralidad de la Benemérita zaherida por el ministro innombrable y a continuar con la actual firmeza que no todos los gobiernos de la historia de nuestra comunidad han tenido en este efecto.
A fecha de hoy, 27 de junio de 2025, estamos luchando por evitar una amnistía al MNAC en su apropiación indebida de las pinturas, que no sólo desacata sino que falsea la historia. No es una novedad. De aquellos polvos vienen estos lodos.