Todo está tasado. En un Estado de Derecho, el principio fundamental es cumplir la ley. Y uno de los cimientos que las administraciones públicas han de ser ejemplares en ese respeto escrupuloso. Ahí radica el espíritu de la Carta Magna, que por algo se hace acompañar de tan solemne epíteto. Cuando una institución vulnera cualquier ordenamiento, todo ciudadano está en su derecho de apelar a los tribunales, y particularmente al Constitucional. Y, una vez dictada sentencia, a ejecutarla. Sin más consideraciones. En sentido contrario, habrán de ser nuevamente los organismos judiciales los que delimiten si se incurre en falta o en delito. Y a pagar las consecuencias.
No me gusta la deriva que está tomando nuestro país. Por muchas circunstancias, además del empobrecimiento generalizado. Se está imponiendo, frente a la razón de los fallos judiciales, la peineta o el corte de mangas. Y también sucede en el ámbito legislativo y ejecutivo. Ni me parece responsable que las comunidades socialistas se negaran a implantar la ley Wert ni las populares la ley Celaá. No es serio. A nadie nos preguntan si nos parece bien el modelo impositivo, pero pagamos cabizbajos nuestros impuestos. Ni si nos parece aceptable la creciente tendencia a gobernar por decreto, pero si está en el constructo de nuestro ordenamiento, en todo caso habrá que hacer saber a los partidos que de ellos demandamos para futuras citas electorales la limitación de recurso tan poco edificante. No nos inquieren sobre la sobrecarga de ingresos del Estado por la inflación y si sería conveniente aplicarlos en rebajar las tasas para aminorar los precios. Quizás por apatía generalizada, quizás por adormecimiento de la sociedad civil, quizás por la confusión fatal entre opinión pública y opinión publicada, los electores somos unas señoras y unos señores que depositamos la papeleta en la urna cada cuatro años y, una vez garantizado el botín, si te he visto no me acuerdo. Es más, muchos políticos, para evitar encuentros indeseados con su palabra dada, cuando ven a un paisano que se lo pueda rememorar usan la táctica posmoderna de echarse el móvil a la oreja y hacer como que hablan mientras precipitan el paso hasta que transcurre una distancia imposible para el pretendiente interlocutor.
Cuando ayer se reunieron equis miles de personas en Barcelona para reivindicar que se cumpla la ley del 25 % de clases en castellano (que ya es magra reivindicación, ¡por Dios!), sólo demandaban el cumplimiento de la ley. Certificado por los tribunales. Incumplida sistemática y desvergonzadamente la consulta evacuada por la Generalitat, la obligación del Estado en el que está integrada la institución catalana es obligar a que en las aulas se les dé la extraordinaria oportunidad de aprender en español, que no sólo es lengua vehicular sino que, además, es la que se ha hablado en la ciudad condal durante muchos siglos con absoluta normalidad.
Ni cabe una interpretación buenista ni un regate al lenguaje. El español es directo y preciso. No necesita circunloquios ortopédicos. Me parece inaudita la receta de Feijóo: "La cordialidad lingüística". Etimológicamente, es la cualidad relativa al afecto, al corazón (el cor). A mí me da mejor que debiera haber dicho "misericordia lingüística", enviar el corazón, compadecerse, porque así es como se sienten los padres afectados por la represión del castellano en Cataluña. Ahora que Iván Redondo no acompaña a Sánchez para etiquetar todo (la nueva normalidad, saldremos más fuertes, el mayor impulso de la economía en la historia de España...), llega el jefe de la oposición y aplica bálsamo a una enfermedad que sólo necesita una receta para su curación: cumplir la ley. Y, de desoír la prescripción, que sepa que las consecuencias serán las coherentes. La debilidad ha de ser del paciente, no del médico (el Estado). Como sentenció Montaigne, las leyes mantienen su crédito no por que sean justas, sino porque son leyes. Así de sencillo.