Trae a la palestra pública VOX la Granja San Lorenzo, el espacio público que duerme el sueño de los justos no desde 2002, como aduce el grupo en alusión a la calificación como suelo residencial. Leer -ese acto subversivo hoy- de la historia permite contextualizar el futuro que pueda ser de esa superficie de titularidad autonómica que, en sus tiempos, Huesca despreció como se renuncia a un hijo no deseado, a pesar de que llegaba de la mente lúcida (y a veces excesivamente adelantada) de Luis Acín Boned, a la sazón en el origen de todo consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes. Con la ilusión de llevar un bien a su ciudad.
Cuesta prácticamente un amén hallar en la documentación oficial la razón de todo. Han transcurrido nada menos que 33 años desde que Luis Acín pretendiera, con incomprensión mediática, política y de poderes fácticos de la ciudad, lanzar un proyecto de polígono industrial y de recinto ferial, dos necesidades de entonces (y de ahora la primera). El coste, 505 millones de pesetas (hoy serían 3 millones de euros aunque el efecto inflacionario elevaría esta equivalencia) fue motivo incluso de petición de una comisión de investigación parlamentaria a pesar del respaldo del entonces alcalde de Huesca, Enrique Sánchez Carrasco, regidor de miras altas por la ciudad.
Eran aquellos años en los que la industria se desplomaba como un castillo de naipes en una ciudad adormecida en la que desaparecía el tejido productivo y cientos y cientos de puestos de trabajo fabriles, y cuya primera manifestación unánimemente convocada por sindicatos e instituciones ya en 1995, cuando nada había casi que conservar, era, en realidad, un acta de defunción.
De hecho, la concentración fue lánguida, triste, un velatorio en el que sólo disfrutaban los líderes de la atonía, los que no quieren obreros sudorosos en su entorno porque funcionarialmente se disfruta más del vino y de las rosas. Esos pensionistas de 3.200 euros que llevan años diciendo que todo OK, que "paqué" va a venir una Litera Meat, una Enate o cualquier instalación transformadora. Energías limpias, aire puro y un erial para la retención del talento propio, no digamos para la atracción del ajeno.
Desde entonces, cuando todavía resonaban los ecos de los comicios municipales de 1991 en los que se aventuraba "la ciudad de los 80.000 habitantes que veríamos", la Granja San Lorenzo no ha sido ni chicha ni limoná. Ni el suelo industrial que pretendía el audaz Acín Boned, ni el residencial uso que fue proclamado en muestra de la incompetencia para la actividad secundaria en 2002.
Desde que la Granja San Lorenzo pasara a manos públicas, han desfilado por el despacho de la Plaza de la Catedral Enrique Sánchez Carrasco, Luis Acín Boned, Isabel Leguina Villa en funciones, José Luis Rubió Gracia, Fernando Elboj Broto, Luis Felipe Serrate, Ana Alós López y Lorena Orduna Pons. Y por el Pignatelli Emilio Eiroa, José Marco Berges (otro que no tiene "paternidad"), Ramón Tejedor, Santiago Lanzuela, Marcelino Iglesias, Luisa Fernanda Rudi, Javier Lambán y Jorge Azcón. La relación de consejeros es infinita.
Asegurar que nada ha cambiado en la ciudad sería un disparate. Tanto como sostener que la evolución ha llevado el ritmo que requeriría, en su esencia y en la comparativa con el entorno. La Granja San Lorenzo es un síntoma y es una lección. La constatación de una atonía en la que la vida política ha tenido su parte alícuota de responsabilidad que, empero, también abraza a la ciudadanía.
Aquel hijo de una buena idea al que se despreció ahora puede ser resarcido. O no. Pero que no sea por que la historia no nos otorgue el espejo de lo que dejamos de hacer y podemos recuperar. Como símbolo de una negligencia compartida, tampoco está mal. Un memorial de una actitud zombie.