Esta semana ha saltado una noticia que realmente no es muy importante, pero que ejemplifica muy bien la degradación del sistema político en el que nos ha tocado vivir. Entre el listado de eventos y actividades planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para celebrar la muerte del dictador Francisco Franco, estaba la de pagar a un opinador para la realización de vídeos divulgativos sobre la época franquista. Me refiero al polémico Alán Barroso. De él se ha dicho de todo esta semana, recalcando su falta de inteligencia y pensamiento crítico, pero ¿de verdad podemos llamar imbécil a un individuo que cobra más de 2.000 euros por realizar dos vídeos sin tener ni idea del tema que está tratando?
Alán Barroso no tiene la culpa de ser un adulador del talento de los canelos. El problema reside en que gente como él reciba dinero desde el erario público. Esta crítica la ha rebatido el propio Barroso en sus redes sociales con la brillante y madura respuesta de: “Los del otro bando también cobran”, dejando entrever que él cobra por su trabajo mientras que “los otros” sólo reciben dinero por ser “amigos del poder”
La necesidad de que un gobierno como el de Pedro Sánchez tenga que pagar a un influencer, me niego a desprestigiar la palabra politólogo, muestra cómo desde el poder están intentando imponer unas ideas. Un relato. O peor, unas mentiras. Porque el caso Barrosso es sólo una pequeña parte de un sistema corrompido, donde los políticos están más pendientes de quedar bien en el telediario que de gobernar. Y si esto es así, si existe una necesidad de quedar bien en los medios de comunicación y en las redes sociales, es que se gobierna mal y los resultados así lo muestran.
Pregúntense ustedes cuando hagan la declaración de la renta, cuando abonen el IVA o cuando les pasen el IBI si quieren que ese dinero, que les quitan coactivamente, vaya para pagar a periodistas que aplaudan al poder y defiendan a capa espada el ideario oficial, o les gustaría más que se quedara en su bolsillo.
Hace un año el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que retiraba la publicidad institucional y la ayuda a los medios de comunicación. Lo hizo de manera paulatina (aún quedan rescoldos) pero este 2025 acabará sin que ni un peso de las arcas públicas del Gobierno Central vaya a periodistas. Más aún, la agencia pública de noticias TÉLAM (aquí sería EFE) que contaba con más de 2.000 periodistas ha sido cerrada tras una reflexión de Milei: ¿sirve para algo bueno esta empresa o sólo ha servido para promover las ideas de Kirchner y otros tantos zurdos? Tras responderse, la ha cerrado ya que no encontró ningún argumento a favor de mantenerla abierta. Y él no iba a caer tan bajo como cayeron los otros.
Aquí en España nos gastamos más de 100 millones de euros en mantener a los periodistas de la Agencia EFE, más de 1.000 millones en RTVE y otros tantos en publicidades varias y televisiones autonómicas (más de 300 millones en TV3, otros 40 para Aragón TV y más de 80 en Telemadrid). Y 2.000 euros en Barroso.
Sin la dependencia del presupuesto público estoy seguro de que la salud del cuarto poder en nuestro país mejoraría.