El culebrón de Muface ha acabado, o eso piensa la administración de Pedro Sánchez. Sin embargo, este asunto tiene muchos esqueletos en el armario. Muy bien guardados, pero no dejan de ser esqueletos que han de salir a la luz.
Este asunto de una sanidad privada para algunos funcionarios es bastante peliagudo, pero no es el punto importante; sino las consecuencias de la pésima gestión que han llevado a cabo desde el gobierno de la nación. Aunque un mal pensante pudiera llegar a la conclusión de que, en realidad, toda esta pantomima estaba orquestada desde un principio.
La gran consecuencia de la incertidumbre que ha creado el gobierno, con Mónica García a la cabeza del Ministerio de Sanidad, ha sido la generación de miedo entre los funcionarios (y sus familias) con respecto a un tema tan delicado como es la salud. Expertos indican que un atraso en la realización de pruebas diagnósticas, en intervenciones y demás casuística médica puede agravar la salud de los pacientes provocando un deterioro a largo plazo de su calidad de vida. En ningún caso hay que creer que desde el Gobierno son tan desalmados para que entre sus objetivos esté el empeoramiento de la salud de sus funcionarios. La explicación es más mundana.
Desde que en enero de este año empezaron estos vaivenes, más de 45.000 funcionarios se han pasado a la Seguridad Social. Muy pocos comparados con el millón y medio de personas que estaban bajo el amparo de Muface, pero a fin de cuentas es el tres por ciento del total de afiliados. Ahora, la salud de esas cuarenta y cinco mil personas no depende del Gobierno de Sánchez, sino de la sanidad pública de las Comunidades Autónomas, catorce de las cuales gobernadas por el PP.
La sanidad española, la pública, sufre un gran desequilibrio, ya que a pesar de tener una de las mejores plantillas de la Unión Europea y una calidad de las instalaciones envidiable, no hay recursos suficientes. Falta personal, faltan instalaciones y falta cultura en los pacientes (hasta para ponerse malo hay que saber). El trasvase de estas cuarenta y cinco mil personas (la población de Soria) no ha hecho ningún bien a una sanidad que ya está colapsada.
¿Es de verdad un problema que la sanidad pública de toda España vaya a tratar a cuarenta y cinco mil personas más? Muchos pensarán que es un problema menor, hasta que les toque ir a la sanidad y vean que la calidad asistencial es un poco menor para poder llegar a todo el mundo, que el tiempo de espera se ha ampliado y las pruebas diagnósticas no llegan cuando deberían. Porque cuando uno está enfermo, necesita el mejor trato posible, y uno o dos días más de espera son una eternidad. Cuando el consumidor de sanidad pública vea el deterioro, den por hecho de que habrá más de un cabreado que buscará un culpable. Y para encauzar todo ese cabreo aparecerán las famosas mareas blancas, con sus portavoces que, casualmente, son afiliados a partidos políticos de izquierda.
En cualquier caso, el desastre de la negociación con Muface puede que tenga que ver con un cálculo político, o simplemente sean unos pésimos gestores los ministros de Pedro Sánchez.