Esta semana ha acaparado todos los titulares una noticia trágica. Maricarmen, la mujer desahuciada de un piso de alquiler ha muerto. Esta noticia, que debe haber dejado devastados a sus amigos y familiares, ha sido utilizada con fines políticos por unas personas que nunca se preocuparon por ella, pero que, ahora, privatizan el sentimiento y quieren sacar réditos electorales. Aunque la tragedia de esta octogenaria mujer es más compleja de lo que parece, y se une a los fallecidos por el accidente de tren de Adamuz, a los fallecidos por la DANA de Valencia, a los Guardias Civiles muertos en acto de servicio en Barbate y a los fallecidos durante el apagón.
El Estado no funciona y está teniendo un coste, ya no sólo pecuniario, sino también de vidas. Todas las tragedias anteriormente señaladas tienen un factor en común: eran evitables. Y si se produjeron fue porque España se ha convertido en un estado depredador de recursos privados que se usan mal y para fines más políticos que para el bienestar social.
Vayamos desgranando parte por parte estas desgracias que, como digo, son sólo una muestra muy pequeña del coste del estado.
Empiezo por la última, Maricarmen. Contra esta mujer se empezó un periplo judicial hace veinte años, que finalizó en el año 2020 (hace seis) con una orden de desahucio. Si la justicia es lenta, no es justicia. No puede ser que un caso, jurídicamente tan poco complejo, tenga un recorrido judicial de catorce años. Lo que nos indican estos datos son varios aspectos a mejorar: la justicia está colapsada. Se necesitan más medios, más gente y un sistema más eficiente en los tiempos. También se deberían reducir las normativas y las leyes para que tal amalgama de burocracia no provoque lo que se ve en los juzgados todos los días. Sin embargo, al parecer, no hay dinero para la justicia en este país.
Sigamos por el descarrilamiento y posterior choque de trenes de Adamuz. Tras el accidente mortal, el ministro Óscar Puente tardó en decir la verdad, pero al final los datos le obligaron a ello. Las obras de mejora y mantenimiento de las vías de trenes no cumplen con todos los estándares de calidad como a primera vista aparentan. Gastamos más dinero, pero en peores obras. Tampoco funcionan todas las máquinas encargadas de revisar los posibles desperfectos en las vías. Se concluye que no hay dinero para la seguridad de las vías férreas en nuestro país. Quizás sí hay dinero para que el ministro esté en Twitter.
Vayamos con la mayor desgracia que ha sufrido nuestro país en décadas: las víctimas de la DANA. Este caso es especialmente sangrante. Los servicios de alerta no funcionaron con la celeridad que se le presupone a un servicio que debe estar atento ante posibles emergencias. Tampoco funcionó la prevención de estas catástrofes con un cuidado de los ríos, canales e infraestructuras de canalización de agua. Para colmo, los servicios de emergencia tardaron en llegar a algunos lugares afectados más de tres días. El escritor Santiago Posteguillo lo relataba en algunas intervenciones posteriores. Tampoco hay dinero para el cuidado del medioambiente, ni para servicios de emergencia.
Desde que narcotraficantes embistieran, repetidamente, su narcolancha contra la lancha de la Guardia Civil en Barbate, con el resultado de que murieran en acto de servicio dos españoles, han saltado a la palestra numerosas noticias de que la inseguridad campa a sus anchas en algunas zonas de España. Este año han vuelto a morir otros dos agentes en otro operativo. Sindicatos policiales y de las fuerzas de orden de España reclaman más medios, mejores vehículos y mayor protección. Claman desesperados el olvido al que se les ha sometido continuamente en los presupuestos generales. Al parecer, no hay dinero para la seguridad.
Por último, durante el apagón total que sufrimos, un grupo de personas anónimas fallecieron por no disponer de generadores eléctricos ajenos a la red nacional. Unas muertes que. cómo no, ocuparon la portada de periódicos como “El País”. Este apagón se produjo por una red eléctrica politizada y en la que es más importante ser los más “verdes” de Europa, que los que tienen un sistema más seguro. Hay dinero para los sueldazos de Red Eléctrica, pero no para generar una red eficiente para los españoles.
No hay dinero para la justicia. No hay dinero para las infraestructuras. No hay dinero para los servicios de emergencia. No hay dinero para los servicios de prevención de riesgos naturales. No hay dinero para la Guardia Civil. No hay dinero para modernizar la red eléctrica. Y sin embargo estamos batiendo récords de recaudación impositiva, ¿a dónde va el dinero?