Los próximos días vamos a asistir a un sinfín de reuniones y declaraciones de los grupos políticos para alcanzar acuerdos que faciliten las mayorías de gobierno. En aquellas instituciones aragonesas que no haya habido un resultado electoral concluyente los pactos entre dos o más partidos políticos delimitarán el reparto del poder y los compromisos que se deban cumplir a lo largo del mandato. El foco informativo estará puesto en el gobierno autonómico que resulte de estos acuerdos y en las alianzas que sostengan al ejecutivo durante la legislatura. Los nuevos consistorios de las capitales provinciales, y del resto de ciudades de Aragón, suscitarán una atención mucho menor, la excepción serán aquellos ayuntamientos que cambien de signo político y de primer edil. Por último, la constitución de la Diputación Provincial y de las comarcas dejarán de ser noticia una vez conformados los respectivos consejos y se dé por finalizada la designación de los cargos institucionales.
La naturaleza política de las comarcas y de las provincias dificulta el seguimiento de su actividad ordinaria por los ciudadanos. Ello es debido a la débil fiscalización de las iniciativas públicas que se llevan a cabo y al escaso control de la acción de gobierno que realizan los medios de comunicación. Estas administraciones locales están fuera del escrutinio público. Todo lo contrario de lo que ocurre en la administración municipal. La mayoría de los vecinos de los pueblos y ciudades son capaces de formarse una opinión más o menos real de la calidad de los servicios que presta su ayuntamiento y de la valía de los concejales asignados a cada una de las áreas municipales. El pago recurrente de impuestos y los resultados visibles de la acción política mantiene el interés de los ciudadanos por los asuntos locales.
La forma en que se eligen los representantes políticos que luego integrarán los órganos de gobierno de las comarcas y las diputaciones ahonda en el desconocimiento que se tiene de la gestión de estas instituciones. Los votantes escogen a los partidos políticos que quieren al frente de su ayuntamiento y la dirigencia de estos partidos, a su vez, elige de entre todos los concejales y alcaldes electos quienes ocuparán la representación tanto en las comarcas como en las diputaciones. Esta democracia indirecta levanta un muro entre los ciudadanos y la “Política” al desaparecer la relación causa-efecto entre el voto y el representante institucional. La campaña electoral deja de servir para esclarecer quién va a estar al frente de estas responsabilidades porque ni hay candidaturas que se conozcan con antelación ni tampoco programas electorales que contengan los objetivos de los partidos políticos en esos territorios. En las elecciones municipales todos ponen cara al candidato de su partido preferido, todo lo contrario que en las comarcas y las diputaciones provinciales donde nadie conoce quien las va a dirigir con anterioridad a la publicación de los resultados electorales.
Que las instituciones provincial y comarcal tengan una naturaleza política particular y que el sistema de elección de sus representantes arroje serias insuficiencias democráticas ha creado, con el paso de los años, un problema de legitimidad política. Un fallo de diseño en la arquitectura institucional que ha sido aprovechado por la clase política para colonizar las instituciones públicas y politizar su funcionamiento con el único objetivo de maximizar la presencia de los partidos políticos en todo el entramado de la administración pública.
El resultado de esta politización ha sido el deterioro de las relaciones de colaboración que deben existir entre los ayuntamientos, las comarcas y la diputación provincial, un hecho que ha derivado en una fuente inagotable de deslealtades institucionales, en malas prácticas en la prestación de los servicios públicos y en una erosión de la calidad democrática de las instituciones más cercanas. Un juego de intereses en el que el ciudadano, sin saberlo, ha sido el mayor damnificado.
Harían bien los nuevos gestores políticos que han salido de las urnas en limitar el coste que tiene para la sociedad, y en especial para el mundo rural, la politización de las comarcas y las diputaciones provinciales. No sólo porque al hacerlo se está cerrando el paso a los comportamientos oportunistas y a los peores intereses si no porque es la única forma de aspirar a una gestión eficaz, y profundamente democrática, de la administración pública.