En las últimas semanas, se han sucedido una serie de acontecimientos que nos han ayudado a conocer la verdadera dimensión del problema de la vivienda y cómo este se ha convertido en una cuestión de derechos humanos. El detonante fue el desahucio de Maricarmen. Las imágenes del desalojo de una anciana enferma, sacada en camilla de su casa, despertaron la indignación de muchas personas, que canalizaron sus quejas mediante las manifestaciones convocadas por el sindicato de inquilin@s. Esas manifestaciones derivaron en acampadas reivindicativas, y la presión social forzó al Ejecutivo a elaborar unos decretos con medidas urgentes que intentaban dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía. Los decretos fueron rechazados en el Congreso de los Diputados y este rechazo supuso la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.
El desahucio de Maricarmen fue uno más de los miles que se producen anualmente en España. En 2025 se contabilizaron 25.400. De esa cantidad, casi el 75 % afectó a viviendas de alquiler. Pese a que se debatieron diversos decretos para evitar desahucios de hogares vulnerables, las medidas nunca llegaron a consolidarse, por lo que la situación de precariedad permanece, más ahora, cuando está en vigor un decreto que no llegará más allá de la formación de un nuevo Gobierno.
El precio de la vivienda no deja de subir. En 2025, el metro cuadrado de una vivienda alcanzó un precio de 1.902 euros. En Huesca, los datos son más impresionantes: el precio medio del metro cuadrado llegó a los 3.500 euros en junio de 2025. En el caso de la vivienda de segunda mano, en Huesca, en este 2026, el precio del metro cuadrado útil asciende a 2.062 euros. Desde 2016 ha crecido un 74 %.
El precio del alquiler también sigue al alza. En 2024, por ejemplo, los alquileres subieron un 3,5 %. Los nuevos contratos subieron un 8,8 %. Según datos del Informe FOESSA, el 20 % de los hogares con menor renta dedica más del 70 % de sus ingresos al pago del alquiler.
A la vista de estos datos, no puede extrañarnos que 3,4 millones de personas vivan en condiciones de hacinamiento en España o que 1,6 millones residan en hogares que carecen de algún equipamiento básico. En Huesca conocemos a diario casos de familias que, aun contando con ingresos para hacer frente a un alquiler, no pueden acceder a una vivienda, y otras que llevan tiempo cumpliendo con sus obligaciones y pagando las mensualidades son obligadas a abandonar el piso en el que residían u obligadas a comprarlo, algo que queda muy lejos de sus posibilidades económicas.
La situación de la vivienda también está afectando a la emancipación juvenil en España. En la Unión Europea, la edad media de emancipación son los 26,3 años. En España, la media sube a 30,2. Y los jóvenes saben que, para dejar la casa familiar, la única salida es compartir piso. Según el Consejo de la Juventud de España, una persona joven asalariada tendría que dedicar el 98,7 % de su sueldo neto al alquiler de una vivienda si quisiera vivir sola.
En este contexto, no podemos olvidar la presencia de millones de viviendas vacías y la falta de acceso a otras por estar destinadas a uso turístico.
Por contra, España tiene una oferta deficiente de vivienda pública y de alquiler social. No supone más que el 3,5 % del total de los hogares, mientras que la media de la Unión Europea es del 9 %.
Todos estos datos reflejan la gravedad de la crisis de la vivienda y cómo los poderes públicos están incumpliendo su deber de garantizar el acceso a una vivienda digna, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diversos tratados internacionales y la Constitución española de 1978. Desde Amnistía Internacional afirmamos que "garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada exige medidas estructurales que amplíen la vivienda pública y asequible, protejan a los hogares en situación de vulnerabilidad y eviten que los desalojos dejen a las personas sin una alternativa habitacional adecuada". En concreto, estas son algunas de las medidas que proponemos:
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Agilizar la financiación prevista para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
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Garantizar, mediante la legislación necesaria, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y estipular una limitación temporal a la subida interanual de los contratos.
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Incluir los contratos de alquiler de habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como regular los alquileres temporales y de habitaciones para endurecer sus condiciones.
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Incrementar las ayudas de emergencia para vivienda, sobre todo para personas en procesos de desalojo.
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Incrementar la financiación para ampliar el parque de vivienda social.
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Dada la urgencia de la situación, aplicar fórmulas que sean más ágiles que las de construir nuevas viviendas, priorizando la adquisición de viviendas ya existentes, usando el tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas.
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En Amnistía Internacional también pedimos al poder judicial que los desalojos no den lugar al sinhogarismo, condicionando la ejecución de los lanzamientos a la existencia de una alternativa habitacional adecuada o a la garantía de ayudas públicas que permitan mantener la vivienda actual o acceder a otra.
Desde Amnistía Internacional hemos organizado una recogida de firmas con el lema "Yo quiero vivir en un país donde todo el mundo pueda tener una casa digna". El detalle de la campaña puede encontrarse en este enlace:
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/el-pais-donde-quiero-vivir-vivienda/