El nombramiento hace escasas semanas de un directivo sin experiencia para desempeñar funciones de gestión en un hospital de la comunidad autónoma sigue causando perplejidad en la comunidad sanitaria aragonesa. La polémica ha saltado a la arena política al hacerse público que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha seleccionado a un candidato que carece de la trayectoria profesional esperable en una responsabilidad de esta importancia.
Esta designación encaja difícilmente con el compromiso manifestado repetidamente por el gobierno aragonés de mejorar la sanidad pública, especialmente en los centros periféricos, y es sintomático de una dolencia previa: la preferencia por los perfiles “de partido” en las escalas directivas del sector público autonómico.
Es necesario subrayar que este nombramiento no es un error de evaluación de un currículum laboral ni tampoco un hecho inusual que sorprenda a quienes conocen los entresijos de la política aragonesa. Esta designación es el último ejemplo del abuso con que ejercen los gobiernos la potestad para nombrar a los cargos públicos cuando acceden al poder. Una prerrogativa del órgano ejecutivo que ha posibilitado la normalización de una relación laboral a caballo entre la función pública y el ejercicio de la política, y que aplicada al extremo ha provocado la multiplicación de los cargos de confianza y de los puestos de libre designación en todo el entramado institucional del Estado, desde los Ayuntamientos hasta la Administración Central pasando por las Comunidades Autónomas.
Cada vez más estudios académicos evidencian la relación que existe entre la promoción laboral por la vía discrecional, o como se dice comúnmente “a dedo”, y el deterioro del área de la administración pública correspondiente. La naturaleza política de esta modalidad de acceso a los puestos directivos se ha convertido en una fuente inagotable de ineficiencias y una amenaza para el funcionamiento de la administración pública. La teoría económica nos recuerda a este respecto que cuando no se dan las condiciones para la excelencia en el espacio de trabajo, entre ellas la correcta selección de los superiores, el resultado es un empobrecimiento de las competencias directivas y un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos.
A estos efectos indeseados en cualquier organización se suma una más que probable caída del rendimiento laboral de los empleados públicos y un deterioro del entorno de trabajo. De hecho, esta modalidad de intrusismo político suele generar una atmósfera laboral de sospecha y recriminación hacia las personas que ostentan el cargo público, cuestionándose su ejemplaridad en términos de mérito, capacidad y vocación de servicio.
En todo caso, el efecto más perjudicial de este tipo de selección de los cuadros directivos “a la política” es la expulsión de los perfiles más capacitados y con mayor talento de los cargos de responsabilidad de la administración, tanto si estos potenciales candidatos integran las filas del sector público como si son profesionales del sector privado que quieren redirigir su carrera hacia la administración.
Los nombramientos con aval político ahuyentan a los perfiles meritocráticos de las responsabilidades ejecutivas en el sector público. Esta migración del talento hacia el sector privado, hacia otras comunidades autónomas o incluso hacia el extranjero, está provocando una descapitalización crítica de la administración pública aragonesa, haciéndola menos innovadora y resolutiva.
Anunciar el compromiso político de formar un gobierno integrado por los “mejores”, basado en perfiles cualificados y reputados en cada área de la gobernación, no es más que un brindis al sol si esta pretendida excelencia no se traslada a todos los escalones inferiores del organigrama de un departamento u organismo, sobre todo cuando estos niveles de personal, por debajo de consejeros y directores generales, son los que sostienen el día a día del aparato de la administración pública.
Para el votante más ingenuo, resida en Calatayud o en cualquier otro lugar de Aragón, esta desafortunada política de fichajes del gobierno aragonés le parecerá un capítulo más de la batalla partidista con que nos tienen acostumbrados los partidos políticos, pero para el ciudadano de a pie, preocupado por las listas de espera y por los médicos especialistas, este episodio será otro ejemplo más del deterioro de los servicios públicos de competencia regional.