“Más vale tarde que nunca” reza el refrán, pero ¿es justicia aquella que llega tarde? Aunque los juzgados tengan su propio tempo, cumpliendo todas las garantías procesales, no es ningún secreto que la justicia en España va lenta. De todos los problemas económicos que están asociados con esta característica, hay uno que ha saltado a la palestra hace unas semanas: la resolución de la inconstitucionalidad del Impuesto de Patrimonio.
Pedro Sánchez decidió modificar la normativa impositiva en los presupuestos del 2021 y transformó en permanente el Impuesto sobre Patrimonio. Este movimiento, como mínimo, es debatible, ya que incumple ciertos reglamentos y, sobre todo, el decoro parlamentario. A esta jugada le siguió un recurso en el Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular que fue admitido en abril del 2021. Desde entonces, hasta hoy, los contribuyentes españoles han tenido que pagar religiosamente. De estos hechos han pasado ya más de cuatro años, y hace unas semanas, se ha anunciado que este asunto podrá ser debatido, si todo va bien, en el primer trimestre del 2026. Es decir, habrá una sentencia CINCO AÑOS después de que este asunto llegara al Tribunal Constitucional.
Sólo hay dos posibilidades, que el alto tribunal dicte que la jugada de Pedro Sánchez y María Jesús Montero era constitucional o inconstitucional, y ambos resultados son negativos para la economía española.
Lo primero, tanto si es constitucional, como si es inconstitucional, el mayor problema reside en la inseguridad jurídica. Los contribuyentes españoles, las inversiones extranjeras y los movimientos de capitales han estado sujetos a una normativa en debate durante, como mínimo, cinco años. Si a una persona no le gusta la incertidumbre ¿creen ustedes que a las grandes fortunas les atrae esta situación? Numerosas transacciones económicas se han visto afectadas, de manera negativa, en este lustro. Generación de economía, puestos de trabajo y beneficios empresariales se han ido por el sumidero, por la lentitud de la justicia española.
¿Qué ocurrirá si el alto tribunal afirma que esta jugada es constitucional? Para poder reclamar el impuesto pagado, muchos contribuyentes, tras abonar el dinero, habrán puesto reclamaciones tanto en la justicia como en Hacienda, que han acaparado recursos (tiempo y dinero) de una administración pública vetusta y atascada. Tiempo y dinero que podrían haberse focalizado en otras áreas más necesarias. A su vez, esto permitirá que el Gobierno (cualquier gobierno) genere impuestos nuevos sin pasar por el parlamento. Lo que hará más opaca la política fiscal, permitiendo a los malos gobernantes cubrir con un espeso velo su gestión económica. Y si la gente quiere ocultar algo, y más los servidores públicos, es porque no es bueno para los contribuyentes.
¿Qué ocurrirá si el alto tribunal afirma que esta jugada es inconstitucional? El mal uso de los recursos anteriormente citados, no habrá servido para nada, porque por el simple hecho de haber presentado esas reclamaciones, a pesar de haber sido denegadas por Hacienda, servirán para que los contribuyentes pidan la devolución de su impuesto. Es decir, en el 2026 empezará una catarata en los juzgados de personas exigiendo su dinero al Estado, un dinero que ya ha sido gastado en estos años. En otras palabras, los presupuestos para 2027 (o los que se consigan aprobar), tendrán una partida importante destinadas a devolver el dinero a esas personas, lo que mermará la capacidad del Gobierno central para políticas más importantes.
La justicia siempre ha sido lenta, y no es de extrañar que se tarden cinco años en sacar esta resolución, pero aquí surge otra pregunta. El Tribunal Constitucional está presidido por Cándido Conde-Pumpido, un magistrado afín a Pedro Sánchez, y muchas de las resoluciones que ha sacado han ido en beneficio del PSOE. ¿Podrían haber atrasado esta resolución al final de la legislatura por si gana el PP las próximas elecciones y que se “coma” la devolución para con ello atarle más de pies y manos en su política económica? El mero hecho de que se pueda suscitar esta pregunta demuestra lo mal que está la justicia española. Y si no podemos confiar en la justicia, ¿creen que los inversores lo harán?
Si la justicia es lenta, no es justicia.