Diversas normativas de ámbito internacional y nacional reconocen el carácter fundamental del derecho a la vivienda: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de 2000 y el artículo 47 de la Constitución Española.
Sin embargo, el derecho a la vivienda ha sido vulnerado de manera reiterada a lo largo de los años en España. Y ha sido así porque no se ha considerado la vivienda como un derecho humano esencial, sino como un bien de consumo y de inversión. La consecuencia la sufren a diario las personas que necesitan un cobijo, pero de manera más sangrante, aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables: personas con bajos ingresos económicos, inmigrantes, jóvenes que quieren emanciparse, …
El último Informe FOESSA destaca que en España 4, 6 millones de hogares sufren dificultades para el acceso y el mantenimiento de la vivienda. El 20% de los hogares con menor renta dedican más del 70% de sus ingresos a pagar el alquiler.
En estas circunstancias el citado informe asegura que el riesgo de exclusión social por problemas vinculados a la vivienda asciende al 30% de las familias que viven en régimen de alquiler. Otros datos que ilustran la gravedad de la situación: los tres millones de personas que utilizan formas precarias de vivienda (prestada, realquilada, ocupada o con aviso de desahucio), los tres millones y medio que viven en condiciones de hacinamiento, los casi dos millones que residen en viviendas carentes de algunos equipamientos básicos, o el millón y medio de personas con movilidad reducida que viven en casas con barreras arquitectónicas.
Desde 2016, la vivienda en alquiler ha subido un 86,4%. En este contexto de dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna, en el año 2024 los desahucios aumentaron un 3,39%, rompiendo así una tendencia a la baja sustentada en el llamado “escudo social”, que establecía una moratoria para los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad. Esta medida evitó casi 60.000 desahucios en sus primeros cuatro años de aplicación. Pese a que este escudo social se mantiene, siguen produciéndose unos 70 desahucios diarios.
Entre los colectivos más afectados por esta crisis de vivienda está la población joven. Solo un 15% se emancipa, y una de cada tres personas que lo consigue, lo hace compartiendo piso. La edad media de las personas que alquilan una vivienda compartida ha subido hasta los 34 años.
También destaca la realidad de la población inmigrante, que se enfrenta a la problemática estructural que acabamos de describir, con la agravante de restricciones y prejuicios de carácter xenófobo.
Durante muchos años, diversas entidades, entre ellas Amnistía Internacional, reclamaron una Ley de Vivienda y trasladaron al Gobierno de España una serie de recomendaciones específicas. La nueva ley debería:
• Definir la vivienda como un derecho humano
• Establecer la obligación de disponer de un parque social de viviendas
• Garantizar una vivienda alternativa a las personas desalojadas
• Obligar a recopilar datos estadísticos sobre las personas que han perdido su hogar
• Permitir reconsiderar una orden de desahucio si se dieran circunstancias especiales de vulnerabilidad.
• Establecer un mecanismo de control de precios de las viviendas de alquiler
Pese a que en mayo de 2023 entró en vigor la Ley Estatal de Vivienda, no se recogieron todas las recomendaciones anteriores. La realidad es que la situación no parece haber mejorado en lo esencial. La ley contempla el control en los incrementos del precio del alquiler, el aumento de la oferta de vivienda social y la protección a las personas vulnerables, pero su aplicación ha sido desigual por parte de las diversas comunidades autónomas, creando situaciones de incertidumbre.
De hecho, la ley no garantiza una vivienda alternativa a las personas desahuciadas. Tampoco hay suficientes viviendas sociales para cubrir las necesidades urgentes de la población más vulnerable. En España la vivienda social supone el 2,5% del total de viviendas, cuando en muchos países europeos alcanza el 15%. Y no hay que olvidar el inmenso censo de viviendas vacías: 3, 8 millones, según datos de 2023.
La ley ha supuesto un avance significativo, pero no parece haber conseguido lo que debería haber sido su objetivo prioritario: blindar el carácter social de la vivienda.