Las normas legales, para ser más eficaces, deberían ir adaptándose, constante y de manera participada, a las nuevas realidades, anticipándose a los distintos problemas, cuando sea posible, y tratar de ir corrigiendo cuantos errores sean detectados.
La democracia es necesaria construirla cada día, no debería ser entendida nunca como un final con parada definitiva de un proceso político. Un Estatuto de Autonomía tampoco.
40 años, y con varias reformas ya a sus espaldas, son los que Aragón lleva recuperando parte de su autogobierno político arrebatado a lo largo de su historia.
Por este motivo, justo cuando se aproximan las fechas del mes de agosto en las que se conmemora su aprobación en 1982, sería necesario aprovechar la ocasión, además de para valorar los aciertos y carencias que se han producido durante todo este periodo, para abrir un nuevo proceso abierto, global y socialmente compartido, para plantearnos, proyectar y construir el mejor futuro posible para esta ley, esencial para regir la acción política aragonesa en las próximas décadas.
Es necesario iniciar este debate para poder tomar las decisiones políticas necesarias ante los diversos retos de futuro que tenemos.
Uno de ellos, sin el que ninguno de los demás podrían ser afrontados, es “blindar” nuestro derecho y capacidad de autogobierno. A las reticencias habituales de los partidos que tienen su sede en Madrid, en todo lo relativo a ir avanzando en proceso de cogobernanza y autogobierno, se ha unido ahora lo que hasta la fecha no habíamos tenido, al menos de una manera tan directa y peligrosa. Una amenaza política parlamentaria que pretende emprender un camino de vuelta, una involución distópica hacia un modelo centralista por parte de quienes enarbolan la “bandera del negacionismo” en toda su acción política, también contra el derecho a disponer de unas instituciones aragonesas.
Garantizado nuestro derecho a un gobierno propio, deberíamos ser capaces de saber utilizarlo para afrontar todos y cada uno de los retos del futuro más inmediato que tenemos como sociedad.
Uno de estos desafíos pasa por actuar, decididamente, contra los desequilibrios territoriales y sociales. Adoptando cuantas medidas sean necesarias para afrontar las consecuencias del cambio climático que ya estamos padeciendo.
El Estatuto nos debe permitir avanzar hacia un país más sostenible, digital e inclusivo, asegurando los nuevos derechos de estos tiempos, que ni se imaginaban allá por los años ochenta del siglo pasado.
Derecho a una movilidad sostenible, a una conectividad para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan, con un marco normativo aragonés que apueste por la inclusión social en todos los ámbitos sociales.
Dotarnos de un poder político para disponer de un sistema energético que no arrase nuestro territorio, ni dilapide nuestros recursos, derecho al paisaje. Aprovechar lo que se produce aquí, con una empresa aragonesa pública, capaz de gestionar todas nuestras posibilidades, como debería ocurrir con la reversión de los saltos hidroeléctricos, por ejemplo. Igualmente el derecho a nuestra cultura e identidad, a nuestras lenguas, que sigue sin garantizarse.
Necesitamos asumir las competencias pendientes desde 2007. Debemos alcanzar una norma básica estatutaria aragonesa que nos dote de los suficientes recursos económicos, con inversiones adaptadas a nuestra realidad territorial, tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en el sistema de financiación, sin olvidar nuestra Hacienda Foral, con la actualización de nuestros Derechos Históricos. Sin dotación de fondos todos los planes políticos son meros deseos. Son imprescindibles más recursos para mejorar las infraestructuras, reforzar el sistema público sanitario, educativo y social y apoyar al tejido productivo aragonés.
Si somos capaces de aprobar y desarrollar todas estas propuestas, lograremos que la ciudadanía perciba que el autogobierno es capaz de hacer mejor su vida diaria. Estaremos reforzando el aragonesismo, ese sentimiento político necesario para mover, ahora y en el futuro, todas las palancas necesarias para ir acordando estos cambios estatutarios.
Nadie de fuera vendrá a resolver nuestros problemas, ni a mejorar nuestra capacidad de autogobierno. Así que debemos ocuparnos y preocuparnos aquí de conseguir mejorar la vida diaria de todas las personas que viven en Aragón. Solo con un Estatuto propio, capaz de afrontar decididamente todos nuestros retos de futuro, será posible