El mecanismo de topar el precio del gas, (Decreto 10/2022) introducido por el Gobierno de Espana, Portugal y el visto bueno de la Comisión Europea no deja de ser una contradicción en sí mismo. Todos nos preguntábamos quién "pagaría la fiesta”. La respuesta es la de siempre: los consumidores de energía, es decir, todos los ciudadanos.
Lo que hace el Decreto 10/2022 es por un lado limitar el coste del gas a las empresas que producen electricidad con esta energía. Esto, lógicamente da un menor precio de generación. Al mismo tiempo, el Decreto endosa esa rebaja artificial a todos los consumidores de electricidad en función de sus consumos. Crea un nuevo concepto en la factura, que los usuarios comprobarán en su factura desde junio, “tope de gas R.D. 10/2022”. Esto da como resultado que las facturas de electricidad se han vuelto a incrementar de forma sensible poniendo en serios aprietos a muchos sectores de nuestra economía que no pueden repercutir estos costes a sus productos.
El Gobierno no lo hace a propósito pero ciertamente en el sector energético están dando palos de ciego. Ninguna de las medidas propuestas y puestas en marcha están dando solución al grave problema del precio de la energía.
Para mayor contradicción Francia está aprovechando para realizar compras masivas de energía en Espana beneficiándose del menor precio del mercado y lógicamente no pudiéndoles repercutir el coste con el denominado tope de gas. Hemos pasado de exportar de 350.743 MWh en junio de 2021a 850.000 MWh en junio de 2022. Un 142% de aumento y repercutiendo los costes del “tope de gas” en la factura de los consumidores españoles. Todo un despropósito.
La solución al problema no es fácil porque afecta a los mercados internacionales y a la fijación del precio de la electricidad en base al precio del gas y de los bonos de emisión de carbono. Todo por la denominada transición energética. No se nos explicó el coste que esto iba a tener para nuestros bolsillos.
No basta con desear una transición energética sino que se deberían haber evaluado los costes asociados. El quebranto económico a miles de familias y empresas es de proporciones excesivas. Tanto que Alemania está comenzando a reabrir centrales de carbón, Francia sigue adelante con su proyectos nucleares y abre una nueva línea para micro-reactores…
El impulso al auto consumo de energía fotovoltaica dado por el Gobierno, tras la eliminación del denominado “impuesto al sol”, supone una ventana de esperanza para reducir de forma importante nuestra factura energética hasta un 50%. Aunque esto no es suficiente.
El Gobierno debería mirar a países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Alemania donde las condiciones para el auto consumo son más atractivas que nuestro país. Han suprimido algunas restricciones. Han rebajado la potencia máxima para poder verter a la red en régimen de compensación, de 100 KW a 1000 Kw, han aumentado la distancia para plantear instalaciones en régimen compartido… u otros como EEUU que tienen el denominado “balance cero” donde reciben un precio idéntico de la energía que inyectan a la red, del auto consumo, como de la que compran en la misma red.
Las decisiones en política son difíciles pero no pueden ser confusas. Hoy vemos cómo muchos empresarios se están planteando abandonar totalmente el suministro de red y convertirse en islas energéticas (miles de islas energéticas) con instalaciones de generación aisladas. Para ello necesitarán fuentes de energía de origen fósil además de las renovables. Es decir, todo el proceso de transición energética se puede venir abajo ante la incapacidad de ofrecer unos precios viables.
Quizá de ello dependa la subsistencia de sus negocios ya que con excepción ibérica o sin ella la energía en el siglo XXI se ha convertido en un factor clave en los costes de producción.