Para la gente de Derecho, entre la que me honro en pertenecer, y para la ciudadanía en general, la anunciada amnistía que plantea el gobierno en funciones, tras el resultado de las elecciones generales del pleno verano pasado, resulta de muy difícil comprensión y menos de aceptación. No es preciso andar a diario con leyes y sus consideraciones para recordar que los indultos generales están expresamente prohibidos en la Constitución, para deducir con mayor motivo que no cabe en la normalidad democrática una amnistía. No se trata de ningún cambio de régimen o de sistema político: es el mismo gobierno el que la pretende, en su propia continuidad en el poder. La amnistía es ilegal, lo niegue y así diga Zapatero, Bolaños, Agamenón o su porquero. Por cierto, lo ha recordado mayoritariamente el Consejo del Poder Judicial, entre muchas otras voces autorizadas.
Decir que se trata de una ilegalidad manifiesta es afirmar y defender el Derecho, el llamado imperio de la ley, como forma de seguridad de la ciudadanía, reducir o eliminar la arbitrariedad o la tiranía y garantizar la convivencia donde quepa todo el mundo. Recordar su ilicitud no es más que decir exactamente lo mismo que han venido diciendo las personas cercanas al gobierno, antes de las elecciones, y que ahora se desdicen. “Cambian de opinión”, se llama ahora a mentir, justo por interés y conveniencia de aferrarse a los sillones del poder. No decimos nada nuevo, repetimos lo que antes ellos mismos dijeron.
La entronización sibilina y gradual de la amnistía, en la opinión pública, es para nota. Vaselina perfumada. Desde la fecha electoral en plenos calores, donde nunca se habló de amnistía, o más bien se negó, a la prolongada ausencia de vida en el Congreso, donde su presidenta, la señora Armengol ha venido actuando como delegada del gobierno, a los sucesivos viajes a Bruselas de muy altos protagonistas, pactar con un huido de la justicia por graves delitos, pertinaz propagandista antiespañol en Europa, parece una manera de reírse y despreciar al pueblo español tratándolo de tonto.
Y aparecen supuestamente otros beneficiarios en el viaje, como la familia Puyol, de donde arranca la crecida del veneno nacionalista, el abogado de Puigdemont, o los delitos de los violentos cortes de autopistas y trenes, y demás algaradas y tantas cosas de las que las videotecas y hemerotecas son abundantes testimonios fehacientes. La ley del embudo sigue vigente, nadie se engañe.
No me sirve que a la fecha de hoy no haya un texto presentado en el Congreso, siempre por la vía semitramposa del atajo. Llevan tiempo mareando la perdiz los mismos que se quejaban de dilaciones.
No hay razones que parezcan convincentes para justificar esta situación. Ni el gobierno progresista (palabra huera), que al fin es lo que ha habido del actual gobierno; ni la manida “convivencia”, que hace pensar para qué sirvieron y hubo tantos indultos y tantos retoques al Código penal por intereses de los afectados, rayando decisiones políticamente prevaricadoras. Parece que no sean capaces de recordar la importancia de la democracia, la que supone el respeto a la ley y a la convivencia, a los resultados electorales, a la alternancia en el poder, a la lealtad constitucional, a la protección de las minorías, al imperio de la Ley.
Todo ello por una política de muy estrechas miras basada únicamente en criterios de muy escaso corto plazo. Pan para hoy, o para esta tarde, hambre para mañana. Da la sensación que por mera conveniencia de continuidad en el gobierno se vende la impunidad de la propia clase política interesada, la que dispone de la llave de esa continuidad. El derecho marca límites, cosa que desde la audaz psicopatía política se suele ignorar con frecuencia, por simple beneficio y provecho político.
Grave es el desprecio a las sentencias judiciales y a todo el poder judicial del Estado, judicatura tratada de “cloacas del Estado” al decir del pujolista huido en un capó cuando era todavía representante del Estado en Cataluña. Graves desprecios a todas las instituciones: a todas. Grave y sonrojante desprecio para los propios votantes socialistas que no sabían lo que se les venía encima, tras tanta propaganda de embellecimiento, con la abundancia de medios a su interesado servicio, donde aún creen en lo de buenos y malos.
Si quieren una razón convincente, la única que encuentro, que digan, siguiendo a Maquiavelo, en su obra del “Príncipe”, que esto se hace y dicta simple y llanamente, porque así se manda y así conviene al príncipe, que esto es un mero asunto de poder, sin ninguna otra consideración. Y el que dicta, dictador, aunque crea que es quien reparte los carnets de demócrata y de la corrección políticamente correcta.