Este mes se ha aprobado el nuevo modelo de financiación autonómica. Desde que se comenzó a debatir ha estado rodeado de críticas y polémicas, pero quizás la que más desapercibida ha pasado ha sido el fondo climático.
Los modelos de financiación autonómica han tenido siempre un único objetivo: que todo ciudadano español disfrute de la misma calidad de servicios públicos básicos en cualquier lugar del país. En otras palabras, que regiones pequeñas como La Rioja o Cantabria, o pobres como Extremadura, no tengan una atención pública peor simplemente porque no han podido obtener los recursos necesarios. Para eso desde el Ministerio de Hacienda se calcula la capacidad de generar recursos de las administraciones y el coste de dichos servicios públicos. Hasta hace unos años el debate estaba en cómo calcular ese coste. Las regiones más pobladas decían que por población (Madrid y Cataluña), las más grandes por territorio (Castilla y León y Andalucía), las despobladas pedían que se tuviera en cuenta el hándicap de dar servicio a poca población en mucho territorio (Aragón) y las islas que el coste de no estar en la península incrementaba el desembolso que debían realizar. Y ese debate era lícito ya que ponía sobre la mesa variables socioeconómicas que afectan a los servicios públicos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte han ido apareciendo otras cuestiones de carácter político que provocan que este modelo lleve caduco más de una década: los casos más evidentes son los de Cataluña y Andalucía con sus reclamaciones de “deuda histórica”.
En el nuevo modelo aprobado hay una partida que ha llamado mucho la atención y que no ha contentado ha nadie: el fondo climático. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha calculado que el coste del cambio climático es de 1.000 millones de euros al año, por lo que se debe incrementar la financiación autonómica en la misma cantidad, pero 2/3 deben ir para las regiones mediterráneas (Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y las Islas Baleares) y 1/3 para el resto.
No entraré en el debate del objetivo del fondo, sino que me centraré en temas puramente económicos:
1) El cálculo de los 1.000 millones lo ha decidido unilateralmente el Ministerio de Hacienda. No indican si se basan en series históricas de gasto, en proyecciones de impacto económico o cualquier otro instrumento financiero. Sólo han decidido que esta cifra tan redonda es el coste anual del cambio climático en España.
2) ¿Por qué dos tercios del fondo van a las regiones mediterráneas? Como no han explicado el calculo de los mil millones, tampoco se entiende que la gran mayoría vaya a las comunidades mediterráneas. Según tres informes del Ministerio de Transición Ecológica esas regiones son las más afectadas, pero más allá de esa evidencia, ningún artículo académico, investigador o asociación medioambientalista defiende este reparto tan desigual.
3) El reparto no se hace por territorio, sino por población ajustada. Si el cambio climático afecta al medio ambiente, lo lógico sería invertirlo en función del territorio al que hay que proteger. Al hacerlo por población ajustada las regiones más beneficiadas son: Cataluña, Cantabria, Baleares, Madrid y Canarias. Teniendo en cuenta que dos tercios van a las Comunidades Autónomas con costa mediterránea, las más beneficiadas son las Islas Baleares y Cataluña.
4) Este fondo no está sujeto a que las Comunidades gasten o inviertan dinero contra el cambio climático o en la lucha por reducir el impacto humano en la naturaleza.
Con todo esto, parece que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha sacado de la manga una herramienta para que en el nuevo modelo de financiación autonómica Cataluña tenga un activo que disminuya su aportación al sostenimiento de los servicios públicos del resto de las regiones. Lo más triste de todo es que los partidos regionalistas y nacionalistas catalanes no se han quedado contentos porque no es la foralidad esperada, y el resto de regiones han perdido financiación proveniente de la segunda región más rica de España. El “Gobierno más progresista de la democracia”, como ellos se llaman, ha puesto en pie un modelo regresivo, quitando a las regiones más pobres y dando a las regiones más ricas.