La concatenación de acontecimientos que va desde la llegada de miles de inmigrantes magrebíes y subsaharianos a Ceuta hasta la designación de un mando único para agilizar la solución de la crisis se recordará como uno de los mayores fracasos de la política española en la historia reciente: un Gobierno inmerso en una crisis de alcance internacional que demuestra una improvisación pavorosa en el manejo de los tiempos y en la gestión de la situación política y humanitaria. Y un mes después, ahí seguimos instalados.
Los acontecimientos, retransmitidos por cientos de ceutíes a través de sus teléfonos móviles, son extraordinariamente negativos para los intereses del país por varios motivos:
Deja al desnudo a un Gobierno que, en la fase más crítica de la crisis, estaba ausente e incluso enfrentado sobre cómo afrontar la gravedad de la situación. O directamente de vacaciones. El cruce de informes contradictorios, las acusaciones y los señalamientos entre las carteras de Interior y Defensa son reveladores de la falta de mando y de estrategia del Ejecutivo para resolver la crisis.
Deja tocado al Estado. La capacidad y velocidad de reacción del “aparato estatal” ante un desafío como el vivido en Ceuta subrayan la debilidad del propio Estado para hacer frente a situaciones de crisis que afectan directamente a la seguridad y a la integridad territorial. En todo momento, el Estado ha respondido como si estuviera en una misión humanitaria en un país lejano, y no como si tuviera la obligación de defender el ordenamiento constitucional en Ceuta.
Deja por los suelos la imagen internacional de España. La presencia continuada de un improvisado campamento de inmigrantes, más propio de una situación de guerra o de emergencia humanitaria, ha dado la vuelta al mundo. La tardanza en proporcionar una respuesta ordenada y digna a todo este contingente de personas vuelve a poner de manifiesto la incapacidad del Gobierno para anticiparse a los acontecimientos y ofrecer una respuesta eficaz cuando las circunstancias lo exigen.
Deja malherido el mensaje que este Gobierno ha hecho de la defensa de los derechos humanos y de la protección de los refugiados. Que ningún miembro del Ejecutivo haya señalado a Marruecos como causante de esta crisis, denunciando la falta de dignidad del Estado magrebí con su rey al frente, es revelador de la hipocresía instrumental del Gobierno con sus propias banderas. Porque una cosa es defender los derechos y otra muy distinta estar preparado para protegerlos cuando la realidad desborda los discursos y exige medios, organización y capacidad de respuesta. En España, obviamente, pero también fuera de nuestras fronteras, señalando al autócrata -a todos ellos- como responsable de la desesperanza y el terror que sufren sus propios conciudadanos.
Y deja, finalmente, una pregunta mucho más inquietante: ¿qué ocurrirá a partir de ahora, vista la incapacidad con la que el propio Estado actúa ante los conflictos internacionales y los retos humanitarios que acechan por el horizonte? La crisis de Ceuta no solo ha puesto de manifiesto la falta de previsión de un Gobierno; ha mostrado, ante propios y extraños, hasta qué punto puede quedar paralizado un Estado cuando quienes tienen la responsabilidad de dirigirlo son incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué está ocurriendo, quién debe actuar y cómo hacerlo.