Uno de los valores superiores de las sociedades avanzadas -y tal vez el más sublime- es la libertad. La propia democracia se sustenta en la capacidad para actuar por voluntad propia, un principio que se manifiesta especialmente en la capacidad de elección entre las diferentes alternativas que constituyen el marco social y político del Estado.
Dentro de sus múltiples acepciones y contextos, la libertad adquiere una dimensión sobresaliente cuando atañe a la expresión de las opiniones personales o colectivas. Para ese ejercicio, los medios de comunicación representan un papel fundamental en una triple dimensión. De ellos se espera al tiempo un relato objetivo de los hechos y, como es obvio, una línea editorial que los interprete o los matice. En tercer lugar, son el cauce idóneo para que la propia sociedad se haga oír y asuma el protagonismo que le concede la convivencia democrática. Por todo ello, debemos felicitarnos por contar con una nueva cabecera informativa a la que deseamos el mayor de los éxitos.
En España, y en tiempos muy recientes, ha habido muchos, demasiados héroes por la libertad. Durante estos días hemos vuelto a levantar nuestras manos blancas, posiblemente el mayor mensaje de un pueblo que se negaba a doblegarse ante la violencia y el crimen de quienes pretendían arrebatar ese derecho. En el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, es más necesario que nunca recordar que hubo una época, en una nación plenamente democrática, en la que se perdía la vida por defender la libertad.
Si bien la libertad puede ser expresada en valores absolutos --se tiene o no se tiene-- en muchas ocasiones puede verse limitada por circunstancias ajenas a una voluntad propia. En la provincia de Huesca, encontramos un ejemplo perfecto de esa restricción en los habitantes de nuestro mundo rural. Cabría preguntarse si la decisión de vivir en un pueblo o no hacerlo es totalmente libre o se ve condicionada por una realidad que escapa de su control.
En el Alto Aragón de Huesca asistimos a la continua amenaza que sufren nuestros pueblos. La lucha contra la despoblación ha terminado por revelar el auténtico significado que tiene para algunos, que aplican medidas que no solo no frenan el sangrado de nuestras comarcas, sino que lo fomentan. No se puede construir una retórica sobre el carácter vertebrador de las comunicaciones para, finalmente, eliminar 40 paradas de autobús en la provincia y amenazar sus servicios ferroviarios. Es imposible convencer a alguien para que permanezca en su municipio si el gobierno clausura la consulta médica y no garantiza un transporte inmediato en ambulancia. No hay modo de fomentar el turismo, uno de nuestros grandes valores, ignorando sistemáticamente el sector de la nieve, donde se han tomado decisiones contradictorias que han hecho tambalear una industria fundamental en nuestra provincia, para la que ahora se rescatan proyectos paralizados durante años como compensación por el fracaso olímpico.
A todo esto hay que sumar una serie de decisiones contrarias al sector primario: ataques directos a nuestra ganadería; la nueva PAC; retrasos injustificados para la tramitación y permisos de nuevas explotaciones; y una política hidráulica sin horizonte.
Y ahora vemos como el Sr. Lambán nos receta una píldora para, supuestamente, luchar contra la despoblación. Hablamos de una insuficiente Ley de Dinamización del mundo rural que deja fuera de las medidas de fiscalidad diferenciada al 91 % de la población altoaragonesa y excluye municipios como Frajen, Ilche o Argavieso. Pretender calmar al enfermo cuando eres el máximo responsable de provocar su fiebre no parece razonable.
Ante esta realidad, es necesario un cambio de rumbo, donde el legislador esté obligado a tener en cuenta la perspectiva rural antes de aprobar las normas, con medidas que cuenten con presupuesto suficiente y, sobre todo con una gestión de los servicios que garantice la libertad de los hombres y mujeres que pueblan nuestro territorio.