La improvisación sólo funciona en el jazz. Cuando una persona debe improvisar es sinónimo de que la planificación ha fallado. En la vida privada, improvisar no es extraño, la vida es imprevisible, pero en el resto de facetas la improvisación debe ser mínima. Improvisar suele salir siempre mal. Significa que se han usado mal los recursos y los resultados que se logren serán, si todo va bien, mediocres.
El gobierno de Pedro Sánchez ha estado improvisando constantemente generando miles de quebraderos de cabeza a los españoles. La última de las improvisaciones ha tenido lugar esta semana y las consecuencias la van a pagar (o las han pagado) los autónomos.
Contexto. El gobierno, desde su llegada al poder tras la moción de censura a Rajoy motivada por una posible corrupción del PP (vaya ironía de la vida), ha ido cercenando la libertad empresarial a los autónomos. Desde hace unos años el gobierno justifica este ataque para luchar contra el fraude fiscal. Una de las regulaciones que han creado y han impuesto es la facturación electrónica obligatoria para que la AEAT sepa la facturación en detalle de todas las empresas. Esta facturación se ha centralizado en un programa llamado Veri*factu, un programa informático específico y no muy intuitivo. El incumplimiento de la nueva regulación estaba penado con multas de, como mínimo, 50.000 euros. Ante tal panorama, las empresas y los autónomos se han puesto las pilas y han invertido tiempo y dinero, recursos muy limitados, en cumplir con la normativa del gobierno.
En un principio esta normativa iba a entrar en vigor el 1 de julio del 2025, pero ampliaron el plazo hasta el 1 de enero del 2026 para dar más margen de actuación a las empresas y esta semana, el 2 de diciembre, han anunciado que el plazo se vuelve ampliar un año (hasta el 1 de enero del 2027) y dieciocho meses para los autónomos (hasta el 1 de julio del 2027). El motivo de este cambio ha sido una petición de Junts. No hay motivos económicos detrás, es sólo una decisión política.
Según el gobierno, por boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este sistema era importantísimo para luchar contra el fraude fiscal. Además, cuando se preguntaba al ejecutivo sobre la premura en imponer el Veri*factu, la respuesta era clara: íbamos retrasados respecto a Europa en programas como éste. Por lo que la ampliación de este plazo me hace preguntarme, ¿ya no es tan urgente la lucha contra el fraude fiscal?¿No importará que no converja nuestra legislación con otros países europeos?¿Vende el PSOE sus principios económicos por siete votos? ¿Este sistema ha sido una manera de generar un reglamento y un programa informático que beneficie a algún amigo del gobierno? ¿Qué ocurrirá si el año que viene le vuelve a pedir Junts, Podemos, ERC o cualquier otro socio del Gobierno, otra prórroga para el sistema?
El tejido empresarial en España es débil y se sustenta en autónomos y pequeñas empresas que invierten muchos recursos en cumplir con todas las normativas. Según el Colegio de Economista de España, y las asociaciones empresariales, la mayoría de los autónomos en nuestro país ya tiene contratado servicios de facturas electrónicas y han amoldado su facturación a este sistema. Un coste que ahora, no sirve para nada. La ampliación del plazo a menos de un mes de la entrada en vigor de la obligatoriedad es una muestra de la falta de respeto que tiene este gobierno por el trabajo de los autónomos y las pequeñas empresas.
Improvisar tiene un coste, pero no lo paga María Jesús Montero ni Pedro Sánchez. Lo pagamos todos nosotros.