La Educación es un tema tan recurrente como altamente sensible. En la recta final de campaña los partidos políticos la convierten en núcleo duro ante posibles votantes prometiendo hacer siempre más de lo que hacen cuando dirigen la Consejería. La realidad es tozuda.
En las semanas pasadas, lejos de avanzar firmes consolidando lo que hay en la MEJORA CONTINUA DEL HECHO EDUCATIVO EN FAVOR DE TODO EL ALUMNADO, FAMILIAS Y PROFESIONALES, hemos asistido a un nuevo episodio de enfrentamiento que consiste en afirmar que cada euro invertido en concertada lo pierde la pública.
De ser así de simple, cada moneda que DGA añade a sus centros se detraería de los recursos que necesita un alumno o alumna que acude a concertada. Digo yo que estos chavales no solo tienen derechos de papel, sino que habrá que costearlos destinando idénticos recursos para que su escolarización pueda llevarse a cabo en igualdad de condiciones. Si no es así conviene decirlo alto y fuerte para que nadie se llame a engaño.
Cuando se exigen auxiliares para atender la problemática de los niños y niñas con mayores déficits o lo hacemos para todos los que están igual (apúntenme a esto) o somos cómplices por relegar e impedir su desarrollo integral. Se hace difícil entender que la Administración pueda coartar la respuesta precisa por el simple hecho de que sus padres hayan elegido un modelo de escuela sostenida con fondos públicos.
Hace unos años formulé denuncia ante el Justicia que no solo la admitió, sino que tras estudiarla exigió explicaciones al Departamento por el desigual trato en la concertada de la provincia de Huesca. Tras 7 meses de trámites y una intervención en Cortes, la Consejería se vio obligada a contestar que elaboraría una normativa específica. Con eso se cerró el tema. Aciertan: no se hizo nada. Alumnos que reciben 25 horas de auxiliar en pública reducen misteriosamente el número de horas de apoyo bajan a 15-10 (o incluso a cero) si pasan a concertada. Y esto sin mediar ningún avance clínico. No recuerdo que nadie más haya denunciado este atropello. La pregunta es si algún aspirante a Presidente cree que así se protege a la infancia más vulnerable ¿Por qué hay tanto interés en no abordar y silenciar este punto?
En mis muchos años de reuniones sobre Educación, escuché a portavoces abogando por la solución del problema pública/concertada. La inmediata era suprimir los conciertos. Primero los superfluos. Luego, como en un castillo de naipes, caería el resto salvo los que se demostraran de interés social. Imagino que pensaban en el fabuloso trabajo de Aspace y quizá en alguna cooperativa.
He de decir que lo argumentaban liberados que empezaban y que poco a poco dejaban de plantearlo quizá por inviable. Alguno me lo confesó tiempo después. No se pueden meter debajo de la alfombra a más de 5.000 trabajadores de Aragón entre docentes y no docentes como si nada pasara. Aun pensando que así fuera, procede responder al interrogante acerca de dónde escolarizaríamos a las decenas de miles de chavales cuyas familias no pueden pagar un centro privado y cómo hacer frente a la construcción de un aluvión de centros.
Entiendo que todo ello se querría abordar sin subir los actuales impuestos. Incluso si jurídica y administrativamente fuera viable una ley de expropiaciones (y se abonara el justiprecio marcado), esto no nos sacaría del caos. El ayuntamiento de Huesca pasaría a tener responsabilidad sobre cuatro edificios más, lo que incrementaría en un 50% la partida dedicada a gasto de mantenimiento de los centros. Por supuesto implica contratación de más operarios para la brigada de Obras o ralentizar las muchas actuaciones que acometen. Que la capital de Alto Aragón pasara a una sola red supondría asumir más de 100 aulas y casi 2.300 alumnos. Todo es susceptible de opinión, pero con estos datos parece una utopía irrealizable que requiere una gran cantidad de dinero.
En el periodo electoral hemos comprobado parte de lo que se cocinaba de cara a la constitución de las próximas Cortes. Cuando hay urnas de por medio no todo es lo que parece. En una reunión convocada por la patronal en Zaragoza, incluso los partidos más claramente opuestos a la existencia de concertada manifestaron asumir mejoras sociales y salariales para los trabajadores en un ejercicio de sinceridad que olvidaron conforme salían por la puerta. Incluso se escuchó a una diputada por Huesca decir algo tan interesante como que “mi partido es defensor de pública, pero subrayamos la complementariedad de las dos redes que no pueden dejar a una como subsidiaria”.
El problema es que a los pocos días la anterior ministra de Educación se permitió desmentirla firmando una declaración de intenciones que olvidaba al 25% del alumnado aragonés. Por si fuera pequeño despropósito, el mismo viernes 6 otro compañero de partido manifestó en la capital del Somontano que construirían un nuevo centro. Siendo que en Barbastro hay aulas para los que desean centros públicos y para los que quieren concertada difícil entender la prioridad de realizar un esfuerzo presupuestario que relegue otras necesidades. En Hacienda saben que nada se ejecuta sacando la varita mágica.
Volviendo a la reunión que menciono, los partidos de oposición asumían mejoras como la precisa subida salarial. Dado que nadie tiene por qué saberlo, aclarar que el actual acuerdo retributivo de concertada se firmó nada menos que en mayo de 2023 reconociendo cantidades de equiparación con las retribuciones de los funcionarios a fecha diciembre de 2022 y que el calendario finalizó a final de enero. En este tiempo, ni siquiera la lógica actualización del IPC. Más estrecheces no cabe.
Por si fuera poco, la falta de asignación de fondos generó que hubiera que posponer la obligación en el primer plazo y que fuera anuncio de incumplimiento sucesivos para el resto de plazos salvo el último. En cuanto a reducción de carga lectiva nada de nada.
En 2007 pareció que a coste cero podía ser posible ya que el Ministerio desembolsaba más dinero en concepto del pago de los conciertos de Infantil. Que tras casi dos décadas estemos peor evidencia el nulo interés primero del señor Faci (PSOE) y luego de la señora Hernández (PP). Ambos se han permitido el lujo de ningunearnos cada vez que han anunciado en los medios de comunicación que la calidad educativa va estrechamente ligada a la medida que Aragón pone en marcha.
Que el profesorado de la escuela concertada cobre menos y tenga que realizar 25 horas de pizarra a la semana (y hasta más) constituye un ataque flagrante a la dignidad que nos merecemos y que exigimos los profesionales. Llevamos con esta locura nada menos que desde 1992 sin encontrar a un político valiente que asuma dar un paso para adaptar al siglo XXI lo que es una difícil situación laboral. En Secundaria hablamos de 300 horas más de diferencia por curso y por mucho dinero menos. ¿Así se puede ir en contra de nadie? Que en el plano administrativo sea un razonamiento impecable no quita para que constituya un atraco a mano armada en lo profesional y en lo humano. La sensación de subcontratación es cada vez más patente.
Las organizaciones sindicales de pública denunciaron que Aragón iba a la cola en retribuciones en el Estado. Aplaudo al Departamento que mejoró sus nóminas. Con la misma intensidad lamento que no actúe de manera similar en concertada. Imagine el lector qué ocurre a final de mes en nuestras nóminas a pesar de que nosotros también hemos apuntado la desidia sufrida por activa y por pasiva. En teoría solo cabía la misma respuesta: subir salario y bajar número de horas en todos los centros.
Obsérvese que ni siquiera he dicho “el mismo número de horas”. Que la candidata del Partido Socialista haya sido ministra de Educación debería haberla hecho más sensible a estas medidas, pero vemos que no, que lo de las personas primero quedó en eslogan de pandemia y que aprendimos poco al creer que íbamos a salir fortalecidos. De otro lado, al candidato del PP tampoco cabe subrayar su empatía en este campo con respecto a las personas que a diario nos entregamos de lleno para conseguir los mejores resultados para nuestro territorio y sobre todo para educar a unos aragoneses que sepan analizar y sacar conclusiones sobre lo que ocurre en la sociedad. Sí, que haya unos ciudadanos mejor preparados es responsabilidad de todos los políticos, y quien no esté de acuerdo que tenga el valor de decirlo. A más Educación más libertad y menos exclusión.
Los principales líderes deben pensar en su responsabilidad sobre la desafección de tantos votantes. Que se nieguen a recibir a representantes legales que les piden una reunión o que una vez propuesta la suspendan unilateralmente, demuestra que más les importa es escuchar a sus asesores de imagen. Echo de menos lecciones de realidad y de interés por explicar sus propuestas de futuro. No solo es bueno hablar. Hay que conocer de primera mano lo que se suponen que les interesa. Aspiran a ser gestores de 9.145 millones de euros que no es poco. Lo que cuento, a mi juicio es un grave error de estrategia, de cálculo, pero sobre todo de principios. Nadie se lamente luego. Cerrar las puertas a un colectivo es lo que tiene, que convencernos puede costar el doble.