Rafael López Guarga

De Incendios y Avenidas

Decano del Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Aragón y Vicepresidente de la Alianza de Corredores
02 de Septiembre de 2025
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Desgraciada y tristemente, en los últimos tiempos, estamos sufriendo situaciones muy dramáticas con el lamentable balance de gran número de víctimas mortales, innumerables heridos e incalculables pérdidas económicas y en el patrimonio. Todavía teníamos presente en la retina la más trágica de ellas ocasionada por la DANA de finales de octubre pasado cuando este mes de agosto nos ha sobrecogido con cuantiosos y calamitosos incendios principalmente en la parte occidental de la Península.

Empieza a ser habitual encontrarnos con cauces desbordados, calles y casas anegadas, infraestructuras colapsadas, obras paralizadas por no se sabe qué exactamente problemas administrativos, “ambientales”, de “decisión”,…presas y azudes con amenaza de demolición, carreteras al límite de su capacidad, trenes averiados y con retrasos, obras mal planificadas que afectan al día a día de los ciudadanos, polígonos que no se utilizan, transporte urbano en el que no se corresponden la oferta y demanda, modos de producción energética demolidos o “demonizados”, falta de ordenación del territorio y de serios planes urbanísticos, implantaciones de renovables que obedecen a criterios lucrativos, montes, caminos y pistas forestales desatendidos,…Con esto no quiero decir que todo se haga mal, hay muchas actuaciones en infraestructuras, afortunadamente las más, que son auténticos éxitos de ingeniería y de tomas de decisión que han ayudado durante muchos años y lo siguen haciendo a mejorar las condiciones de vida de la gente. Lo que ocurre es que muchas veces se llega a destiempo y a menudo no en el momento más oportuno. ¡Falta Planificación!

Cada vez es más habitual el mantra de echar la culpa al “cambio climático”, menos mal que ya se habla menos de “calentamiento global”. Desde los orígenes del planeta Tierra, el clima es cambiante, y claramente ahora estamos viviendo unos ciclos que nada tienen que ver con los de hace unas decenas de años, siempre ha pasado. Cierto es que con la ciencia, tecnología e inteligencia (la humana, la artificial sólo es un conjunto de algoritmos), el hombre intenta combatir, y muchas veces lo consigue, la fuerza de la naturaleza, pero al final no nos debemos de olvidar del dicho “el hombre propone y Dios dispone”. No obstante, es nuestra obligación seguir progresando, pero las herramientas son las que son, siempre limitadas por muy modernas y avanzadas que sean, y sobre todo hay que utilizarlas bien. No actuar o impedirlo podría conllevar la comisión de delito por omisión. El reto actual es saber cómo adaptarse de manera eficaz, técnica y compatible con las necesidades mediante una gestión del riesgo coherente y responsable.

Pero, ¿quién tiene que planificar? Desde mi punto de vista, y así ha sido hasta los últimos 25-30 años, los técnicos. En el Congreso de los Diputados deben proponerse las grandes políticas de inversión en infraestructuras, y cumplirse, no cambiando de criterios en cada legislatura, ya que muchas de esas políticas son para medio y largo plazo. Luego cada uno debe hacer su trabajo.

La Administración, en la que incluyo “sus” empresas públicas, alguna de ellas de difícil justificación, debe tender a reducir la burocracia, a facilitar la labor al administrado y no poner “pegas”, a reducir los plazos de los diferentes y tediosos trámites,…es decir, tender a una buena y ágil gestión de los bienes que tiene encomendados, principalmente los naturales, no debiendo entender éstos como algo que “no se puede tocar”. Las antiguas leyes estatales, de cierta flexibilidad, razonablemente aplicadas, han dado paso a la rigidez de las leyes autonómicas cuya gestión parece más una competición de restricciones que un ejercicio de gobernanza efectiva.

En la gestión diaria de los cauces y de los montes es preciso o sería preciso tramitar miles de permisos insustanciales para lo que no hay empresa pública que sea capaz de abordar esa burocracia por mucho personal de cupo que se contrate, muchas veces sin competencia técnica en la materia, y no digamos ya lo de esa “cita previa” (¡es de cachondeo!). Deben dictarse leyes razonables, viables y prácticas y dejar que los que saben, gente del campo, agricultores y ganaderos, hagan su trabajo y recuperen prácticas ancestrales que funcionaban, dando parte para su posterior control, gestión e inventario, aplicando y exigiendo con contundencia el cumplimiento de la ley y la buena práctica.

Por tanto, “cocinero a tus sartenes”. Dejemos que cada uno haga su misión, incluyendo los propios ciudadanos. Las decisiones políticas han de tomarse en el Parlamento y luego su planificación, desarrollo y gestión debe estar en manos de los que saben, es decir, en los especialistas y con experiencia capaces de determinar con autoridad las situaciones de riesgo o peligro. Lo contrario es engañar a la sociedad. ¡Qué lejos vuelven a quedar aquellas obras que se decían tan necesarias para protección y regulación de los barrancos en el levante español y en otros lugares! Volver a una planificación técnica seria y a largo plazo no es una opción, es una urgencia.

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