Un país no es rico o pobre en función de los recursos naturales, de la equidad distributiva o del número de habitantes. La riqueza es algo casi imposible de obtener, el estado natural de las sociedades es la pobreza, por lo que hay que luchar día a día por mantener la prosperidad que se ha conseguido y esforzarse por intentar conseguir más. La clave, en la mayoría de los casos, está en intangibles como la educación (formal e informal), las actitudes frente al esfuerzo o las instituciones. Estás últimas juegan un papel fundamental, ya que no sólo afectan al presente, sino que marcarán el futuro, tanto próximo como lejano.
Las instituciones españolas están deteriorándose a pasos agigantados. En cualquier índice o estadística que miremos, nuestro país tiene cada vez peores resultados a la hora de evaluar al Gobierno. La última muestra de unas instituciones inseguras la hemos vivido esta semana con el vaivén del epígrafe en el IAE sobre la prostitución.
Para quien no conozca el caso, en enero del 2025 (hace ocho meses), se publicó en el BOE una modificación de los epígrafes en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Cualquiera que quiera emprender un negocio como autónomo o empezar una empresa, debe darse de alta en este impuesto. En la nueva versión se establecía un epígrafe (96.99) en el que se tenían que dar de alta actividades para servicios recreativos o culturales no recogidos en otros epígrafes. Entre esas actividades, por primera vez se establecían las actividades sexuales. Esto, de facto, legalizaba la prostitución.
La actualización de los epígrafes del IAE no sólo es una imposición de la Unión Europea para homogeneizar los datos estadísticos, sino que cumple la sentencia del Tribunal de la UE en el que establece que si una actividad no es ilegal está sujeta al IVA. Y sólo pueden declarar este impuesto los empresarios, así que, al no estar ilegalizada la prostitución en nuestro país, debe tener un epígrafe en el que darse de alta.
Esta actualización, a pesar de estar publicada en el BOE en ENERO, entró en vigor en julio. Habría pasado desapercibido pero colectivos de trabajadores de servicios sexuales lo celebraron, ya que era un paso importante para su reconocimiento. Sin embargo, esto llamó la atención de colectivos a favor de la prohibición de la prostitución y empezaron a reclamar la eliminación del epígrafe. Dicho y hecho. Ana Redondo, ministra de Igualdad, ya ha anunciado que empezarán a trabajar para eliminar el trabajo sexual de las actividades recogidas en el IAE. A esto, se le llama inseguridad jurídica.
La publicación de cualquier cosa en el BOE debe pasar por el Gobierno; si ahora este gobierno dice que no lo va a quitar ¿significa que se publicó sin leerse o se publicó a la espera de que nadie se diera cuenta? ¿Habrá sanciones por parte de la UE por no aplicar su normativa como ya ocurrió con la baja de maternidad?
La modificación ha entrado en vigor hace un mes y hace una semana la ministra dice que se quitará, por lo que ¿quién se dará de alta si sabe que va a quitarse esa actividad? ¿Significa esto que volverá a estar desprotegido este colectivo? ¿Se devolverá el dinero a los contribuyentes? Y, los que se han dado de alta ¿estarán señalados? ¿Les acarreará problemas si algún día llega a prohibirse la prostitución? Y otra cuestión: ¿las declaraciones de la señora Redondo son verdad o sólo sirven para calmar a sus votantes a la espera de que se olvide esta polémica?
La prostitución es una actividad controvertida, por lo que quitar y poner un epígrafe parece un asunto menor, pero ¿y si el gobierno, el día de mañana, lo hace con otras actividades que también le incomodan? Las leyes, normas y códigos están para respetarlas. Modificarlas constantemente es una muestra de improvisación, de falta de respeto hacia los ciudadanos y evidencia el deterioro de la calidad de nuestros políticos y nuestras instituciones.