La muy reciente y sentida pérdida de Elena Villagrasa Ferrer, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el que llevaba dos décadas trabajando, ha dejado un tremendo vacío humano y profesional. Sus logros, como la creación del primer SIG del parque, el Programa de Seguimiento Ecológico o su incansable preocupación con la conservación, el desarrollo socioeconómico y la concordia entre todos los actores del territorio, son a la vez un compromiso para quienes deben continuar su labor.
Todos esperábamos que se garantizara la continuidad del legado de Elena mediante el nombramiento de una persona con el perfil técnico y humano necesario para liderar esta nueva etapa. Por ello, acogimos con satisfacción la propuesta inicial que circuló sobre la designación del actual Jefe del Equipo de Conservación, Francho Beltrán. Persona quien sin lugar a duda podría haber facilitado una transición técnica, delicada y haber continuado la senda defendida por Elena. Sin embargo, cuando incluso ya se le había comunicado oficiosamente, fue sorprendentemente “destituido”. Parece ser que su nombramiento no gustaba a algún político…
Más allá de esta transición fallida en el liderazgo, quienes amamos y vivimos estas montañas sentimos una incertidumbre profunda sobre el futuro del espacio protegido más emblemático de Aragón. Casi tres meses después de tan trágico fallecimiento, graves problemas estructurales parecen hacen peligrar su esencia, más que nunca. Poco a poco se va imponiendo un modelo de gestión que se aleja del objetivo primordial de conservación y que amenaza con convertir Ordesa en un parque temático, sobre todo después de quedar subsumido en el Departamento de Turismo. El actual proyecto de construir un mirador acristalado a más de 2.000 metros de altura sobrevolando el corazón del Parque Nacional es una buena muestra de ello.
Ordesa en cifras: la necesidad de crecer en el contexto de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado en 1918, tiene una extensión de 15.608 hectáreas; esto es, por debajo de las 20.000 hectáreas que constituyen el umbral mínimo de acuerdo con la Ley de Parques Nacionales. Es una joya natural, pero su tamaño palidece frente al de otros parques nacionales españoles. El mismo año nace el Parque Nacional de Picos de Europa, y sin embargo hoy ya abarca 67.455 hectáreas tras su ampliación Esta comparación no es baladí. La amplitud condiciona la resiliencia de los ecosistemas ante amenazas como el cambio climático, la presión turística o la fragmentación de hábitats. Una ampliación sensata y técnicamente justificada no es un capricho, sino una inversión en la salud a largo plazo de sus valores naturales y culturales. Y de la nuestra.
La necesidad de ampliación cobra una dimensión aún más urgente a la luz de la normativa europea. La Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea hasta 2030 establece entre sus objetivos la protección jurídica al 30 % de la superficie terrestre y marina de la UE, como mínimo, e incorporar corredores ecológicos, dentro de una auténtica Red Transeuropea de Espacios Naturales. Y dentro de ese porcentaje, garantizar una protección estricta para al menos un 10%.
Sin embargo, la triste realidad es que la superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP,s) en Aragón es la menor de todas las CCAA españolas, con tan solo el 3,53%. A modo de ejemplo, nuestra comunidad vecina de La Rioja (también sin superficie marítima) disfruta de un 35,83% protegido. Aunque el porcentaje es mayor si incluimos la Red Natura 2000, aún deben hacerse esfuerzos significativos para cumplir con estos umbrales marcados por la UE.
Por todo ello, no basta con ampliar Ordesa, sino que habría que rescatar proyectos que llevan años congelados y que contaban con importantes consensos en el territorio, como es el caso del Paisaje Protegido de Santa Orosia y Sobrepuerto, el Parque Natural de Cotiella o el muy reivindicado Parque Natural de Anayet-Partacua.
De todos ellos, y dadas las amenazas que se ciernen sobre Canal Roya, la declaración como Parque Natural del entorno de Anayet-Partacua es una prioridad absoluta. La reciente solicitud de la Sociedad Aragonesa para la Protección de los Animales y las Plantas (SAPAP)nos vuelve a recordar esta necesidad.
En consecuencia, la ampliación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y la declaración del Parque Natural de Anayet-Partacua no son solo una reivindicación ya histórica, sino que prácticamente es una obligación legal derivada del marco europeo.
Estrategias para una conservación integradora
Ampliar Ordesa y declarar Anayet representan una oportunidad para impulsar un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible. Para ello, es esencial implementar estrategias integradoras:
1. Participación y cogobernanza real: Crear mesas de concertación permanentes con todos los actores del territorio (municipios, sectores económicos, científicos) para diseñar los planes de manera conjunta.
2. Promover un verdadero Turismo Sostenible como palanca: Ir más allá del número de visitantes, promoviendo la desestacionalización, la creación de un sello de calidad para servicios locales y la regulación de accesos para redistribuir la riqueza.
3. Valorización de los usos tradicionales: Establecer pagos por servicios ambientales a ganaderos y selvicultores que mantengan los paisajes, y apoyar marcas de origen que vinculen productos de calidad al territorio protegido.
4. Fortalecimiento del capital humano: Crear empleo verde estable en gestión, vigilancia, restauración ecológica e investigación, priorizando la formación y contratación local.
5. Financiación sólida y transparente: Vincular los presupuestos autonómicos y estatales al coste real de la gestión, captar fondos europeos vinculados al Pacto Verde y explorar mecanismos de fiscalidad propia que reviertan en el territorio.
En definitiva, hacen falta más recursos y personal para corregir la crónica infradotación que sufren nuestro Parque Nacional y otros espacios naturales protegidos. Las tensiones entre las competencias estatales y autonómicas, para asegurar una gestión eficaz, y dotar de los medios adecuados a la singularidad de cada parque, son un hecho indiscutible. Y la realidad es que las alteraciones del clima, y el aumento del uso público exigen más inversión en vigilancia, investigación y restauración, algo que por desgracia se echa en falta.
Conclusión: Un pacto por el futuro, más allá de lo inmediato
El principal objetivo de un Parque Nacional es, y debe seguir siendo, la conservación de sus valores naturales y culturales para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. En este contexto, no caben objetivos a corto plazo, ni intereses espurios que socaven los mandatos legales. Se necesitan estrategias sólidas que garanticen la estabilidad, el desarrollo sostenible y el porvenir de un espacio que lleva con orgullo el nombre de Aragón por todo el mundo.
Honrar el legado de Elena Villagrasa implica, ineludiblemente, apostar por esa visión a largo plazo: dotar a Ordesa de los recursos y el liderazgo técnico que merece, ampliar sus horizontes para fortalecer su resiliencia y, al mismo tiempo, cumplir con Europa protegiendo nuevos espacios como Anayet-Partacua.
Es el momento de un pacto social por la naturaleza aragonesa, donde la conservación rigurosa sea el cimiento de una prosperidad compartida y duradera. La incertidumbre de los trabajadores es la alarma; la normativa europea, el marco; y el legado de una directora ejemplar, la brújula. El camino está claro. Solo falta, una vez más, la voluntad política para recorrerlo.