Hay pocas cosas más peligrosas en este mundo que pensar que las decisiones de los gobernantes no nos afectan a nosotros. Una máxima en el derecho es “quien puede lo más, puede lo menos” (Qui potest plus, potest minus). En nuestro caso, si el gobierno decide una limitación a un agente económico relevante, puede limitar la libertad de todos los agentes. Y nosotros, meros contribuyentes, somos los agentes económicos menos protegidos.
El gobierno de Pedro Sánchez ha limitado los derechos del BBVA a la hora de comprar el Banco Sabadell. Lo que no tiene ninguna justificación económica. En otras palabras, se ha cercenado la libertad empresarial en pos de sus objetivos políticos.
¿Qué ha decidido el Gobierno? Si el BBVA quiere comprar el Banco Sabadell deberá tenerlo como filial los próximos tres años, manteniendo la red de oficinas e impidiendo la unión de los patrimonios y del consejo directivo. Esta limitación, aunque parezca mínima, afecta a la rentabilidad de la operación. La decisión de comprar ha sido tomada después de tener en cuenta la fusión. Sin la fusión, los costes se incrementan y eso puede cambiarlo todo, hasta el hecho de que el BBVA decida no comprar Sabadell.
¿Puede hacer el gobierno lo que ha hecho? En España tenemos la CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia) que evaluó si este movimiento puede afectar de manera negativa al bien de la sociedad española. Este organismo, que ya es polémico, dio luz verde a la compra y a la fusión. Y el siguiente paso debía ser la aprobación por parte del Gobierno. Esta etapa es, siempre, meramente simbólica. Pero esta vez no lo ha sido. Esta semana la decisión ha sido cercenar la libertad de la propiedad privada. Si los accionistas de Sabadell deciden, libremente, vender las acciones ¿quién es el gobierno para evitar eso?
La decisión que ha tomado el gobierno es exclusivamente política. No económica. Los motivos se resumen en:
- Apoyo parlamentario. Pedro Sánchez se sustenta en todos los partidos del hemiciclo a excepción de VOX y el PP. Entre sus socios más importantes se encuentran Junts y ERC (y los comunes que están en SUMAR). Evitar que un banco, una empresa afincada en Cataluña, pase a ser una empresa vasca, es vital para sus compañeros de viaje. No tanto por la pérdida de una empresa centenaria con arraigo regional, sino por los recursos públicos que llegan a la administración catalana. Por lo que, si “encarece” la operación y la impide, Pedro Sánchez tendrá la simpatía de sus socios.
- Maquillaje del mercado laboral: La fusión se ha prohibido durante los próximos tres años. Si aún así el BBVA decide seguir adelante, su intención es cerrar 300 oficinas, con el consiguiente despido de personal, y esto se produciría en el 2028. Para esa fecha hay dos opciones: que siga Pedro Sánchez o que no siga. Si no está él, serán datos malos que tendrán que gestionar Feijóo y Abascal y ahí estará el PSOE para criticarles. Y si sigue Pedro Sánchez, ampliará la prohibición de fusión dos años más, potestad que se ha arrogado en el último consejo de ministros.
Estas decisiones afectan a nuestro futuro y a nuestra libertad económica. Si el gobierno, por motivaciones políticas, ha decidido atacar a la libertad de empresa ¿qué le impedirá mañana apropiarse de nuestros ahorros para tapar el agujero de 126.000 millones de la Seguridad Social? ¿Qué le impedirá cercenar nuestra libertad y obligarnos a poner en alquiler las viviendas vacías porque hay problemas de alquiler? ¿Qué le impedirá quitarnos el coche porque contamina? ¿Qué le impedirá prohibir las inversiones en el exterior porque eso encarece los intereses que debe pagar la deuda pública española?
Todo ataque a la libertad de otros es un ataque a la libertad de todos.