La Agencia Tributaria es un organismo del Estado necesario. Al final es una herramienta para evitar que haya fraude en el pago de los impuestos. El debate nunca tendría que estar en la agencia, sino en la estructura del sistema fiscal. Sin embargo, en nuestro país, llevamos décadas con la agencia en el foco de la noticia. Esta semana otra noticia sangrante.
Desde el uno de enero del 2026 en nuestro país se elimina el límite mínimo para que los bancos compartan nuestras transferencias realizadas por bizum con destino a empresas y autónomos. Un detalle sin importancia, ya que toda transacción que no sea en efectivo deja un rastro. El problema reside en preguntarse: ¿qué va a hacer Hacienda con esa información?
Según la nota de prensa realizada por la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda, con la información que se obtendrá de las transacciones se luchará contra el fraude fiscal. Objetivo loable, pero surgen algunas dudas.
Actualmente, si una empresa u autónomo recibía por tarjeta o bizum una cantidad superior a 3.000 euros (a lo largo de todo un mes), el banco facilitaba la información de los pagadores a Hacienda. Por lo que esta medida va destinada a controlar, a los pequeños comercios que su volumen de negocio (vía bizum) sea menor que esa cantidad. Las PYMES en España son más del 90% de las empresas, pero, cálculos de economistas independientes apuntan a que sólo el 15% del fraude está ahí. ¿Tanto esfuerzo y tanta intromisión en nuestra intimidad para atacar un porcentaje minoritario del fraude fiscal?
Junto con ello, los autónomos han sido obligados a instalarse softwares de facturas electrónicas y no se les permite realizar facturas en papel, limitando así la posibilidad de defraudar a Hacienda. Y no nos olvidemos que ninguna empresa puede hacer pagos superiores a 1.000 euros (exceptuando el PSOE). Por lo que estamos viendo un ataque constante a la libertad de empresa bajo el argumento de “luchar contra el 15% del fraude fiscal de España”.
Lo peor no es que estén atacando la libertad, sino ¿qué pueden hacer con ello? En España la Agencia Tributaria funciona como un tribunal de la Santa Inquisición, en el que su palabra es la ley y el perseguido por ella debe demostrar su inocencia, justo lo contrario de lo que demanda nuestro sistema judicial. Y aunque eso sería suficiente para tener que revisar cómo funciona este instrumento del Estado, hay más evidencia de esto.
Hay que recordar el caso Montoro; aquí se está investigando al Ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, que presuntamente beneficiaba a un despacho de asesores fiscales (Montoro y Asociados, posteriormente Equipo Económico) y lo hacía vía presiones de la Agencia Tributaria. Y algún que otro periodista que destapaba esta información era visitado por los inspectores de Hacienda.
También hay que recomendar dos documentales realizados por Alejo Moreno: “Hechos probados” (2021) y “El juego del fraude” (2025), donde se observan prácticas más propias de la mafia que de un organismo estatal. Y todo bajo un sistema opaco de retribuciones variables dependientes de las multas impuestas por la Agencia para los inspectores de Hacienda.
¿Es justificable atacar la libertad para incidir en el 15% del fraude?¿Utilizará la Agencia esos datos sólo para evitar el fraude o será un foco polémico como el caso Beckham?
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida”.