Cuando alguien dice en el estrado del Congreso español "hubiera bastado con que mientras negociábamos nos dijeran: No sacrifiquen la unidad de España, no humillen a la nación para conseguir esos siete votos, aquí tienen los nuestros", está reconociendo para la historia que antepone su ambición personal al bienestar y la paz de una nación en su conjunto.
No sé si esa rotunda aseveración tendrá algún día responsabilidad política o de cualquier otro tipo. Pero sí sé que, poco a poco, cambiando la semántica, bordeando la ley y el espíritu del legislador en su día, va a conseguir su objetivo de acabar con España como nación.
Incluso pienso que va a ser peor, que en vez de habilitar la independencia de ciertos territorios y que vivan y se desenvuelvan en el mundo por sí mismos, van a seguir unidos por una pátina de auxilio en la que las regiones más pobres son las que tendrán que salir a ayudar y financiar los excesos que esas regiones o autonomías están llevando a cabo. Esa es la "solidaridad" marxista que figura en el ideario de los actuales líderes del PSOE.
El pasado 30 de julio, ERC y PSC alcanzaron un acuerdo político para investir a Salvador Illa, el que era ministro de Sanidad durante la pandemia por el coronavirus y máximo responsable nacional del tema cuando se compraron las mascarillas y el material sanitario, presidente de la Generalitat de Catalunya, cuyo contenido centramos hoy en el desmembramiento de "la Caja Común", o sea, la Hacienda Pública Española, asunto inconstitucional según prestigiosos catedráticos del tema, pero que nadie confía en un pronunciamiento contrario cuando llegue al Tribunal Constitucional, dada su composición actual.
De entrada, ese pacto insiste en el desacato histórico al Tribunal Constitucional y al reconocimiento de Cataluña como nación:"El cumplimiento de los compromisos… reencontrarse en las ideas compartidas de reconocer a Cataluña plenamente como nación… La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 -que anulaba parte del Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlamento y las Cortes Generales y ratificado por la ciudadanía de Cataluña- marca un antes y un después del conflicto político, y evidencia un choque entre la legitimidad parlamentaria y popular de Cataluña y la legitimidad institucional y constitucional del Estado…
A partir de ese momento, una parte amplia de la ciudadanía pasa a reivindicar la plena soberanía de Cataluña y manifiesta la voluntad de decidir libre y democráticamente sobre el futuro político del país».
Esta nueva etapa debe centrarse en la resolución del conflicto político y debe abordar… los siguientes elementos:
Reconocimiento como nación: "El debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucional y jurídicamente este reconocimiento".
Referéndum: "La necesidad de que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados por la ciudadanía … De dar voz a la ciudadanía para conocer sus preferencias sobre la organización territorial y acomodar, de forma legítima y viable, estas preferencias".
Se anteponen los objetivos políticos al cumplimiento jurídico: "De asegurar la no renuncia a los diversos objetivos políticos con respecto al estatus de Cataluña".
Hacienda propia: Relación bilateral (de igual a igual), que se enmascara con el título de "Financiación Singular".
"Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para realizar frente a las necesidades de la Cataluña de los 8 millones de habitantes".
"Los ciudadanos que han cotizado por el Grupo 1 a la Seguridad Social sufren una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre los que aportan y los que no lo hacen. Los distintos modelos de financiación de deberes ciudadanos han comportado graves deficiencias para los antes citados, que se traducen en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en políticas públicas como la salud, los servicios sociales, la vivienda o las infraestructuras, que financian a los que menos aportan e incluso a los que no aportan nada. Estas deficiencias tienen un impacto directo en los servicios públicos y en la capacidad de esas personas para hacer frente a los retos de futuro, y se generan y perpetúan gracias a un modelo de financiación de régimen común caducado, poco transparente e insuficiente. Un modelo de financiación cuyo resultado es una distribución poco justa de los recursos entre los ciudadanos del Estado y que acaba limitando la capacidad de crecimiento económico de los que han cotizado por el Grupo 1. Todos los intentos previos de construir un modelo de financiación basado en el paradigma actual y la gestión centralizada desde la Administración del Estado no han hecho más que estructuralizar unas insuficiencias que han sido un lastre sistemático al crecimiento económico de dichos ciudadanos y la prosperidad de su familia. No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad".
Supongamos que una parte de la ciudadanía española demandara lo anteriormente escrito. Serían tachados de fachas, insolidarios, racistas, xenófobos, fascistas y mil y un epíteto más, y muchos políticos, sindicalistas y mentes constreñidas por órdenes superiores llamarían a combatirlos con todos los medios de que se pudieran disponer.
He cambiado únicamente lo subrayado, sustantivos en el original por esas pequeñas frases que quieren definir a un sustantivo que no he encontrado en mi léxico, con relación al acuerdo alcanzado, que es:
"Catalunya sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios. Los distintos modelos de financiación autonómica han comportado graves deficiencias para Cataluña, que se traducen en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en políticas públicas como la salud, los servicios sociales, la vivienda o las infraestructuras. Estas deficiencias tienen un impacto directo en los servicios públicos y en la capacidad de Cataluña para hacer frente a los retos de futuro, y se generan y perpetúan gracias a un modelo de financiación de régimen común caducado, poco transparente e insuficiente. Un modelo de financiación cuyo resultado es una distribución poco justa de los recursos entre los territorios del Estado y que acaba limitando la capacidad de crecimiento económico de Cataluña. Todos los intentos previos de construir un modelo de financiación basado en el paradigma actual y la gestión centralizada desde la Administración del Estado no han hecho más que estructuralizar unas insuficiencias que han sido un lastre sistemático al crecimiento económico de Cataluña y la prosperidad de su ciudadanía. No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad".
Hay un tema que ha pasado desapercibido en todos los comentarios que hasta ahora he leído o visto. Cuando habla de fiscalidad dice textualmente: "Mantener el impuesto de sucesiones y patrimonio en los tipos actuales y no implementar propuestas de deflactación del IRPF". Y al hablar de la solidaridad con las demás comunidades autonómicas explicita claramente que "siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar al catalán", con lo que se está imponiendo a través de "la letra pequeña" un condicionante para todas las Comunidades del resto de España, lo que es lo mismo, quedan exentos de esa solidaridad si no se establecen los mismos tipos de impuestos y en las mismas condiciones, con lo que Cataluña se erige como guía fiscal nacional para que ninguna autonomía pueda tener unos impuestos más favorables a empresas y particulares y así poder alcanzar un peso industrial del 25% del PIB de toda España previsto para 2030, para lo que hace falta muchos miles de millones de euros que aunque los financie la Generalitat, del déficit producido, responderá la totalidad del resto de ciudadanos de España.
Este pacto y sus consecuencias es aún más grave que el tema de la amnistía, porque ésta corresponde al pasado, pero ahora hablamos de la desintegración futura, de hecho, de la unidad de la nación por mucho que, una vez más, Pedro Sánchez vuelva a mentirnos.
Muy a mi pesar, entre el "caixa o faixa" catalán y los 50.000 muertos que están dispuestos a poner, pagarles mejores pensiones, el deterioro de los servicios públicos en el resto del país, y ser ciudadanos españoles de segunda categoría, yo propongo la independencia total, rápida, sin contrabalanceo de ningún tipo, con el mismo trato que si se tratara de Bulgaria, Letonia, Nigeria o Egipto, con fronteras delimitadas y defendidas de acuerdo con el derecho internacional.