¿Son ciertos los casos de corrupción que están saliendo en los últimos días en las noticias? Esta pregunta debería hacérsela cualquier persona con un mínimo de pensamiento crítico, de izquierdas o de derechas: ¿es posible que haya habido sobresueldos en el PSOE que no fueron investigados por Hacienda? ¿Es plausible que crearan un puesto ad hoc para el hermano de Pedro Sánchez?¿Puede David Sánchez Castejón haber estado evadiendo impuestos viviendo en Moncloa?¿Se utilizó la universidad pública como un cortijo privado para mayor gloria de la mujer de Pedro Sánchez? ¿Se ha usado dinero público para poner un piso y un puesto de trabajo a las “amigas” del socialista José Luis Ábalos? ¿Utiliza Óscar Puente recursos limitados del ministerio de transporte para localizar a periodistas que se meten con él? ¿Ha sido la Fiscalía General del Estado un arma política a cargo de Pedro Sánchez para acabar con una rival política? ¿Se ha generado un agujero financiero en Correos por haber puesto a un amigo de Pedro Sánchez sin conocimientos de gestión empresarial? ¿Había una empresa propietaria del número dos del PSOE que cobraba mordidas de todas las licitaciones de obra pública? ¿Vicente Fernández, hombre de confianza de la ministra de Hacienda, obligaba a las empresas a contratar los servicios de su asesoría para agilizar los procesos de ayudas públicas que él dirigía? ¿La socialista Nadia Calviño falsificó los datos del INE para parecer que España crecía más de lo que hacía?
No continúo porque me quedo sin espacio. Todas estas preguntas son obligatorias en un estado que se considera democrático como es España. En ningún caso digo que estas acusaciones sean constitutivas de delito, eso lo debe dilucidar la justicia, pero como mínimo se concluye que no son estéticas. Puede que ninguna de estas cosas sea ilegal, pero si son amorales. Demuestran cómo el bien común no es lo que ha movido a este gobierno, sino que han sido sus intereses privados los que han prevalecido. Han visto en el Gobierno una oportunidad para extraer riqueza de los contribuyentes en vez de gobernar para mejorar las condiciones de vida de los españoles.
Estos posibles casos de corrupción se han dado dentro de las instituciones del Estado (Ministerio, universidades, diputaciones, entidades autónomas y empresas públicas). La fiscalización que se llevan dentro de esas instituciones es muy grande y siempre existe el riesgo de cambio de gobierno y el que venga destape toda la porquería, pero ¿en una empresa privada hay este control?
Las empresas privadas no se mueven por objetivos públicos, sino privados. Si el director de una empresa quiere gastarse los fondos en beneficio propio los únicos perjudicados son los accionistas y el máximo castigo que puede caer sobre ese mal gestor es el despido. Por eso es llamativo ver como el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno que más empresas privadas ha ido comprando a lo largo de su legislatura. El peso del Gobierno de España en el IBEX 35 es el más alto de los últimos treinta años. Sólo Felipe González tuvo más intervención en las empresas cotizadas de lo que tiene Sánchez; con una salvedad, cuando desde la Unión Europea se pidió más economía de mercado Felipe González empezó a vender (privatizar) las empresas públicas. Por lo que, debemos preguntarnos si, con las instituciones públicas y fiscalizadas la camarilla de Pedro Sánchez, las ha desprestigiado usándolas como si fueran suyas ¿qué estarán haciendo con las empresas del IBEX? O mejor dicho, ¿las quieren para beneficio propio o de los españoles?
El Estado no tiene que meter sus manos en la economía de mercado y si las mete, como lo está haciendo nuestro presidente, temámonos lo peor.