Todas las miserias de la política de desarrollo aragonesa circulan por Motorland. Vuelve a ser noticia el circuito de Alcañiz por los problemas financieros que arrastra la sociedad al frente de la instalación. Un problema que se suma al informe de la Cámara de Cuentas de Aragón cuestionando los efectos positivos del circuito en la economía del Bajo Aragón turolense y a las dudas sobre la estrategia de negocio de este proyecto estrella de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Según declaraciones políticas, volverá a ser otra transfusión de dinero público el vehículo que dará vida al circuito de carreras el año próximo, y así sucesivamente, hasta que la cordura política se imponga y se denuncie la desnudez del proyecto en su actual formato.
Nada de esto sería noticia si no fuera porque los problemas financieros de Motorland amenazan con crear un agujero en las cuentas públicas de difícil digestión, más grave si cabe por la desaceleración económica que se nos viene encima. Un desfase que, más pronto que tarde, tendrá que corregirse con el ajuste presupuestario correspondiente, un hecho este que dilatará el calendario de inversiones comprometidas en otros lugares de la geografía aragonesa. No deberíamos extrañarnos, entonces, si para arreglar este desbarajuste en los dineros públicos empezamos a intuir problemas en la ejecución de algunas inversiones ya licitadas por el gobierno. Como tampoco debería sorprendernos si, tras el tradicional ruido político sobre el futuro del medio rural, los políticos acaban eludiendo sus responsabilidades anunciando, por ejemplo, un nuevo fondo de inversiones para Teruel que oculte las vergüenzas de este despilfarro.
Motorland es, actualmente, un proyecto que se sostiene por las circunstancias políticas excepcionales que existen en Teruel, las cuales han llevado a la provincia homónima a ser el laboratorio de las políticas sobre despoblación y medio rural de media España. Para el resto de Aragón esta inversión, por la magnitud de dinero público desembolsado, 236 millones de euros, representa el paradigma de un nuevo tipo de desigualdad: la que se produce entre territorios de una misma comunidad autónoma por la acción “vertebradora” de la administración. La paradoja de esta nueva desigualdad es que es resultado de los intentos -fallidos- de revertir la brecha de oportunidades económicas que separa a los territorios de nuestra comunidad autónoma. Es decir, el efecto conseguido es lo contrario al objetivo inicial que se pretendía.
Claro que es absolutamente necesaria la acción de las distintas instituciones en Teruel. Nadie pone en duda los graves desequilibrios demográficos y las carencias en infraestructuras y servicios de esta provincia, pero ello no significa que se deba sostener una política territorial con argumentos antieconómicos, y por supuesto, a costa de la financiación pública de otras inversiones, mayormente necesarias, en otros territorios de la comunidad. Seguir avalando, política y económicamente, proyectos como el de Motorland, de cuestionable retorno social y que abraza la subvención como forma de gestión, supone respaldar un agravio territorial cada vez más insostenible para la mayoría de ciudadanos.
Mientras esto sucede, otras comarcas, no solamente en la provincia de Teruel, por toda la Comunidad, siguen llamando a la puerta del Gobierno de Aragón esperando una oportunidad que, por una idea desfasada de la política de desarrollo, nunca acaba llegando.