Los presupuestos generales, si se toma uno el tiempo de entenderlos, cuentan cuáles son los verdaderos objetivos de los gobiernos. Con ellos puedes saber a qué regiones se quiere beneficiar, cuál es el arte que más gusta a políticos o si les preocupan más los ancianos o los niños. También podemos saber cuál es la verdadera política de infraestructuras.
En el 2023 las carreteras han dejado muchas historias dramáticas. En concreto 1.145 muertos. Una cifra dantesca. Sin embargo, cuando se habla de cifras se corre el riesgo de que las estadísticas, una herramienta para medir, se convierta en el objetivo de las políticas.
La seguridad vial y la política de infraestructuras están muy ligadas. No es de extrañar que dos de las grandes reivindicaciones de las asociaciones de conductores y motoristas sean:
- Incremento de las inversiones en carreteras. Nacionales y secundarias
- Invertir en transporte de mercancías vía ferrocarril.
Estas medidas son necesarias para ir reduciendo en el largo plazo las muertes y los accidentes de tráfico. Y tienen un sentido dentro de la movilidad.
La red de carreteras en España fue en su momento una de las más modernas que había, pero desde la crisis del 2008 se ha dejado de invertir en ella. Somos el país de Europa que peor conservadas tiene sus carreteras. El déficit acumulado en conservación es de 10.000 millones de euros. Y es una dejación tanto de las autonomías como de los gobiernos centrales. A peor estado de las carreteras se incrementa la posibilidad de accidentes.
La segunda, y quizás la actuación a mayor largo plazo, es la inversión en nuestra red ferroviaria de transporte de mercancías. Somos un país con muchos puertos pero para transportar las mercancías desde el interior a dichos puertos (o viceversa) se hace mayoritariamente (más del 90%) por carretera. Mejorar las vías para los trenes de mercancías eliminaría muchos camiones en España. Esta inversión debe superar los 250.000 millones de euros para que nos igualemos a la media de transporte de mercancías en Europa. Esta inversión es sólo responsabilidad del gobierno central. Y este informe lleva en la mesa del consejo de ministros desde la época de Zapatero. Por lo que tres presidentes (Zapatero, Rajoy y Sánchez) han pasado de él.
Incrementar a largo plazo y de manera sostenible la seguridad vial depende de muchas inversiones. Partidas presupuestarias que deberían estar encuadradas en una política de infraestructuras.
¿Y qué hacen a cambio los políticos? En vez de tener un objetivo a largo plazo sobre las infraestructuras los gobiernos se han centrado en la estadística. Este año tocan a los motoristas. La nueva medida del gobierno de Pedro Sánchez ha sido quitar la posibilidad de que conductores con carnet tipo B (coche), y con tres años de antigüedad, puedan coger una moto de 125 centímetros cúbicos. Si se quiere conducir la moto se debe pasar por un curso.
Este curso, que debe estar homologado por la DGT, lo darán las autoescuelas. Las consecuencias son claras. El Estado ingresará dinero por homologar los cursos y a su vez se reducirán los motoristas.
Nadie duda de que la medida que han tomado reducirá los accidentes en el corto plazo. A menos gente en la carretera, menos muertes. Pero dentro de dos años, cuando esta medida se haya diluido, el problema no habrá desaparecido y tendremos que hacer frente a unas infraestructuras peores.
La política de infraestructuras como las que se exigen no tiene una publicidad en los medios como inaugurar kilómetros de AVE, pero tienen una incidencia homérica en la economía. Aunque en este caso la economía es secundaria porque también reduce el número de vidas que se ven truncadas en los accidentes de tráficos.