Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego que se hizo efectivo el 19 de enero de 2025. Era la primera señal de esperanza tras casi 500 días de conflicto que habían dejado cerca de 50.000 muertos. Conviene recordar que el conflicto comenzó como respuesta a la injustificable incursión en territorio israelí que la organización palestina Hamás llevó a cabo el 7 de octubre de 2023.
En esta acción Hamás mató a 1200 personas y capturó más de 200 rehenes. Israel inició una represalia desproporcionada. Puso en marcha su maquinaria de muerte y destrucción y actuó con total desprecio a la legislación internacional, conculcando los derechos más elementales de la población de Gaza, que ha visto destruidas sus viviendas, sus infraestructuras, hospitales y otros servicios, y ha sido obligada a abandonar su territorio.
La elevadísima escala que han alcanzado las premeditadas e indiscriminadas agresiones israelitas contra la población de Gaza han provocado la indignación de gran parte de la comunidad internacional. Diversas entidades, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado de genocidio la situación en Gaza.
Ya en el mes de noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, el exministro de Defensa israelita Yoav Gallant y el jefe de las brigadas de Al Qassam, Deif, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El acuerdo de alto el fuego contempla varias fases de aplicación. En la primera se garantiza una tregua de seis semanas. En este periodo Hamás debe liberar 33 rehenes e Israel se compromete a liberar varios prisioneros palestinos por cada rehén liberado. Además, Israel debe retirar su ejército de los accesos a Gaza para permitir la entrada de ayudas, suministros y el retorno de los habitantes de la zona desplazados por la guerra.
Nadie dudó de la fragilidad de este acuerdo, y se esperaban grandes dificultades para llevarlo a cabo con garantías. Más cuando en los Estados Unidos acababa de hacerse con el poder Donald Trump. Hasta mediados de febrero se han cumplido los plazos y Hamás ha liberado a varios rehenes. Parece que disminuyen paulatinamente las dificultades para la entrada de ayuda humanitaria y diversos suministros a la Franja de Gaza. También están volviendo muchos de sus habitantes, con la esperanza de empezar a reconstruir sus casas y sus modos de vida. Sin embargo, no parece que la situación vaya a estabilizarse de una manera inmediata. Cada día surgen dificultades en la aplicación del acuerdo del alto el fuego y se producen tensiones que amenazan con romper las negociaciones.
La fragilidad de esta tregua aumenta por la postura de Estados Unidos y algunas de sus propuestas. El recién elegido presidente ya ha sugerido una medida, tan sorprendente como preocupante, para solucionar el problema creado en la franja de Gaza, un lugar que se ha tornado inhabitable por la destrucción sistemática aplicada por el ejército Israelita. T
rump ha pensado que sería una buena idea desplazar definitivamente a toda la población palestina, expulsarla de su tierra, trasladarla a otros países, y construir en el territorio una zona destinada al turismo de lujo. Una deportación en toda regla. Una propuesta contraria al Derecho Internacional y que incrementa exponencialmente el castigo a una población que ha sufrido la ocupación ilegal de su territorio desde 1967.
Israel está recibiendo el apoyo incondicional de los Estados Unidos. Este apoyo ha quedado perfectamente escenificado en la visita a la Casa Blanca de Netanyahu. El primer ministro israelí ha sido el primer mandatario mundial recibido por Trump tras su elección. En la misma línea de defensa a ultranza de la postura israelí, el presidente norteamericano ha amenazado con llevar ante la justicia a los funcionarios que intenten hacer cumplir las órdenes de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, en un intento de garantizar, más si cabe, la impunidad del primer ministro israelí.
Es evidente que la tregua no garantiza que en el medio y en el largo plazo se respeten los derechos del pueblo palestino.
En este contexto, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que “tome una postura clara ante las violaciones de derechos humanos y actúe para garantizar la protección de la población palestina”. “No podemos permitir que Gaza sea despojada de su gente”.