Hace pocos meses hemos inaugurado el curso con una nueva Ley de Educación. Es la octava en los años de democracia. En 1980, la LOECE; en 1985, la LODE; en 1990, la LOGSE; en 1995, la LOPEG; en 2002, la LOCE; en 2006, la LOE; en 2013, la LOMCE y ahora, la LOMLOE
Una vez más, se consigue un follón organizativo en el que los abnegados profesores tienen que echarle horas sin cuento para volver a ordenar su trabajo con la sensación de que lo hecho últimamente no sirve para gran cosa. Lo que hace muy pocos años era una innovación extraordinaria ahora parece que ha quedado obsoleto.
Amén del hartazgo, más que justificado, de los claustros, las familias y las editoriales, nuestros chavales se ven sometidos a un vaivén legal que no hace más que evidenciar que la educación en nuestro país es, fundamentalmente, un problema político, que no pedagógico. Un adolescente que termine 4º de a ESO este año habrá vivido la friolera de cuatro leyes educativas en su corta vida. Un profesor que se jubile a final de este curso habrá trabajado con nueve leyes distintas (si empezó a trabajar antes de 1980).
No hace falta ser un intelectual para entender que esto no puede ser. No hay tiempo físico para aprender y aprehender este complejo sistema legal. Además del sonsonete cansino del debate de escuela pública y escuela concertada, está claro que tras estos cambios legales se esconden intereses más preocupado por la ideología que por la pedagogía, de lo que se trata, piensan los legisladores de turno, es de echar por los suelos la Ley anterior que fue aprobada por el partido al que ahora le toca estar en la oposición.
En aras de una permanente renovación pedagógica que presume de querer estar a la última, todo este cambio de leyes de educación -se mire como se mire- es una absoluta vergüenza.
Tres reflexiones se me ocurren con una cierta rapidez.
- Las víctimas de este desaguisado son los alumnos, que sufren –aunque no sean conscientes de ello- un vaivén absolutamente incomprensible. Es imposible que una Ley se asiente con una vida tan efímera.
- Urge, ahora más que nunca, un pacto educativo que garantice la pervivencia de unos mínimos en nuestro sistema de enseñanza. No es de recibo que cada grupo político que llega al poder cambie a su antojo una Ley tan importante. La educación está por encima de los partidos políticos.
- Hay que homenajear al colectivo de docentes que dan lo mejor de sus vidas para el crecimiento y la maduración de nuestros chicos y chicas. Gracias a los maestros se sostiene la educación en nuestro país, por más que los permanentes cambios de leyes, sean un obstáculo, que no un estímulo, para enseñar. Sólo la talla humana de nuestros educadores y educadoras puede soportar sin desfallecer tantos vaivenes y desvaríos legales.
Es difícil ofender más a los enseñantes, es difícil menospreciar más a las familias y a los estudiantes. Sólo sentarse, ponerse de acuerdo y acordar la educación entre todos puede tener futuro. Hay que llegar a consensos para pensar una Ley de Educación que, por fin, ponga a los niños y niñas en el punto de mira.