El día 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte, auspiciado por la Coalición Internacional contra la Pena de Muerte, una organización que agrupa a 160 organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentra Amnistía Internacional
Recientemente se conmemoraba el triste aniversario de los últimos fusilamientos perpetrados en las postrimerías de la dictadura franquista. En España la pena de muerte quedó abolida completamente en noviembre 1995, cerrando un proceso que se había iniciado con la Constitución de 1978.
En el resto del mundo hay más sombras que luces. Se constata un aumento de ejecuciones, que en la mayoría de los casos se usan como herramienta de represión y control en contextos políticos cada vez más inestables.
En lo que llevamos de año, Irán ha ejecutado a más de 1000 personas, Arabia Saudí, a 300. En los Estados Unidos se han llevado a cabo 34 ejecuciones, un tercio más que en todo el año 2004. Además, hay indicios alarmantes de que el número puede aumentar hasta final de año. Preocupa especialmente una medida apoyada por el presidente Trump que habilita al Departamento de Guerra para llevar a cabo ejecuciones militares. En Kuwait y Singapur también han aumentado. Países como Japón, Taiwan y Emiratos Árabes han reanudado las ejecuciones, que no realizaban desde 2021.
Pese a que no facilitan datos, se sabe que, en China, Corea del Norte y Vietnam, la pena de muerte es utilizada de manera cotidiana. Amnistía Internacional estima que solo en China se habrían producido miles de ejecuciones.
El aumento de la pena de muerte está ligado en la mayoría de los casos a dos estrategias concretas: La represión de las disidencias internas y el argumento de que la pena de muerte es una herramienta poderosa y efectiva contra la delincuencia. Desde estas dos perspectivas, la arbitrariedad en la aplicación de las penas máximas aumenta, apoyada en el argumento de la excepcionalidad de las situaciones. Esto hace que muchas de las condenas a muerte se concreten en juicios sumarísimos, sin garantías procesales. Ejemplos del uso de la pena de muerte para aplastar la disidencia los encontramos en Irán, Arabia Saudí y República Democrática del Congo.
La consideración de la pena de muerte como herramienta efectiva contra la inseguridad y la delincuencia tiene claros exponentes en Irán y en Estados Unidos. En Irán se está utilizando la pena de muerte para castigar despiadadamente a las personas de origen afgano, a las que se acusa de delitos relacionados con las drogas.
En Estados Unidos están aumentando las prácticas autoritarias, como el despliegue del ejército en determinados territorios, la mano dura en la aplicación de la ley de inmigración, y la reducción de la libertad de expresión. El presidente Trump ya ha manifestado en varias ocasiones su apoyo decidido a la pena de muerte para proteger a la población de delincuentes peligrosos. Cuando algunos jueces han cuestionado la constitucionalidad de la peña de muerte, han sido fuertemente criticados por las autoridades.
El argumento del efecto disuasorio de la pena de muerte sobre la delincuencia ha sido esgrimido por los países que han recuperado esta medida disciplinaria extrema, por ejemplo, en Japón. Sin embargo, no parece demostrado que la aplicación de la pena de muerte tenga un impacto significativo en la disminución de la delincuencia.
Amnistía Internacional, desde su fundación, ha luchado para lograr la abolición total de la pena de muerte. Es un castigo cruel e inhumano, atenta contra el derecho fundamental a la vida, suele aplicarse de forma discriminatoria, afectando especialmente a personas pertenecientes a minorías étnicas y a colectivos desfavorecidos, no se ha demostrado que tenga más efecto disuasorio sobre la criminalidad que, por ejemplo, la cadena perpetua, y tiene carácter irreversible. Si hay un error judicial, no hay manera de compensar a la persona afectada.
Por todo ello, Amnistía Internacional anima a seguir trabajando para que aquellos países que todavía mantienen la pena de muerte en su ordenamiento legal avancen hacia su abolición y, mientras tanto, apliquen moratorias que permitan conmutar la pena de muerte por otro tipo de condenas.