Atrás queda el río revuelto que ha acompañado al delirante proyecto de conseguir “el undécimo dominio esquiable del mundo” mediante la construcción de un teleférico y otras infraestructuras en el valle virgen de Canal Roya. Ya puestos, podría incluso ser el primero del mundo si sumamos todas las estaciones de esquí de España, que al fin y al cabo están ya conectadas por carretera. ¿Y si para ello tuviéramos que acortar itinerarios pasando por el medio de la basílica de El Pilar o la Alhambra de Granada? Ya puestos a imaginar quimeras pagadas con dinero ajeno, ¿por qué no?
Las cosas en el mundo real son muy diferentes. Los dominios esquiables de verdad son cada vez más exiguos como consecuencia del calentamiento global. En el escenario actual, con una temporada de nieve cada vez más corta (¡aún recuerdo cuando se podía esquiar en mayo y sin el apoyo de la nieve artificial!) hay que dedicar los esfuerzos a ir recogiendo velas, a reinventar las estaciones de esquí, transformándolas poco a poco en algo que permita subsistir a las muchas familias que viven del deporte blanco. Hace falta una reconversión al estilo de la que hubo con la siderurgia o el carbón. Y es que el drama que se avecina no será ya siquiera si podemos esquiar o no en enero o febrero, sino qué será de nuestros recursos hídricos cada vez más escasos, o de nuestros bosques cada vez más amenazados por incendios forestales de dimensiones hasta ahora desconocidas. O de nuestra producción agraria, amenazada por sequías cada vez más devastadoras.
Atrás quedan las vergonzantes declaraciones de algunos de los promotores o de quienes -como la Federación Aragonesa de Montañismo- han dejado de representar sus siglas con dignidad. A menudo invocando a eso que llaman “el territorio” para justificar unos negocios particulares en los que no se juegan ni un solo euro suyo. La historia es siempre la misma: privatizar ganancias y socializar pérdidas. Por lo demás, no recuerdo tan encendida de defensa del “territorio” cuando los de Erés, Biscarrués o Santaliestra luchaban por su supervivencia frente a la amenaza de acabar bajo las aguas de un embalse.
Atrás queda también mucho tiempo, mucho esfuerzo y también mucho dinero perdido luchando (a favor o en contra) en un proyecto abocado al fracaso y que además ha dividido a la sociedad aragonesa.
Ha llegado el momento de mirar hacia adelante y de pensar en algo que beneficie de verdad a la montaña y a quienes habitan en ella. Un proyecto amable que genere riqueza sin necesidad de destruir nada; un proyecto que no suponga una colosal deuda anual como la que nos genera Aramón a todos los aragoneses. Un proyecto que respete la legalidad vigente y que sirva para conciliar voluntades.
Ese proyecto se llama Parque Natural.
La protección de los espacios naturales no sólo no está reñida con la generación de riqueza y empleo, sino que la favorece, al tiempo que preserva la identidad y el paisaje de un territorio. Ese Parque Natural habría de abarcar todo el entorno de Canal Roya, Izas y Anayet así como los cordales calcáreos de Collarada y Sierra Partacua. Espacios, todos ellos, que ya fueron reconocidos como de alto valor natural en sucesivos documentos desde hace decenas de años.
En el año 2006, y siendo Alfredo Boné consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, se inició el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua, que abarcaba más de 20.000 hectáreas de la alta montaña que se sitúa a caballo de los valles de Tena y del Aragón. La razón no era otra que dar cumplimiento a la Ley de Espacios Naturales de Aragón que obligaba a “iniciar de inmediato el procedimiento de elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales de la zona, de no estar ya iniciado, cuando de las informaciones obtenidas por el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza se dedujera la existencia de una zona bien conservada, amenazada por un factor de perturbación que potencialmente pudiera alterar tal estado”.
El factor de amenaza no era otro que las sucesivas ampliaciones del dominio esquiable de Formigal por la zona de Espelunziecha y el objetivo era – entre otros- proponer la declaración de un Parque Natural retomando así un proyecto que ya se planteaba desde el año 1994. Eran momentos en los que la Consejería de Medio Ambiente hacía sus deberes y la Federación Aragonesa de Montañismo le secundaba.
Es muy importante destacar que, durante la tramitación de un PORN, no pueden realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del mismo. Así lo dice la ley.
Tras la publicación del Decreto se inició un proceso de participación en el territorio impulsado desde la Consejería de Medio Ambiente y liderado por la consultora Atelier de Ideas, que trabajó con una exquisita sensibilidad y cuyas conclusiones principales fueron que una parte significativa de la población de los municipios implicados estaba de acuerdo con la declaración de un amplio Parque Natural.
La pertinencia de dicho Parque se hacía más obvia toda vez que Aragón está a la cola de las comunidades autónomas en superficie protegida (apenas un 5%) y muy por debajo del 20-25% típico de los países más desarrollados, y lo peor es que apenas se ha avanzado en los últimos quince años, desde los tiempos del consejero Boné. Cuando hablamos de superficie protegida de verdad, excluimos la Red Natura 2000; una bonita mancha verde en los mapas, pero con una pobre gestión y que a veces está ocupada por urbanizaciones turísticas o por explotaciones mineras activas. No en vano, la Comisión Europea está exigiendo a los Estados miembros un avance significativo en la designación de nuevos espacios protegidos, reforzando así el marco jurídico de la Unión Europea para la recuperación de la Naturaleza.
Sin embargo, la tramitación del PORN se paralizó hace más de 15 años, constatándose así que la Administración ha estado obrando con desidia y desinterés, incurriendo en una evidente dejación de funciones. ¿Significa eso que el PORN ya no está vigente?
El sentido común nos dice que una dejación de funciones jamás puede devenir en un eximente para cumplir obligaciones legales. Imaginemos, por ejemplo, que una intervención quirúrgica en la sanidad pública se demora varios años y que ello diera lugar a una cancelación de la operación por parte del propio sistema sanitario. Imagínense que al pobre desgraciado le dicen 15 años después que ha perdido el derecho a ser operado porque ya ha pasado demasiado tiempo. Y todo sin haber tenido culpa alguna ni haber sido informado de nada.
Pues bien; lo que dicta el sentido común también lo dictan las leyes. No sólo porque se mantiene una protección preventiva durante la tramitación del PORN, sino también porque dicho régimen de protección ni decae ni caduca. ... ¡el PORN Anayet-Partacua sigue plenamente vigente! Así lo afirman todos los juristas consultados, que nos recuerdan la numerosa jurisprudencia al respecto, como la Sentencia nº 2583/2016, de 12 de diciembre del Tribunal Supremo.
Entonces… ¿por qué hemos escuchado declaraciones de los promotores del proyecto de teleférico afirmando que el PORN estaba caducado? Sencillamente, porque el letrado jefe de la DGA, Juan Pérez Mas y cargo de libre designación desde hace unos meses, así lo expresó en un escrito, lo cual nos conduce a una nueva pregunta… ¿por qué un letrado bien formado es capaz de contradecir varios artículos de la legislación básica recurriendo a piruetas dialécticas más que discutibles?
Así, por ejemplo, la caducidad “automática” que el señor Pérez Mas pretendía en su escrito es una invención suya basada en una alegre interpretación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Espacios Naturales de Aragón; disposición que en realidad se refiere a los planes de gestión de los Espacios Naturales Protegidos, que no a los PORN.
En cualquier caso, ese escrito de Pérez Mas no deja de ser un texto irrelevante a efectos jurídicos, ya que se trata de un informe que ni es preceptivo, ni es vinculante, ni forma parte de ningún acto administrativo. Otorgarle validez ejecutiva a una opinión personal así formulada, supondría una quiebra del estado de derecho pues, como tal, ni siquiera puede ser recurrida.
Lo cierto es que la declaración de caducidad del expediente de tramitación del PORN exigiría un acto administrativo expreso (presumiblemente un Decreto del Gobierno de Aragón, de igual rango jerárquico que el acto por el que se inicia) en el que quedaran adecuadamente motivadas las razones que justifican la no necesidad de mantener el régimen de protección preventivo ya instaurado mediante el Decreto 223/2006.
Difícil papel tendría quien firmase la supresión de esa protección preventiva garantizada en ley básica y autonómica de aplicación, a pesar de concurrir en el espacio las mismas circunstancias – incluso más agravadas - que justificaron la adopción del mentado régimen cautelar en el año 2006. Una caducidad que además no se podría verificar del silencioso modo que pretendía el letrado jefe, pues sería preciso garantizar previamente lo indicado en el artículo 3.2 a), c) y d) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Si las cosas fueran como pretende Pérez Mas… ¿dónde queda la manida transparencia si ni siquiera sabe nadie el momento exacto en el que el PORN habría caducado? Una caducidad – por otro lado- que no se la cree ni el propio Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), toda vez que sigue informando puntualmente de todos los proyectos que afectan al ámbito del PORN.
Pero dejemos de lado todas estas disquisiciones sobre la vigencia de un PORN que hace años debería haberse aprobado. Decía antes que ahora es momento de mirar hacia adelante. Es momento de obligar a la Administración a escuchar a la ciudadanía que -a través de ejemplares y masivas movilizaciones sociales- se viene manifestando en los últimos meses clamando por la protección de Canal Roya.
Dentro de unos meses habrá un nuevo Gobierno que deberá tomarse en serio la protección del medio ambiente, despojada hace años de una consejería específica. Quien suceda al consejero Joaquín Olona no puede continuar siendo “la zorra cuidando al gallinero” subordinada a otros intereses. Es preciso abordar el PORN recuperando la legalidad y el buen hacer y – llegados a este punto- actuar con audacia dentro del marco legal. Creo que concurren razones sobradamente justificadas para aplicar el artículo 19.4 de la Ley de Espacios Protegidos, aquel que permite declarar el Parque Natural de Anayet-Partacua previamente a la aprobación del PORN… ¿a qué estamos esperando?