El 17 de agosto se ha constituido el Parlamento salido de las elecciones del 23 de julio y, como es obvio, se ha elegido la Presidencia del Congreso de los Diputados que lo es, además de las Cortes Españolas. Las funciones de dicho cargo están determinadas en el artículo 32 del Reglamento del Congreso, que establece que ostenta la representación de la Cámara, asegura la buena marcha de los trabajos; dirige los debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los pagos; cumple y hace cumplir el Reglamento, lo interpreta en los casos de duda y lo suple en los supuestos de omisión, si bien para dictar una resolución de carácter general, necesita el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
Se escoge, además, la Presidencia del único poder del Estado escogido por voto directo, que, es inamovible durante el mandato legislativo, pues incluso habiendo un cambio en la Presidencia del Gobierno la Presidencia del Congreso permanece invariable hasta la Constitución del siguiente Parlamento.
En los últimos días se ha comentado que la no repetición de Meritxell Batet como Presidenta del Congreso vendría por voluntad propia al no obtener ya, ni siquiera, el apoyo de la eventual coalición de gobierno que permitiría la reedición de un Gobierno de Sánchez; Y es que resulta que han sido muy cuestionadas algunas decisiones tomadas por dicha Presidenta; Tal es el caso de no haber acometido algunas reformas en el hemiciclo ( acceso a los escaños ) para adaptarlas a parlamentarios y parlamentarias con movilidad reducida o la retirada del Acta de Diputado del parlamentario de Podemos Alberto Rodriguez condenado por el Tribunal Supremo a 45 días de prisión e inhabilitación para el desempeño de cargo público que le supuso la pérdida de la condición de parlamentario. En ambos casos la política catalana no pudo apelar a su autoridad presidencial y tampoco ejerció como tal en los más agrios debates de la legislatura cuando se han permitido toda una gama de insultos y adjetivos proferidos por los partidos más extremistas y que resultan completamente inapropiados en sede parlamentaria.
Tal ausencia de autoridad en la Presidencia del Parlamento deriva de los escasos votos con que salió elegida (175) , del perfil personal de la propia política (mucho más política que jurista por mucho que sea Profesora de Derecho Constitucional) y de la fragmentación de fuerzas del Parlamento.
Quedan lejos los tiempos, en todos los sentidos, en los que el diputado mallorquín Félix Pons fue investido Presidente del Congreso de los Diputados; En 1986 accedió a tal cargo por 322 votos; En aquel entonces formaban parte del arco parlamentario doce fuerzas políticas (una más que las que hay en la actualidad tras los últimos comicios) y Felipe González era reinvestido presidente del Gobierno, resultando no obstante un apoyo abrumador a la figura del letrado insular Félix Pons que fue votado hasta por sus adversarios políticos. La razón de semejante consenso estribaba en un inusual sentido de la ecuanimidad política que le fue reconocido en su tiempo y que le permitió repetir el cargo del Presidente del Congreso en dos ocasiones más. Otro caso de presidente elegido con amplísimo consenso fue el de Gregorio Peces-Barba. El que fuera abogado ante el Tribunal de Orden Público en 124 ocasiones, ponente constitucional y catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad Carlos III fue elegido en 1982 por 338 votos a favor, 8 en blanco y ninguno en contra. En el discurso inaugural declaró: La objetividad, la imparcialidad y la independencia serán los principios inspiradores de la actuación del Presidente y de la Mesa" (Sesión de 18 de noviembre de 1982).
Por último, aunque no de forma limitativa, cabe citar a Landelino Lavilla. El que resultó elegido Presidente del Congreso en 1979 con 186 votos constituyó, pese a no contar con un elevadísimo apoyo, un presidente de buen recuerdo pues , en su función de mantener el orden en los debates prohibió que se utilizasen expresiones que crispaban el debate parlamentario por hacer alusión a los bandos contendientes en la Guerra Civil, tradición que se mantuvo como uso parlamentario durante décadas . Por lo demás era un jurista de una calidad excepcional pues tan solo con veinticuatro años fue letrado del Consejo de Estado, la que constituye con más de 500 temas la oposición jurídica más dura que hay en España. Fue el número uno de su promoción.
En definitiva, la Presidencia del Congreso de los Diputados, lejos de concebirse como un premio político por la fidelidad o los réditos electorales de determinadas personas a sus partidos debe entenderse como la autoridad de moderación, de consenso y de desarrollo de la función legislativa y de control del Gobierno de las Cortes españolas, donde reside la soberanía popular, y debe recaer en una persona con extraordinaria capacitación, pero , además, elegida con amplísimo consenso y obviando en su caso su adscripción política. Solo así se conseguirá que la Presidencia del Congreso lo sea de todos los diputados y diputadas y por ende la Cámara Legislativa de todos los ciudadanos y ciudadanas.
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