Lamentablemente en los últimos tiempos estamos sufriendo gravísimas situaciones muy dramáticas que ponen en entredicho la inversión, gestión y mantenimiento de nuestras infraestructuras, unas veces por exceso, con la consiguiente falta de conservación, y otras por defecto al no llevarse a cabo por distintos motivos la implantación de obras necesarias y que la sociedad demanda. Tal es el caso de la tragedia acontecida por motivo de la Dana, el de los aparatosos incendios del verano pasado, el desgraciado accidente de Adamuz, tal vez evitable, el permanente y ahora denunciando mal estado de las carreteras, la alarma que surge y avisa de la necesidad de un mayor y mejor control y seguimiento de la seguridad en las presas, el mal estado y suciedad de nuestras calles y avenidas y como último escándalo la rotura de una pasarela peatonal en Santander.
La pregunta que nos hacemos es, ¿quién tiene que planificar? Como ha ocurrido hasta los últimos 25-30 años deben ser los técnicos, fijándose desde el Congreso de los Diputados las grandes políticas de inversión en infraestructuras, y que se cumplan, siendo los técnicos quién las han de desarrollar. En la Administración debe eliminarse el clientelismo, el servilismo, la endogamia y la sumisión, estando al servicio de todos, independiente, despolitizada, eficaz, profesionalizada y tecnificada.
Para evitar situaciones como las antedichas, los gobernantes además de cortar cintas deben conservar el patrimonio aunque ello no valga para hacerse propaganda, lo que implica invertir lo necesario en ello, detrayéndolo de las actividades de relumbrón o de las que son puro clientelismo, tales como el mantener empleados públicos superfluos u otorgar subvenciones innecesarias a afines o votantes.
Los responsables de las tareas que debe hacer la Administración han de ser los mejores profesionales, siendo esencial la dirección, para marcar el rumbo y llevar el timón, debiendo adoptar decisiones aunque a veces pudieran ser molestas. Lo contrario es la esterilidad, la falta de iniciativa y la irresponsabilidad frente a los riesgos, dando lugar a las catástrofes y reiterados accidentes. La gestión debe afrontarse a través de técnicos competentes y profesionales, aportándoles los medios necesarios, y no por organizaciones politizadas que busquen el voto fácil e interesado y no el proteger al humano, el bien social y el servicio público.
Precisamente, a principios del siglo XIX, como consecuencia de varias catástrofes derivadas de la construcción de obras públicas por personas no cualificadas y gestionadas por una serie de arribistas incompetentes dio lugar a que por parte de Agustín de Bentancourt se fundase la Escuela de Caminos y Canales en la que se impartían los fundamentos básicos para ejercer la profesión, abasteciéndose de ella la Administración y posteriormente también las empresas. A imagen de esta Escuela, más tarde se desarrollarían las especializadas en otras materias. Los técnicos que en ellas se forman son personas que saben ver, observar y pensar, para después decidir con criterio y sin dejarse llevar por presiones e intereses; es decir, ingenieros que sirvan a la función para la que fueron creados, personas técnicamente preparadas, cultas e integradas en la sociedad, que defienden el interés público y nos los creados.
Los gobiernos que toman mejores decisiones son los que se apoyan en una función pública profesionalizada, tecnificada y despolitizada a la que se accede por concurso objetivo, igual, transparente y abierto en el que se valore el mérito y la capacidad. La posterior carrera administrativa debe guiarse de forma reglada por los mismos criterios para que los funcionarios defiendan el interés público y no las conveniencias políticas coyunturales de los que mandan, lo que lleva a los puestos directivos a los que venden su alma al poder en vez de reservarla para los ciudadanos.
La colonización de la administración en la política unida a la duplicidad de puestos entre la central y las autonómicas, sublimado por el clientelismo que aumenta en estas últimas y en las locales ha generado una catástrofe que es ya sistémica en todas ellas, llegando el virus de la arbitrariedad principalmente a través de las empresas públicas y creando en los niveles más altos, constantemente y en espiral, numerosas plazas de asesores y secretarios varios que se interponen entre lo que debería ser la línea política y la pirámide administrativa.
Por eso es lenta y ineficaz. Nadie arriesga para resolver y obtener un permiso, recibir una subvención, conseguir una ayuda o simplemente el día a día, es un calvario. Los presupuestos no se ejecutan, los programas son entelequias fantasiosas y los fondos europeos se despilfarran.
La solución no es disolver la Administración porque ésta es esencial en una sociedad que, por su propia naturaleza, debe equilibrar lo público y lo privado, tanto para realizar misiones en que ambos deben repartirse los costes y los beneficios, como para crear una comunidad estable y que progrese.
Lo mismo puede decirse respecto a algunas actuales demandas que exigen equiparar los grupos A1 y A2 de la Administración o lo que es lo mismo que los funcionarios A2 puedan optar a las plazas de A1, que actualmente está pendiente de debate en el Congreso de los Diputados. Son válidos los argumentos anteriormente expuestos. Los profesionales del grupo A2, en general, no poseen los conocimientos básicos de los del A1 por lo que auspiciar a que ocupen puestos de superior categoría llevaría a que al final los resultados obtenidos quedarían degradados con los consiguientes problemas de calidad en el servicio y detrimento del interés público. Todo lo anterior que se ha aplicado de forma específica al caso de la Administración puede decirse para la empresa, tanto pública como privada. Éstas han de rodearse de los mejores profesionales, técnicos competentes, y reservar para cada uno su especialidad y categoría.
Por último, es muy importante responsabilizar al gestor de todas las fases del ciclo de vida de una infraestructura: proyecto, construcción, explotación y mantenimiento, exigiendo una serie de indicadores de forma que en todo momento se preste el servicio en las mismas condiciones que el día de su apertura. Para ello es muy eficaz el sistema de concesiones y la colaboración pública - privada. Es muy grave la tendencia que ahora se quiere imponer de licitar las operaciones de mantenimiento simplemente mediante el procedimiento de subasta en detrimento de los concursos, no primando el resultado, aludiendo a criterios objetivos para evitar la corrupción. Primar el precio por encima de la calidad del servicio prestado es un error y no garantiza de forma efectiva una mayor prevención de prácticas irregulares.
Debe apostarse por proyectos en base al valor que aportan, no en lo poco que cuestan sobre el papel. La inversión en infraestructuras no debe afrontarse como un gasto que debe recortarse al máximo sino como una apuesta por el futuro, creando infraestructuras modernas, sostenibles y eficaces ante los nuevos retos que se presentan. Debe valorarse la experiencia, la innovación, la calidad técnica y ambiental y los progresos en seguridad, alcanzando la mejor relación calidad / precio en el servicio prestado que redunde en la seguridad y mejora de las condiciones de vida de las personas.
Por tanto, ahora que en breve plazo van a constituirse las nuevas organizaciones en las Comunidades Autónomas, y a no mucho tardar las del propio Estado, es cuando debe plantearse el modelo de gestión que se quiere. Está claro que el actual está “gastado” y “desviado”, siendo el momento de reconducir la situación con el objetivo de un mejor servicio público. Se ha hecho un análisis del panorama en relación con las infraestructuras, pero análogamente podría hacerse extensivo a otros ámbitos como son la educación, cultura, economía, sanidad e incluso el turismo y el ocio. Recapacitemos y elijamos el mejor modelo de gestión. Estamos a tiempo.