Durante ocho años, a nadie le ha importado la figura de Pedro Trapote, pero desde hace una semana lleva en boca de todos. Este hombre no es más que un empresario, como tantos otros, que se dedica al ocio y a la hostelería. Hasta ahí, todo normal. Pero en el año 2016, los inspectores de Hacienda, con sospechas de que había ocultado información a la Agencia Tributaria, entraron en sus locales y en su casa. Las pruebas que encontraron condujeron a confirmar las sospechas. Entre impuestos sin pagar, recargos y multas, la deuda de Trapote ascendía a casi cuarenta millones de euros.
La semana pasada la Audiencia Provincial de Madrid declaró nula la multa que le habían impuesto a este contribuyente por un motivo muy claro: los inspectores de hacienda no tenían permiso para entrar a registrar los locales y la casa de Pedro Trapote.
Esto no es algo único y excepcional. Es una constante dentro de las noticias sobre Hacienda. El miedo tan terrible que transmite esta agencia gubernamental ha provocado que sus funcionarios se consideren intocables. Lo peor de todo es que lo hemos permitido.
El caso de Trapote es paradigmático. Hace ocho años un inspector empezó a investigar las cuentas de este ciudadano y le puso una multa millonaria. Pero no lo hizo por amor a las cuentas públicas, sino que el inspector (o inspectores) encargado del tema se llevó un bonus a final de año por tan alta multa. Ahora, tras el fallo de la audiencia provincial (que viene precedido de una sentencia en primera instancia), a los responsables de este atropello legal no les pasará nada. Ni se les quitará el bonus que cobraron ni tendrán represalias en su trabajo.
El año pasado, el 40% de los procesos judiciales abiertos contra Hacienda acabaron a favor del contribuyente. Esta cifra es sólo de los casos que llegan a juicio. Hay muchas reclamaciones que no llegan a juicio y se solucionan entre abogados. También hay un 11% de los procesos judiciales que acaban en acuerdos una vez que ha empezado el juicio, aquí podríamos decir que es un acuerdo parcial, se negocia la cuantía y así Hacienda no se arriesga a perder.
Toda esta problemática pasa por la falta de consecuencias. El ciudadano tiene todas las de perder contra la gigantesca Hacienda, mientras que el inspector está cubierto y cobra el bonus aunque se equivoque.
Por cierto, toda la culpa de esta situación no es exclusiva de los inspectores de Hacienda. Cuando desde la Agencia Tributaria van a acusar a un contribuyente de delito fiscal, el caso pasa a un abogado del estado dependiente de la fiscalía. ¿Saben cuántos casos ha dicho la fiscalía que no eran constitutivos de delito? Ninguno. La totalidad de las veces dan la razón a los inspectores de Hacienda. Esto se debe a que prima la ley del mínimo esfuerzo. Si el fiscal aprueba la idea de Hacienda, sólo debe firmar la petición que le llega. Si en cambio, considera que el inspector se equivoca, debe realizar un informe exponiendo su punto de vista ¿qué creen que da más trabajo?¿Una firma o redactar un informe completo?
En el Código Penal todos los ciudadanos gozamos de la presunción de inocencia y para condenarte es el fiscal quien tiene que demostrar tu culpabilidad. Con la Hacienda Pública es todo lo contrario. De entrada, tenemos la presunción de culpabilidad y debemos ser nosotros quien demostremos nuestra inocencia. ¿Dónde están nuestros derechos?