El infierno está empedrado de buenas intenciones. Las acciones de los políticos no se pueden evaluar por las motivaciones sino por sus resultados. Y los resultados que arrojan las actuaciones de este gobierno nacional son dantescos.
Gracias a la ley Rider se destruyeron numerosos puestos de trabajo y empobrecieron a los que consiguieron mantenerlo. La nueva reforma laboral liderada por Yolanda Díaz aumenta por cuatro los costes laborales y ha incrementado por seis los despidos por no superar el periodo de prueba. La subida indiscriminada del salario mínimo interprofesional ha provocado que la creación de empleo se detenga (afirmación realizada por expertos del Banco de España). La ofensiva socialista contra la energía nuclear está provocando que todas las previsiones indiquen que, en un futuro cercano, la energía española será aún más cara. Y el nuevo estatuto de los becarios está llevando a una reducción de empresas que ofertan estos puestos.
Desgraciadamente, aquí no acaba la cosa. La tónica general es que este gobierno ha pensado en el titular y no en las consecuencias. Las políticas económicas tienen consecuencias a corto y a largo plazo. Estas últimas, el largo plazo, son las que de verdad importan. Es como su salud. A corto plazo puede darle satisfacción fumar, pero a largo plazo las consecuencias serán nefastas. Ahora es usted el que debe decidir si prefiere la felicidad ahora y los problemas después o el sacrificio temporal por un bien superior luego. Sin embargo, mientras en una acción individual es usted el que paga las consecuencias, en el caso del gobierno, somos todos nosotros quienes cargamos con las malas acciones.
A bombo y platillo se ha anunciado que se ha prorrogado la prohibición de desalojar a las familias vulnerables durante todo el 2024.
Como todo en esta vida, el titular muestra una cosa, y la noticia es totalmente distinta ¿A qué llaman familias vulnerables? Empezamos por el caso menos “vulnerable”, una unidad familiar sin hijos se puede considerar vulnerable si entre toda la unidad (dos personas) cobran menos de 1.613,52€. El 30% de los españoles cobra menos de 1.440€. Es decir, en esta definición de vulnerabilidad cabrían la mayoría de los españoles.
Al criterio de la renta habría que añadirle algunos complementos por hijos, ascendentes o discapacidad intelectual o física.
¿Está mal ayudar a los vulnerables? No.
Los problemas vienen cuando nos preguntamos ¿Quién está ayudando? El gobierno sólo ha prohibido el desalojo. No pone casas sociales o se hace cargo de la deuda de dichas familias vulnerables. Por lo tanto, quien está ayudando no es el Estado, sino el propietario de la casa. Sin importar, si el propietario es una gran empresa o un individuo que tenía sus ahorros invertidos en ladrillo.
Pero tranquilos, el gobierno no va a dejar desamparados a los propietarios. Existe una especie de indemnización. Las autoridades correspondientes calcularán cuál es el alquiler medio de la zona (nunca superior a la cuota pagada por el inquilino) y, una vez que el inquilino haya salido de la vulnerabilidad, se le pagará al dueño de la casa. Si los costes en los que ha incurrido el propietario durante este tiempo, por culpa de la familia vulnerable, han sido mayores de lo que recibe del Estado, no es problema del Estado.
¿Y es sencillo declararse persona vulnerable? Puede presentar los papeles en el juzgado o un escrito en el que se afirme que se es vulnerable. Mientras los jueces dictaminan si se es o no vulnerable, o se espera a que vengan servicios sociales a confirmar esa vulnerabilidad, el propietario, no puede desalojar.
En conclusión, como son los propietarios los que se harán cargo de la política de protección social de este gobierno, los nuevos contratos de alquiler serán más estrictos (mayor fianza, más requisitos de solvencia, etcétera) y los alquileres serán mayores. Lo que provocará que los verdaderamente vulnerables, tengan mayor dificultad a la hora de encontrar casa.
Una cosa es un titular, y otra la verdad.