En los últimos retazos de curso político, desde el gobierno, y el consejo de ministros, se han puesto manos a la obra para atajar y solucionar el mayor problema económico que sufre nuestro país: la reventa de entradas.
Cualquiera pensaría que los miembros de este gobierno intentarían solucionar las tasas estructurales tan altas de paro que sufre nuestro país, o los retrasos permanentes de los trenes de la empresa pública Renfe, o pondrían en marcha un nuevo sistema que procure la sostenibilidad financiera de las pensiones. Pero no. El tema de este Julio ha sido la nueva regulación que se quiere sacar a comienzos del próximo curso político para luchar contra la reventa de entradas.
La nueva legislación que quieren aprobar impide que haya una reventa lucrativa de entradas de cualquier clase de evento, tales como conciertos, partidos de futbol, festivales o espectáculos varios. Si el público en general tiene memoria, se acordará de que a principios de los 2000, hubo numerosas campañas contra la reventa de entradas. Y si esto ocurría hace veinte años es porque la regulación que quieren llevar a cabo desde el Gobierno de Pedro Sánchez está vigente desde hace cuarenta años. La ley que prohíbe la reventa con fines lucrativos y establece un reglamento con sanciones se aprobó con el gobierno del socialista Felipe González.
Si ya existe la legislación ¿para qué se ha anunciado con bombo y platillo la ley contra la reventa? Pues por dos motivos muy relacionados con la vagancia, la inutilidad y la maldad.
El primero es que estamos acostumbrados a identificar a un trabajador como alguien que hace cosas. Cuando vemos a una persona en su puesto de trabajo, tecleando en el ordenador, el común de los mortales piensa que esa persona está trabajando. Y no tiene por qué ser así. Hay que trabajar con cabeza y el verdadero trabajador tendrá resultados que mostrar, el malo, solo una lista de cosas que ha hecho que no sirven para nada. Generalmente los vagos, son los que más cosas parece que hacen, pero no tienen ningún resultado que mostrar. Con este gobierno (y otros tantos), pasa lo mismo. Si pueden decir que están aprobando leyes, reglamentos, decretos o mociones, pueden vender a su electorado que están “trabajando por España”. Pero ¿tienen algún resultado que mostrar? Ninguno. Miren los indicadores económicos, sociales, de seguridad o medioambientales de la España de Pedro y verán los verdaderos resultados. Todos nefastos.
El segundo de los motivos es más egoísta. El tiempo es limitado en las tertulias televisivas y en los informativos y el espacio es muy acotado en las columnas de opinión como esta. Si un vocero del gobierno sale a vender la lucha contra la reventa como una política que permitirá a toda la población acceder a la cultura de forma equitativa; si además explica la manera tan complicada que tiene la nueva regulación para estimar si se está cometiendo el delito de reventa y, por último, esto lo repiten en sus medios amigos y afines, lo están convirtiendo en un tema sobre la mesa. La gente hablará de esto en vez de hablar de los temas realmente importantes de la economía.
La conclusión que se puede sacar de este anuncio es que el gobierno cree que el votante es tonto. Ya que piensa que el ciudadano se tragará que ellos están trabajando por España al sacar “reglamentos” y porque tiene la esperanza de que hablar de esto hará que la gente se olvide de lo verdaderamente importante: el precio de los pisos sube, los salarios se estancan y la tesorería de la seguridad social está en quiebra.