Vuelve la amenaza del trasvase del Ebro a llenar de titulares y debates la campaña electoral. Este clásico de la política nacional reaparece con cada cita con las urnas para azuzar la confrontación partidista y el enfrentamiento territorial. Un populismo hídrico que responde al lema de “agua para todos” y que apela directamente a la igualdad que debe prevalecer entre los españoles por encima de cualquier egoísmo regional. Prometer agua en esta España reseca siempre asegura una buena cosecha de diputados en las provincias con menor disponibilidad de este bien. El objetivo es hacer de la necesidad una baza electoral.
Siempre que hay una transferencia de recursos entre territorios acaba habiendo un trasvase de personas. Estos días el foco de atención ha estado puesto en el caudal “excedentario” del Ebro, hace poco estaba en la autopista eléctrica que atravesará la provincia oscense hacia Cataluña y quizás, mañana, estará en una conducción de hidrógeno verde con destino a Sagunto producido en algún lugar de la provincia de Teruel. Esta política tiene como única misión asegurar los suministros básicos de las economías más prósperas del país. Producir y trasvasar. Estas interconexiones se están diseñando con la perspectiva de convertir los territorios del interior de España en meros proveedores de recursos energéticos, hídricos o de cualquier otro tipo. Un modelo económico que está ensanchando el desequilibrio regional de España.
Coinciden en este desequilibrio la España vacía y la España seca, dos realidades territoriales que convergerán en el futuro a causa de la emergencia climática y demográfica que se anuncia. Este nuevo marco geográfico se caracterizará por un vasto espacio vacío en el interior peninsular y un territorio densamente poblado -y ocupado- en la periferia y en la comunidad de Madrid. La proyección de población española que ha realizado recientemente el Instituto Nacional de Estadística muestra que esta tendencia va a intensificarse en las próximas décadas. En este escenario, el verdadero trasvase del Ebro no será de agua, o no sólo, sino que será de personas.
Es muy posible que lo que se entiende comúnmente por trasvase del Ebro nunca se haga realidad. No hay ingeniería política que compense la erosión electoral que se produciría en las regiones obligadas a ceder un volumen de agua cuyo aprovechamiento, además, está comprometido en los planes vigentes. Tampoco existe una ingeniería civil que resuelva satisfactoriamente los problemas de viabilidad económica a la que se enfrentaría esta infraestructura desde el inicio mismo de su construcción. El escenario previsible si se llegara a acometer esta obra pública sería una mezcla de agujero presupuestario, problemas ambientales, costes disparados y uso limitado de la infraestructura a causa de las sequías recurrentes. Un disparate, por otro lado, que vienen denunciando los agricultores y regantes del Delta del Ebro desde hace tiempo.
El crecimiento desordenado y la falta de medidas que compensen los problemas sociales y medioambientales del modelo económico va a acelerar, todavía más, el trasvase de población a las ciudades y a los entornos urbanizados de la costa mediterránea. Sorprende, por tanto, que una iniciativa como el trasvase del Ebro que favorece la emigración entre regiones figure en la agenda política de algún partido de ámbito nacional.
No es este trasvase el que nos tiene que preocupar en estos momentos. El enorme espacio despoblado y desocupado de la España interior se está convirtiendo en la actualidad en un objeto preciado para los inversores y para los grupos empresariales. Nunca se habían desatado tantas presiones políticas a cuenta de la ordenación del territorio y de sus potenciales usos como en la actualidad. Hay mucho negocio en la transición energética y en la industria extractiva. De como resuelva este desafío la política dependerá que estemos más o menos protegidos de los trasvases en un futuro.