La sentencia del Supremo respecto a la propiedad del Santuario de Nuestra Señora de Casbas, en Ayerbe, no ha hecho más que corroborar lo que era evidente. Otra cosa es que haya quedado un problema sin resolver.
A lo largo de toda la historia se han creado situaciones de propiedad para las que la costumbre inveterada por la aceptación de todos no ha necesitado plasmarlas en papeles o documentos. En una larga trayectoria en que pueblo y parroquia estaban identificados, fieles y habitantes de una localidad eran los mismos, ha habido asuntos como han sido los relacionados con la propiedad de los edificios religiosos que no se ha puesto en cuestión ni se ha discutido el gestor. Porque había entendimiento no hubo retraimiento en la colaboración para el mantenimiento incluso para la construcción previa. Por la misma práctica no había problema para el disfrute de la comunidad constituida por todos los habitantes de la localidad. Era el derecho consuetudinario que no ha puesto en cuestión la propiedad de los edificios religiosos y ha creado un modus operandi, hoy diríamos por defecto, con respecto a reconocer una propiedad. Cuando una colectividad pretende hacer ver las cosas de otra forma es ella la que lo tiene que probar contra lo que históricamente estuvo generalizado y admitido.
Hoy la práctica es diferente, la parroquia no es el ayuntamiento, el alcalde y el cura son gestores distintos. Y los habitantes de una localidad no necesariamente son fieles aunque sintonicen con temas y aspectos religiosos que pertenecen a su historial local y, por lo tanto a su identidad. Implica una percepción diferente de lo que está en el pueblo, es de todos y quiere ser mantenido por la sociedad civil, porque afortunadamente no reniega de su pasado.
Desde otra perspectiva y formando parte del problema, hay que añadir que ninguna institución, sociedad y mucho menos empresa puede atender, con evidente carencia de recursos, no menos de cuatrocientos edificios. A esto hay que añadir cargas muy pesadas, hablando del Obispado de Huesca como, pongamos por caso, la Residencia sacerdotal, el Seminario ubicado en Capuchinas, la Compañía y su exconvento, por citar como muestreo algunas cargas y la Catedral y su Entorno. Esta situación, de hecho, es insoluble. Las piruetas contables rozan la provocación y las trapazas llevan a presentar un estado de cuentas anual indigerible desde hace varios años, constituyendo una tomadura de pelo con respecto a la trasparencia. Nunca se ha podido precisar que se hacía exactamente con el dinero al presentar todo con intencionada confusión. Por si fuera poco el último estado de resultados fue con déficit motivado por el antojo servil del acomodo de un tercer piso para el obispo, con arbitrariedades como la de un yuxtapuesto acceso, con solución que roza lo chungo. Puede explicarse como algo coherente con la precariedad del personal gestor pero es inadmisible por ser injustificable.
La sociedad está lejos de ser de sensibilidad creyente, con tendencia al incremento de la increencia. El patrimonio de la iglesia es enorme y no solo no cuenta con ingresos para mantenerlo sino que carece de personal gestor con ideas, capacidades y lo que es peor sin interés. Todo equipo nuevo que se ofrezca a introducir sensatez y racionalidad en este confuso problema de las cuentas va a tener enfrente los mismos actores de siempre pertrechados de las atávicas deficiencias. A ello hay que añadir no pocas limitaciones derivadas de las peculiaridades del derecho interno de la institución.
El obispado ha perdido la oportunidad de empezar a enfrentarse a la contradicción de poseer desmesuradamente y no poder gestionar. Es el juego obsesivo de siempre de querer tener y no estar dispuesto a compartir. Desde hace décadas se pide otras soluciones que ahora se habían presentado en el entorno social de la ermita de Casbas. El Ayuntamiento de Ayerbe está interesado en mantener adecuadamente un edificio que el Obispado no puede asumir. Las limitaciones jurídicas de la institución son insoslayables, pero las soluciones se pueden encontrar. La práctica y formula establecida con las Miguelas y su cesión de parte de su terreno al Ayuntamiento de Huesca es una forma de salir al paso.
Son muchos los Ayuntamientos que asumirían con gusto el mantenimiento de edificios religiosos, para ello el clero tiene que abrirse a la búsqueda de otras formulas y los Ayuntamientos matizar su pertinacia en reclamar propiedades no fáciles de trasferir. Está por medio la fórmula de la posesión sin propiedad, mientras el ordenamiento jurídico sea el que es.
En toda esta cuestión del Patrimonio religioso de la Diócesis con un clero que no entiende y, lo que es más grave, carece de interés tiene peculiar relevancia y gravedad el asunto del Entorno de la Catedral hundido en la permanete desidia. Por decencia de compromiso social, y voluntad de querer solucionar un grave problema debe ser afrontado desde vías al margen de la economía general de la Diócesis y Obispado, lo que no quiere decir prescindiendo de él.
El Entorno con su Catedral debe ser gestionado por alguien o algo que frene su deterioro y pérdida de oportunidad de cara, simplemente, a mantener las raíces de la creencia y religiosidad del histórico y antiquísimo Obispado de la ciudad. Diletantes ignorantes, incapaces y sin interés seguirán incrementando su deterioro y hundiéndolo en la ruina, por muy legitimados que se vean para impedir que otros se inmiscuyan. De ello es indicio la lamentable constatación de que, cuando ha habido legados y donaciones, alguno sustancioso, o se han querido sisar para enmascarar entuertos administrativos o, simplemente, se han menospreciado al margen de cualquier pudor para mantener apariencias mínimas de comportamiento educado. Quien pretenda pasar de puntillas debería hacer las maletas, antes de descalabrarse.