Pedro Sánchez y María Jesús Montero acaban de hipotecar el futuro de nuestros hijos (y nietos) mucho más de lo que ya estaba. El gobierno socialista ha cumplido su amenaza y ha aprobado esta semana la compra de deuda pública a las comunidades autónomas. No es una medida inocua. El gobierno, utiliza el dinero de todos los contribuyentes para beneficiar, no a los ciudadanos, sino a los dirigentes autonómicos que malgastaron y derrocharon dinero. Desde la Moncloa se ha regalado 83.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas. No se crean que esto saldrá gratis. Cuando en un futuro suban los impuestos o pongan peajes en las autovías, acuérdense de esta medida.
Algunas de las comunidades autónomas han tenido un gasto desmedido en un intento de comprar votos y también porque han gastado en competencias exclusivas del estado, tales como embajadas y televisiones autonómicas. Esto ha provocado que algunas regiones tuvieran unos servicios públicos de primera calidad, muy superior a lo que se podían permitir, pero a un coste: de endeudarse. Otras regiones, por el contrario, han intentado tener unas cuentas equilibradas, aunque eso supusiera malestar por parte de sus votantes. Y así hemos llegado al 2025, con unas regiones endeudadas pero que no han sufrido necesidades y otras regiones, con cuentas más saneadas, pero que han tenido que apretarse el cinturón para eso. La medida del gobierno beneficia a los derrochadores, ya que no van a tener que pagar la factura de sus locuras.
Desde la AIREF hasta el último profesor de economía, ven esta medida como un tiro en el pie a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Es cierto que desde el Banco de España no han dicho nada, pero no es de extrañar, el actual director de la institución ha sido ministro de este gobierno. El mismo Escrivá que antes de llegar al gobierno señalaba la irresponsabilidad de los dirigentes autonómicos, ahora calla.
Sin embargo, esta medida tan desastrosa podía haber sido beneficiosa para la nación con sólo dos detalles: reestructuración del gasto público y compromiso de austeridad. Si las regiones, para poder beneficiarse de esto hubieran firmado un compromiso de reestructurar sus gastos, en otras palabras, reducir en lo que se gasta, significaría que en el futuro cercano (esta legislatura), las cuentas públicas de las regiones se sanearían, permitiendo tener una mejor salud económica para enfrentarse a un futuro que se prevé turbulento en lo económico. El segundo de los detalles es obligar a las regiones que se beneficien de esta ayuda a mantener su nivel de endeudamiento, o dicho de otra manera, a no volver a pedir prestado. A vivir de los ingresos que tienen (lo que obtienen vía impuestos).
Con esos dos simples detalles, una medida que ha sido criticada por todos, sería aplaudida por aquellos que vemos que la economía española va mal, y más concretamente, vemos como las administraciones públicas son un freno al crecimiento sostenido y sostenible.
Estos dos simples detalles separan a un gobierno que quiere mantenerse un poco más en la Moncloa a un gobierno que hubiera pensado en el futuro de España.