Sijena ya no es un problema patrimonial ni una discrepancia jurídica. Es algo mucho más grave: es la constatación de que en España hay quienes consideran que las sentencias se obedecen solo cuando convienen y les son favorables. Y una vez más, el Partido Socialista es el protagonista de esta deriva.
El Tribunal Supremo ha hablado de forma clara, firme e inequívoca. Ha ordenado la devolución de las pinturas murales a Aragón. No hay interpretación posible ni margen político. No hay negociación que valga. En un Estado de Derecho serio, esto bastaría para que las instituciones actuaran inmediatamente.
Pero no vivimos en esa normalidad. Lo que estamos viendo es una cadena de excusas, retrasos calculados y maniobras para esquivar la ejecución de la sentencia. Y lo más preocupante: el cuestionamiento abierto de las decisiones judiciales por parte de responsables políticos.
Que un ministro del Gobierno califique de “vergüenza” una sentencia firme del Tribunal Supremo no es un desliz. Es un síntoma de una cultura política que considera las instituciones como herramientas al servicio de un proyecto ideológico, y no como límites que hay que respetar.
Y el problema no acaba ahí. Instituciones gobernadas por el Partido Socialista han adoptado decisiones destinadas a entorpecer el cumplimiento de la sentencia. Se recurre, se dilata, se gana tiempo. Siempre hay una excusa técnica, un procedimiento pendiente, una interpretación interesada. El objetivo es evidente: que lo que dice la justicia no se ejecute cuanto antes.
Este comportamiento no es nuevo. Responde a un patrón. El mismo que se ha visto durante años en Cataluña con el incumplimiento de resoluciones judiciales. El mismo que se observa cuando se retuercen las reglas para acomodarlas a intereses políticos. Y cuando las sentencias se ejecutan, se desactivan las consecuencias a modo de amnistía. El mensaje de fondo es devastador: la ley no es igual para todos.
Especialmente sangrante es el doble discurso socialista. Se promete acatar la sentencia mientras, en la práctica, se actúa en sentido contrario. Se habla de legalidad mientras se bloquea su aplicación. Se apela a la responsabilidad institucional mientras se erosiona desde dentro. No es una contradicción puntual: es una forma de hacer política.
Mientras tanto, Aragón ha tenido que esperar décadas. En todo este tiempo el Partido Socialista se ha mostrado sumiso y complaciente. Nunca apostó por la judicialización, e incluso una vez judicializado siguió explorando fórmulas de cesión y cogestión. O más recientemente, cuando todos los grupos representados en las Cortes de Aragón censuramos y reprobamos las declaraciones del ministro Urtasun, el PSOE aragonés optó por ponerse de perfil.
Solamente cuando un gobierno del PP en Aragón acudió a los tribunales se obtuvo una respuesta clara. Y ahora, cuando la justicia ha dado la razón, se pretende volver al punto de partida mediante dilaciones encubiertas.
Conviene decirlo sin rodeos: aquí no hay un conflicto cultural ni artístico. Hay una sentencia que cumplir y un partido político que está contribuyendo a retrasarla. Todo lo demás son cortinas de humo.
La cuestión de fondo es muy simple. O se respeta el Estado de Derecho o se degrada. No hay término medio. Y, cuando quienes tienen responsabilidades de gobierno actúan como si las sentencias fueran discutibles, lo que se erosiona es la confianza en nuestro sistema judicial, en el Estado de Derecho.
Sijena no es solo historia ni patrimonio. Es un examen. Y el Partido Socialista lo está suspendiendo de forma preocupante.
Porque la justicia no admite atajos. Y, desde luego, no admite partidos que decidan cuándo merece ser cumplida y cuándo no.