"El 42% del Pirineo aragonés cuenta con alguna figura de protección y frente a ello, las estaciones de esquí ocupamos un 0,3% de la superficie y con eso estamos generando aproximadamente un 10% del Producto Interior Bruto de Huesca".
Esta reflexión se reitera una y otra vez desde el grupo Aramón y el Gobierno de Aragón. No tengo nada en contra de que se invierta en las estaciones de esquí para tener instalaciones de mayor calidad, más modernas y más seguras, porque efectivamente generan riqueza en nuestros valles. Pero olvidan incluir en ese mapa de impactos todas las infraestructuras fuera de los dominios esquiables y los miles de viviendas de segunda residencia que ocupan los fondos de valle y las urbanizaciones en altura.
Igualmente, parece que al Gobierno de Aragón, y a ciertos empresarios, no les resulta de gran importancia el encarecimiento de la vivienda que produce la especulación inmobiliaria generada, con toda la afectación al interés social que ello conlleva; pues los millares de viviendas libres dejan en simple anécdota las decenas de viviendas protegidas que han empezado a promover. Tampoco se dice que los altos valles del Aragón y del Gállego, con todo su rico patrimonio natural, no cuentan con ningún parque natural que pueda proteger los pocos espacios que hasta ahora se han salvado de la industria hidroeléctrica y del esquí. La inclusión de estos espacios en la Red Natura 2000 no los protege de las amenazas.
La realidad es que Aragón, “País de Montañas” como pregonan, con toda la riqueza y variedad de su patrimonio natural, está en la cola de las comunidades autónomas españolas en superficie protegida, con tan sólo el 5%. No es un error. Sólo un 5% y es la última en superficie protegida.
Ante este panorama, a quienes promovemos una defensa del medio natural y una “Montaña Digna”, se nos condena ante un jurado popular implacable, que armado de “sus razones” inunda las redes sociales con condenas morales. Así que, para que “sus señorías” dicten sentencia presentemos datos, porque dato mata al relato. O debería.
Recordemos de dónde venimos, porque de aquellos barros vienen estos lodos. A finales de marzo de 2023 se publicó el Plan de Interés del Gobierno de Aragón (PIGA) del proyecto de unión de las estaciones de Astún y Formigal mediante una telecabina por Canal Roya. Ese proyecto disparatado tenía un impacto ambiental y socioeconómico negativo sobre el territorio y contravenía el criterio de los fondos europeos de sostenibilidad turística de no causar un daño significativo al medioambiente. De hecho, el Colegio de Geógrafos criticó en su día que el PIGA “no tenía un estudio real de mercado que sostuviera las previsiones de atracción de esquiadores. El turismo de montaña necesita realidades científicas demostradas y no de análisis poco fundados de mercados futuros”. Al margen de su inviabilidad económica, el proyecto suponía una grave afección en la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y en Zona de Especial Conservación (ZEC), resultando incompatible con el régimen transitorio de protección del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua, aprobado inicialmente en 2006, y que continuaba vigente en tanto el Gobierno de Aragón no cumpliera con la obligación de tramitar el expediente hasta su aprobación definitiva o declarara su caducidad mediante decreto.
Fue el 4 de mayo de 2023 cuando Miguel Gracia, entonces Presidente de la Diputación de Huesca (DPH), ofreció una rueda de prensa para confirmar la renuncia de la DPH a seguir adelante con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que iba a financiar la unión de estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya con más de 26 millones de euros. El mes anterior los habitantes de la Jacetania y del resto de Aragón habían expresado su rechazo a dicho proyecto en sendas manifestaciones en Jaca y Zaragoza, pero el Presidente de la DPH justificó su decisión en su temor a perder los fondos europeos por no poder cumplir el calendario marcado por la Unión Europea. Se mostró entonces partidario, tal como le habían pedido los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo, de un proceso participativo para decidir qué se hace con el sector de la nieve. Afirmó que el verdadero promotor de la obra era Formigal S.A., y que “la Diputación no es la promotora sino un instrumento para ejecutarla…yo no puedo ejecutar nada si no tengo la declaración de impacto ambiental”. Continuó diciendo que en una reunión mantenida el 13 de septiembre de 2021 la DGA instó a las administraciones locales a pedir fondos europeos para la unión de estaciones.
Como consecuencia de esa renuncia el Gobierno de Aragón reasignó esos fondos en otros PSTD del Pirineo aragonés, que en su mayor parte también financian al sector de la nieve o a proyectos turísticos que banalizan el espacio natural en el que se asientan. Poca participación pública hubo entonces en la elaboración de ese PSTD, como poca participación pública ha habido en el PSTD que financia la unión de estaciones de esquí de Astún y Candanchú con más de 10 millones de euros y en el PSTD que financia, entre otros, el proyecto de Oroel-Park con 370.000 euros; promovidos ambos por la Mancomunidad Alto Valle del Aragón (MAVA).
En este punto convine hacer una reflexión y preguntarse qué es el famoso Plan Pirineos, plan “fantasma” que la ciudadanía no conoce y en el que una vez más la participación ciudadana ha brillado por su ausencia. Probablemente el objeto de este plan quede claramente recogido en la Orden de octubre de 2024 que subvencionó con 48 millones de euros a las estaciones de esquí, cuando señalaba que “resulta de gran importancia, utilidad pública e interés social, asegurar el mantenimiento, prosperidad, solvencia y viabilidad empresarial de estas empresas al constituir el principal motor económico de los valles en los que se asientan”. Obviamente se refiere a ARAMON, EIVASA y ETUKSA, propietarias de las estaciones de esquí aragonesas.
Pero conviene igualmente recordar las siguientes obligaciones que las leyes aragonesas de ordenación del territorio y de urbanismo imponen a las administraciones públicas por mandato constitucional: asignar racionalmente los usos del suelo en funcióń de las aptitudes del medio físico y de las necesidades de la población, desarrollar políticas sostenibles y de ocupación eficiente del suelo que posibiliten el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual, y garantizar la disponibilidad de suelo para el acceso a una vivienda digna, evitando la especulación del suelo.
También conviene tener presentes por parte de los poderes públicos las siguientes obligaciones constitucionales: servir con objetividad los intereses generales, asignar equitativamente los recursos públicos, y programar y ejecutar el gasto público con eficiencia y economía.
Cuando el actual Presidente del Gobierno de Aragón señala que “hace falta el compromiso de todos, el institucional, de los montañeses, de los del llano, para conseguir que, con todo el respeto del mundo al medioambiente, abordemos esos proyectos que nos posicionarán en el mercado nacional de la nieve”, hay que contestarle que contará con tal compromiso cuando se tenga, no todo el respeto del mundo al medioambiente, sino un mínimo de respeto, y eso pasa por la aprobación del Parque Natural de Anayet-Partacua, que desde hace casi 20 años espera su declaración.
Esta insostenibilidad del destino de los fondos no es sólo una característica de los grandes proyectos amparados por los PSTD del Pirineo aragonés, sino que también lo es de los pequeños. El Proyecto de Oroel Park es una buena muestra de ello. En este caso pasamos de los 30 millones a los 370.000 euros, pero la insostenibilidad de este proyecto no la determina su importe, sino la desconexión entre lo que proyecta, una atracción turística, y el lugar en el que pretende realizarse, el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. Aunque es evidente que existen otras necesidades básicas sin cubrir, y más urgentes, este proyecto no hubiera tenido el rechazo que ha suscitado si se hubiera proyectado fuera de un espacio protegido.
Para determinar que este proyecto no es un equipamiento de uso público en un Espacio Natural Protegido (ENP), sino una atracción turística que no cabe en un ENP, hay que atender a la finalidad del uno y de la otra. Así, el uso público de un equipamiento en un ENP tiene la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una forma ordenada que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio. Mientras que la finalidad de una atracción turística es la de aumentar la afluencia de visitantes ofreciendo la posibilidad de realizar actividades no directamente relacionadas con la apreciación del patrimonio natural o cultural. Esa distinción es algo que la concejala de turismo que impulsa una atracción turística, que va a ser financiada con un Pan de Sostenibilidad Turística en Destino, debería entender, al igual que quienes deben decidir al respecto.
De este modo, puede deducirse que un parque de ocio que pretende ocupar el 91% de la zona de usos generales del paisaje protegido, con más de 8.000 metros cuadrados en los que se verterán 58.000 kilos de hormigón, es una atracción turística ajena a los valores naturales y culturales de ese ENP. Como atracción turística que es generará un aumento de la afluencia de público, perjudicará la calidad de la visita a los visitantes que buscan una relación directa con los valores naturales y culturales propios del ENP, desvirtuará tales valores, y superará la capacidad de acogida, dada la inexistencia de transporte público de acceso al ENP y las limitadas plazas de aparcamiento existentes. Es por estos efectos por los que tal atracción turística resulta incompatible con los objetivos y directrices de conservación del ENP plasmados en su Plan de Protección, que no pueden ser sacrificados injustificada e innecesariamente; menos aun cuando existen múltiples emplazamientos en espacios naturales fuera del ENP que son aptos para la ubicación de este proyecto.
Vistas las características del proyecto Oroel Park podría pensarse que ha sido promovido por una administración lejana y ajena a la realidad cotidiana del territorio, pero no ha sido el caso. Y eso es lo más preocupante. El proyecto ha sido impulsado por la concejala de turismo del ayuntamiento de Jaca, quien precisamente representa a este ayuntamiento en el Patronato del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, y en la MAVA que ejecuta el PSTD. La concejala afirma que ha habido total transparencia sobre este proyecto, que tiene su origen en 2023, pero debe confundir la información que se proporciona a los grupos políticos en las sesiones de la Comisión de Turismo, que no son públicas, con la información que puede publicarse en el Portal de Transparencia. Tampoco se han impulsado las distintas formas de participación que contempla el vigente Reglamento de Participación Ciudadana. Ninguna de esas vías fue transitada por la concejala en los dos años de tramitación de esta actuación. También podría haber recabado la opinión de alguno de los miembros técnicos del Patronato del Paisaje Protegido, quienes le habrían advertido de la inaptitud de su ubicación.
Hasta el 1 de septiembre de 2025 los ciudadanos no han tenido acceso al Proyecto de construcción del parque de ocio Oroel Park. El rechazo social que produjo su conocimiento a los vecinos de Jaca se resume en las 62 alegaciones presentadas al mismo, una manifestación de más de 500 personas ante la casa consistorial en apenas 5 días después de conocer el proyecto, y más de 4.000 firmas en contra del proyecto hasta la fecha. Ante esta respuesta ciudadana el Pleno del Ayuntamiento de Jaca acordó el 16 de septiembre la paralización inmediata del proyecto Oroel Park.
Atender a este mandato directo implica instar a la MAVA a la celebración de una sesión plenaria en la que se acuerde no aprobar definitivamente el proyecto, contestando en tal sentido a las alegaciones presentadas, desistir del procedimiento de adjudicación del contrato y encargar una modificación del proyecto que contemple una ubicación fuera del paisaje protegido.
Lejos de ser atendido este mandato del Pleno, el 1 de octubre el alcalde, la concejala de turismo y el presidente de la MAVA realizaron una presentación pública del proyecto con infografías y sin aportar su documento ambiental. Curiosa forma de entender los términos de paralización y suspensión. En dicha presentación anunciaron su intención de someter el proyecto a una consulta pública que han tenido dos años para realizar y que ahora, dadas la urgencia de los plazos de ejecución, sólo parece servir a eludir responsabilidades.
La Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, como entidad supramunicipal que gestiona servicios y proyectos de interés general en todo el territorio, tiene ahora la obligación de posicionarse con claridad y de asumir un papel activo en la decisión sobre Oroel Park. No puede mirar hacia otro lado ni esquivar el debate, porque lo que está en juego afecta directamente al modelo de desarrollo turístico y ambiental de todo el valle, no solo al municipio de Jaca. Su silencio o inacción serían también una forma de complicidad con un proyecto que, de salir adelante, marcaría de manera irreversible el futuro del entorno natural del Pirineo aragonés.
Finalmente, una reflexión sobre algo que en mi humilde opinión es muy importante y significativo. Habría que preguntarse en función de qué intereses se “liquidó” la Asociación Turística Valle del Aragón (ATVA), formación con representación política y representación EMPRESARIAL. La desaparición de la ATVA ha dejado un vacío que se nota en la manera en que se conciben y presentan los proyectos. Cuando existía, era un instrumento de coordinación ágil, que permitía detectar necesidades reales, consensuar iniciativas y articular propuestas con rapidez y solvencia técnica. Sin ella, los proyectos llegan tarde, sin la planificación adecuada y muchas veces respondiendo más a intereses particulares que a una estrategia conjunta de desarrollo sostenible. Esa falta de un órgano vertebrador ha facilitado que iniciativas como Oroel Park se impulsen sin la reflexión, participación y consenso que exige un territorio tan sensible y valioso.
Un territorio, un DESTINO TURÍSTICO, que además de Canfranc, Villanúa, Castiello, Aisa, Borau… cuenta con todas las poblaciones que conforman el municipio de Jaca: Abay, Abena, Ara, Araguás del Solano, Ascara, Asieso, Atarés, Baraguás, Banaguás, Barós, Bernués, Bescós de Garcipollera, Binué, Botaya, Canias, Espuéndolas, Gracionepel, Guasa, Guasillo, Ipas, Jarlata, Lerés, Martillué, Navasa, Navasillas, Novés, Orante, Osia, Ullue, Villanovilla, Puerto de Astún, Badaguás, Fraginal y Lastiesas Altas. Muchos de ellos en las inmediaciones del Paisaje Protegido.
En definitiva, volvemos a estar ante un “problema” que nunca debiera haberse dado si hubiéramos aprendido de los errores cometidos. El destino de la insostenibilidad turística se repite de nuevo, pero en este caso quien debiera certificar su defunción no es el presidente de la DPH, sino el alcalde de Jaca. Nuevamente se trata de un proyecto en el que no ha habido participación ciudadana, que no debe producir un daño significativo al medioambiente, que carece de la autorización ambiental necesaria para actuar en un ENP que es ZEPA y ZEC, y que corre el riesgo cierto de no poder cumplir con los plazos de ejecución a los que obliga la Unión Europea. Como entonces, sólo está en las manos de un responsable político cambiar el destino de tanto desatino.
No se entiende seguir impulsando un proyecto que, no solo corre riesgos claros de incumplimiento, sino que además divide a la población jacetana porque pretende implantarse en un espacio natural con protección y que es un símbolo, histórico y emocional, para la mayoría de la población. Cambiando YA la ubicación no se perdería ese dinero. ¿Por qué seguir adelante con este sinsentido insostenible? ¿Cuál es la razón para seguir ante tanto rechazo?
Pero lo que sinceramente me preocupa es ¿a dónde vamos cuándo nuestros responsables políticos más cercanos están apoyando este modelo turístico que tantos problemas sociales nos está generando?