Según la Constitución Española todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero también añade que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y ahí es donde la cosa se complica ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que una vivienda sea considerada digna?
Cuando Javier Milei decidió derogar casi 300 leyes en Argentina, mucha gente descubrió que casi todo en su vida estaba regulado por el Estado. En España pasa casi lo mismo.
La regulación no es mala per se, pero la regulación excesiva asfixia a la economía. En la tetralogía de tonterías selectas de la economía española ya se ha mostrado cómo los políticos están impidiendo el crecimiento económico a la par de empobrecer a la población. Estas estupideces burocráticas se cuentan por cientos. El último ejemplo que quiero poner es el del famoso certificado de eficiencia energética.
La energía es un factor clave en la economía de un país, pero también en nuestras viviendas. Desde siempre la gente ha intentado que las casas sean “eficientes”. Allá donde hace calor los muros son más gruesos. Las ventanas son más pequeñas cuanto más fría es la zona. La forma de los tejados depende de si suele nevar o no. En Huesca existen los espantabrujas que no es más que una manera de evitar que el frío entre por las chimeneas y que apague el fuego. Y otros tantos ejemplos.
Sin embargo, desde el 2021 es obligatoria la tenencia de un certificado que acredite la eficiencia energética de una vivienda. En un principio, este certificado no sería más que otra molestia burocrática necesaria para poder alquilar o vender una vivienda. Un coste rondando los 500 euros que al final lo pagaría el inquilino o el comprador de la vivienda. Este certificado divide en ocho categorías las viviendas, desde la más eficiente o A (la casa no produce emisiones) hasta la G, que es la peor. El problema viene cuando se ha hecho obligatorio para poder alquilar o vender. Y dentro de unos años también para poder mantener el certificado de habitabilidad de las viviendas.
Las nuevas viviendas ya deben tener, por ley, el certificado A o B. Pero las ya construidas tienen que conseguir la certificación E (como mínimo) para el 2030. En el 2033 todas las casas deben tener una clasificación mínima de D. Y para el 2040 no estará permitido que una casa no tenga un certificado A o B.
Esta obligatoriedad de ir modificando las casas para que el Estado nos diga que nuestro hogar es digno y adecuado no es más que un impuesto indirecto que empobrece a la población; pero enriquece a las empresas que facilitan los materiales necesarios: Placas solares, fotovoltaicas, aerotermia, etc…
Con respecto a la vivienda nueva o al alquiler, los resultados ya son visibles: el precio, tanto para comprar como para alquilar, cuando hay certificado energético, se ha disparado. Haciendo aún más adverso el mercado de la vivienda. El mercado ya premiaba a las casas con mejores calidades. Ahora el coste de obtener esa vivienda está artificialmente inflado por culpa de la burocracia.
¿Y con respecto a los propietarios de viviendas ya construidas? Las reformas están destinadas a que los propietarios gasten menos dinero en calefacción o aire acondicionado, pero ellos deben conseguir la eficiencia energética también y para eso se debe invertir una gran cantidad de golpe y ¿cuántos pueden permitirse poner una placa solar? ¿instalar ventanas con doble acristalamiento? ¿Y modificar el aislamiento de los edificios?
El Estado, en vez de dejar actuar al mercado y conseguir que se vayan expulsando las peores viviendas, ha metido la zarpa provocando un incremento en el precio de las mismas.