La sanidad es uno de los pilares del estado de bienestar. La salud es básica a la hora de emprender cualquier actividad en la vida, y cuando llegamos a momentos claves, valoramos el haber invertido en tener buena salud. Por ello, en el ámbito político cualquier intervención que recorte presupuesto a la sanidad pública es visto como un ataque a toda la ciudadanía; aunque dicho recorte sea necesario.
Esta semana, Mónica García, ministra de Sanidad, ha conseguido aprobar una polémica ley en el ámbito sanitario. Cualquier persona en España, residente legal o ilegal, tiene derecho a la asistencia sanitaria más allá de la urgencia. Aquí hay que aclarar varias cosas:
- En nuestro país, cualquier persona con residencia legal ya tiene ese derecho adquirido desde que Ernest Lluch estuvo en el ministerio de sanidad; es decir desde 1986. Hace cuarenta años que los españoles, sin importar si hemos cotizado o no, ya teníamos ese derecho adquirido.
- Durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se amplió el derecho sanitario sin restricciones a todo aquel que estuviera empadronado. Sin importar su origen o el tiempo que haya cotizado en España.
- Los inmigrantes ilegales estaban cubiertos en el sistema nacional de seguridad, pero sólo a través de urgencias.
Por lo que, como se puede ver, la única modificación que hace la nueva reforma sanitaria de la ministra Mónica García es que ahora podrán exigir los inmigrantes ilegales cualquier vía de asistencia sanitaria más allá de la urgencia médica.
Para muchos, esto es un avance social ya que se extiende el paraguas de la sanidad a muchas personas que estaban desamparadas. Sin embargo, hay que recordar una cosa muy importante: los recursos son escasos.
La sanidad española es una de las mejores de la Unión Europea, pero como contrapunto, los españoles sufrimos unas listas de espera eternas. Somos el país de nuestro entorno con más tiempo de espera. No sólo para una intervención, sino para todo aquello que no sea un médico de atención primaria. Ser derivado a un especialista, las pruebas pertinentes y el posterior diagnostico se dilata en el tiempo. Un tiempo que es muy valioso cuando hablamos de salud.
Aunque, lo peor de este anuncio es la deriva económica que tiene. La sanidad es una competencia autonómica. En otras palabras, la sanidad es un servicio que presta la Comunidad Autónoma. No el Ministerio de Sanidad. Con esta nueva ley, lo que se provoca es que, en el corto plazo, los servicios sanitarios autonómicos tengan que hacer frente a casi un millón de individuos que viven de manera ilegal en nuestro país. Y lo que es peor, a todo el turismo sanitario que vengan a disfrutar de una sanidad gratuita que en numerosos países del mundo hay que pagar por ella. Las consecuencias de esto será una sanidad más colapsada y peores servicios para el contribuyente.
Sin ánimo de ser maquiavélico. Si los servicios autonómicos se deterioran mucho en el corto plazo, es de esperar que el ciudadano se de cuenta de ello y se enfade con los gestores de estos servicios. El rechazo a los gestores se articula de una manera en nuestra sociedad: retirando el voto o votando por otro partido. De las diecisiete comunidades autónomas de nuestro país, trece están gobernadas por el Partido Popular. En el 2027 (el año que viene), hay elecciones autonómicas: ¿ha hecho esto Mónica García para intentar desgastar al PP?
Sea cual sea la motivación, lo más triste de todo es que seremos los ciudadanos quienes pagaremos las consecuencias.