La ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática en lo que oculta de forma ruin e intenta redefinir es ignominiosa e inicua. Su pretensión de que todo empezó el 18 de julio de 1936 roza la paranoia de quien se siente perseguido para así ignorar la cruel realidad de su pasado. Ha sido redactada por un colectivo de partidos que son similares a los que conformaron el Frente Popular que motivó que unos generales, hartos como buena parte de españoles que los apoyó, se sublevaran en esta fecha.
El gobierno de los sublevados, el de los facciosos, el de Franco, el de Burgos, fue reconocido por Francia y Reino Unido el 28, febrero de 1939. Por si alguien no se percata del significado, esto fue antes de que Franco pronunciara aquello de “En el día de hoy el ejército rojo cautivo y desarmado…”, pronunciamiento que fue el 1 de abril de 1939, día de la Victoria.
Para dejarlo todo mejor clarificado, Europa no apoyó en ningún momento a la República española. Eso sí, Stalin ayudó a la facción comunista a la que alentó dentro de la República. Los otros, los anarco-sindicalistas yendo por libre, contribuyeron al caos que era lo que mejor les iba. Por eso, al finalizar la guerra, lo que Europa tenía claro fue que no quería que la experiencia española se extendiera por sus países, y mucho menos que se hiciera realidad el régimen de terror que había establecido el malparido mandatario soviético.
Consecuentemente quienes tuvieron que huir a Francia, lejos de ser recibidos como héroes y víctimas acabaron en campos de concentración. No pocos de ellos, proscritos, no tuvieron otra alternativa que enrolarse en la Resistencia acabando en campos de concentración nazis, que eran de exterminio. Ciertamente, entre los que tuvieron que salir de España había muchos españoles honestos que legítimamente creyeron en la República y no tenían delitos de sangre.
Huesca sufrió el asedio más largo de todas las ciudades españolas. A las embestidas del Coronel Villalba, de la plaza de Barbastro donde tuvo lugar una de las mayores masacres de religiosos, había que sumar los milicianos anarcosindicalistas y comunistas. Chusma pretendidamente liberadora que no pasaba de libertaria con no más motivaciones que el autoconcedido derecho a destruir y, en la que, como recogió el escritor José Luis Melero Rivas, sobreabundaban los sifilíticos y las putas. En afirmación del anarquista Durruti esta enfermedad causaba más bajas que las balas enemigas. Todos ellos formaban parte del demoledor Frente Popular.
Con el objetivo claro de relatar los acontecimientos de otra forma, bajo el pretexto de hacer la justicia que no se había hecho, los partidos políticos acomodados en torno a Pedro Sánchez redactaron la ley de Memoria Democrática desfigurando la realidad más que la otra ley de tiempos de Zapatero, la Ley de Memoria Histórica de 2017.
Hay un principio jurídico formulado como Fiat iustitia et pereat mundus: Hágase justicia aunque se hunda el mundo. Que un magistrado se limite a aplicar una ley, por muy juez de carrera que pueda ser, queda lejos de lo que desde el principio de los tiempos se pidió a los jueces, ser árbitros, y dar a cada uno lo que pertenece, lo cual puede implicar hacerlo en contra de lo generalizado incluso establecido. Queda devaluado el poder judicial, si sus protagonistas no pasan de ser meros funcionarios con empleo y sueldo.
Liberada la ciudad el 24 de marzo de 1938, lamentablemente no quedó al margen de las consecuencias inherentes a toda guerra civil donde el sentimiento de triunfo lleva parejo el de la venganza, siempre al margen de la justicia. Esto debieron preverlo los pretendidos libertadores. Sufrieron la misma persecución que estaban aplicando.
Así las cosas, voluntarios u obligados, hubo quienes tuvieron que desempeñar el cargo de alcalde de la ciudad, quizá haciendo piruetas. No eran gobernadores, ni militares. Fueron colaboradores del nuevo régimen, no el deseable pero el que había sido aceptado por Europa que durante cuatro décadas lo toleró sin aspavientos colaborando con sus gobiernos.
España y el franquismo estuvo totalmente aislada durante la segunda guerra mundial, no podía ser de otra forma, después fue tolerada y con ella acabaron colaborando las diferentes naciones, manteniendo más apariencias que llevando a cabo marginaciones.
Borrar los nombres de Lacasa, Campo, Miravé y Pons como de cualquier otro alcalde de tiempos del franquismo es una villanía que involucra a todo el que la lleva a cabo. Lo único que implementa es hacer realidad la venganza de los resentidos por haber sido vencidos como consecuencia de su torpeza. Cambiar ahora los nombres de estos alcaldes por acciones y obras suyas que ennoblecen a la ciudad y de las que los oscenses tienen un agradecido recuerdo, es barnizar la violencia de quienes con su punible actuación motivaron la sublevación de los generales.
No es condescendencia a favor de la convivencia, es complicidad permitiendo desfigurar la verdad. Hay ocasiones en que hay que burlar la ley cuando ésta destroza la justicia.