Nos encontramos ya en la recta final del año y, con ello, cerca de la fecha límite que impuso el Real Decreto-ley 11/2022, paralizando los desahucios en situaciones concretas de vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, el 1 de Enero de 2023, si no media otra prórroga de urgencia, los desahucios se reactivarán.
Obviamente, nos parece imposible que un gobierno de izquierdas y con un supuesto compromiso social deje, estando en sus manos el impedirlo, que se reactiven los desahucios y se abandone a esta dramática situación a tantas familias y personas desfavorecidas.
Como ha declarado Dunja Minjatovic, comisaria de Derechos Humanos del consejo de Europa en su visita a España, “la vivienda no debe ser percibida como un bien solo disponible para algunas personas”. En efecto, la vivienda no es un privilegio; es una necesidad humana. Y, por lo tanto, el disfrute de una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental que los poderes públicos deben garantizar. Es, además, un derecho básico para el pleno disfrute de los demás derechos humanos legalmente reconocidos.
Y en este marco, nuestras Administraciones y los Gobiernos que las dirigen –Gobierno Central, Gobierno Aragonés, Ayuntamiento de Huesca- siguen abandonando a la gente, incumpliendo sus deberes como poderes públicos y, al final, desatendiendo su propia razón de ser: ¿para qué queremos unos gobiernos que no cesan de agravar la situación de las personas a las que se han comprometido a defender?
Las familias trabajadoras que llevan años sometidas a la incertidumbre de no saber hasta cuándo podrán quedarse en su casa, o si llegará la tan esperada como prometida vivienda social que les garantice un techo y a la que tienen derecho por su frágil situación económica, se ven desatendidas por la falta de inversión y de impulso político.
En Aragón, la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, junto con el Consejero señor Soro, como responsables dentro del Gobierno del señor Lambán llevan al menos dos legislaturas dando vueltas a la cuestión de la vivienda sin que haya habido un verdadero debate para analizar el problema. Se limitan a hacer imprecisas declaraciones sobre las posibles soluciones (viviendas sociales, viviendas asequibles, ayudas al alquiler) que año tras año se quedan en promesas incumplidas. En conclusión, la situación actual es de incertidumbre, confusión e inseguridad ante las expectativas frustradas.
La lucha por la dignidad en la vivienda y la falta de respuesta institucional viene de muy lejos. En más de 10 años que llevamos denunciando la falta de viviendas para alquiler social, no se ha llevado a cabo ninguna actualización; solo promesas de proyectos que nunca se llegan a desarrollar. Sigue estancada la bolsa de alquiler; no tenemos conocimiento de que se haya puesto a disposición de las personas incluidas en la bolsa ni una sola vivienda en Huesca; no hay ninguna actuación a corto plazo; los alquileres están por las nubes; no hay alternativa habitacional; y las familias que están en lista de espera no han recibido respuesta alguna acerca de una solución vía vivienda social. Muchas se encuentran pendientes de la fecha de desahucio y las que no están en esa situación no pueden llegar a fin de mes por culpa de su escaso jornal y el alto precio de los alquileres. Y, mientras, todo el “esfuerzo” de la mayoría de nuestros representantes políticos es alarmar con lo que es la consecuencia minoritaria o residual de su, precisamente, falta de actuación: las ocupaciones de viviendas vacías. Es el caso de la solicitud del PP en el último pleno, pretendiendo la modificación del código penal para endurecer las penas por la ocupación legal de viviendas. Entre tanto, y como ejemplo concreto de la falta absoluta de política municipal de vivienda, no se preocupan de que, desde hace más de 10 años, exista en los Olivos un bloque de viviendas desocupado sin finalización de obra y o sin pago de impuestos.
Debemos reaccionar como ciudadanía responsable contra esta dejación irresponsable. Las PAH de Zaragoza y Huesca convocamos una Concentración el jueves 15 de Diciembre ante la Sede del Gobierno de Aragón de Zaragoza con el lema “Aragón sin desahucios” Pidiendo: - que se impulse decididamente un parque de vivienda social público - que se incremente un control de precios de los alquileres para que las familias no tengan que destinar gran parte de su renta a ese fin - que las viviendas y el suelo de la SAREB (el conocido como banco malo) pasen a ser propiedad pública para dar alternativa habitacional a la situaciones de vulnerabilidad- que se defina con exactitud el concepto de vivienda desocupada o vacía para poder adoptar medidas que penalicen su tenencia antisocial. En definitiva, que se evite la mercantilización del derecho fundamental a un techo digno, y se logre que éste sea efectivo para todas las personas.