Martina, Jesús, Ibón y numerosos niños y niñas de toda la provincia de Huesca y del resto de la Comunidad aragonesa, aguardan la llegada de un apoyo educativo que pueda abordar sus necesidades especiales y hacer que la tan ansiada inclusión se convierta en una realidad palpable y efectiva.
"Hoy nos concentramos para reclamar lo que consideramos que es un Derecho de nuestro alumnado". Con estas palabras han comenzado decenas de concentraciones por distintos pueblos de Aragón, en las que se ha reclamado con urgencia que se dote a los centros escolares que lo han solicitado de los auxiliares de educación, al tiempo que se ha denunciado el "recorte" de plazas y la "falta de voluntad" política por solucionar este asunto.
Desde que se inició el curso el pasado 7 de septiembre, no se ha apreciado ningún paso adelante. "El 9 de agosto se publicó la oferta para la cobertura de auxiliares de educación especial para este curso 23/24 en los diferentes centros educativos de Aragón", algo que, según se ha denunciado en las concentraciones, "ha supuesto un recorte de 105 puestos de trabajo respecto a los ofertados en el curso 22/23, pasando de 431 plazas a 326 en este curso y con jornadas cada vez más reducidas", han señalado.
Cada uno de los centros afectados indica que su alumnado es prioritario en cuanto a la necesidad de auxiliar y así se lo ha hecho saber a Educación en en varias ocasiones.
"Hace unos días publicaron una noticia asegurando que se iban a convocar 86 plazas de auxiliares de educación especial, sin embargo esto no se llevó a cabo. Consideramos que hay una falta de voluntad por solucionar esta situación. Se están pasando por alto las necesidades de los más vulnerables y, además, se está sobrecargando de trabajo al resto de personal de los centros educativos".
El Gobierno de Aragón sostiene que fue el anterior Ejecutivo quien debía haber dejado resuelto este asunto antes del relevo. Por su parte, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró en su primera visita oficial al Ayuntamiento de Huesca que "en el próximo Consejo de Gobierno o en el siguiente" se aprobará una partida para convocar las plazas y subrayó que no sólo no se van a registrar recortes en educación, sino que se ampliará la partida presupuestaria.
En las concentraciones, se ha recordado, que hay numerosos niños y niñas con necesidades que acuden a colegios ordinarios porque se garantiza a las familias que contarán con auxiliares de educación especial, con el propósito de favorecer su inclusión. "La carencia de esos profesionales, sobre todo en el medio rural, perjudica seriamente la atención educativa de estos alumnos y la de sus compañeros. Es imposible hablar de integración si no se cuenta con este respaldo".
María Romero, mamá de Ibón, y otros padres y madres del colegio de Castejón de Sos, del CRA Alta Ribagorza de Benasque, se han lamentado de tener que vivir "esta situación tan injusta" y tener que reclamar algo que les pertenece por derecho. "La inclusión sólo es posible si hay recursos que la faciliten", ha dicho.
Lo que sí ha sido "muy bonito", ha agregado, es ver cómo padres, profesores y alumnos se han unido en esta protesta. "Me ha encantado la forma en la que los peques lo han entendido. Han empezado a gritar: Tenemos que protestar, queremos nuestra auxiliar".
En el CRA El Temple se podía leer en una pancarta: "Me llamo Martina. Tengo parálisis cerebral y hemiplaxia lateral. También tengo los mejores compañeros y profesores que me ayudan en todo lo que pueden, pero necesito mi auxiliar de apoyo".
En el colegio de Lanaja, que forma parte del CRA Monegros Norte, han pedido un auxiliar para Jesús, un niño de seis años afectado por Duplicación MECP2, que requiere de asistencia durante su estancia en el centro educativo. "Es imposible que la profesora pueda estar pendiente de atender todas sus necesidades sin una auxiliar", han declarado fuentes de la comunidad educativa del centro.
Entre otros muchos centros, también se han sumado a la movilización el centro de Valentia.
La carencia de apoyo afecta gravemente a los niños vulnerables y sobrecarga al personal educativo. Las familias luchan por el derecho a la inclusión de sus hijos y esperan que el Gobierno de Aragón resuelva esta situación.