La oscense Evohé Sansegundo Benasach ha solicitado en las Cortes de Aragón que la Fiscalía Superior de Aragón asuma el control de la investigación relacionada con las denuncias que mantiene por el trato recibido por su hijo, un menor con discapacidad, durante su participación en la escuela de verano organizada por el Ayuntamiento de Sabiñánigo. Además, ha reclamado transparencia en la tramitación del caso, medidas de protección para su familia frente a posibles represalias institucionales y la suspensión cautelar de los cargos y empleados públicos a los que atribuye responsabilidades.
La petición ha sido formulada durante su reciente comparecencia ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes, donde apeló a los grupos parlamentarios para que actúen atendiendo al principio del interés superior del menor. “Les ruego que por una vez miren juntos por un niño indefenso, vulnerable y no verbal, que hoy más que nunca les necesita”, manifestó al término de su intervención.
Sansegundo acudió a la Cámara autonómica para exponer lo que considera una sucesión de actuaciones irregulares vinculadas a la atención prestada a su hijo durante la escuela de verano municipal de 2024. El menor tiene reconocido un 65 % de discapacidad, dependencia grado II, retraso del neurodesarrollo, síndrome de Klinefelter en mosaico al 47%, parálisis cerebral leve y autismo no verbal. “Estoy esta mañana aquí en calidad de madre para ser la voz de mi hijo”, afirmó al inicio de su comparecencia.
Explicó que la participación en actividades de ocio constituye una necesidad para su hijo debido a las dificultades de socialización asociadas tanto al autismo como al síndrome de Klinefelter. Según ha relatado, en mayo de 2024 el Ayuntamiento ofertó plazas para la escuela de verano, reservando diez para menores con necesidades especiales. La familia presentó toda la documentación requerida y el niño fue admitido en la actividad.
Según sostuvo, el consistorio conocía desde meses antes la situación del menor y disponía de tiempo suficiente para contratar personal especializado que garantizara su participación en igualdad de condiciones con el resto de asistentes. “Desde mayo ellos fueron conocedores de la condición. Tuvieron tiempo para buscar y contratar a una persona cualificada para que estuviese acompañando a mi hijo para poder participar de las actividades en igualdad de oportunidades junto con el resto de niños”, manifestó.
Sin embargo, aseguró que los problemas comenzaron desde la primera jornada. “A los 40 minutos, me llamaron para que fuese a recogerle porque no sabían cómo tratar a mi hijo”, relató. A partir de ese momento, según su testimonio, se produjeron diversos incidentes relacionados con la atención prestada al menor que llevaron a la familia a presentar reiteradas quejas ante responsables municipales.
Entre los episodios expuestos ante los diputados, Sansegundo afirmó que llegó a encontrar a su hijo “descalzo en un patio de recreo del colegio, sin comer ni beber, porque tres individuos decidieron que él no tenía por qué comer ni beber”. También apuntó que el menor regresaba a casa con el pañal sin cambiar y que, tras una de las ocasiones en que sí fue atendido, la familia tuvo que acudir a Urgencias.
La madre explicó, además, que llegó a permanecer una mañana junto a los monitores para orientarles sobre las necesidades específicas del niño. Según dijo, una monitora llegó incluso a sugerirle que fuera ella misma quien acudiera a cambiarle el pañal durante el desarrollo de las actividades.
Ese mismo día, recibió una nueva llamada desde la piscina municipal, según su relato, "porque entre tres personas no sabían sacarle de una piscina infantil”.
“Por el maltrato recibido, tanto el niño como nosotros decidimos poner una denuncia, la cual, si no llega a ser por el Justicia de Aragón, jamás habría aparecido”, declaró. La compareciente agregó que el Ayuntamiento les ofreció la posibilidad de retirar al menor de la escuela de verano, una opción que rechazaron al considerar que el niño necesitaba seguir relacionándose con otros menores.
Sansegundo relató que propusieron sustituir a alguno de los monitores por una persona especializada, aunque, según su versión, esa posibilidad fue descartada. “Nos dijeron que ninguno iba a ser despedido. Después entendimos el porqué”, ha afirmado. A continuación, relacionó esa decisión con los vínculos familiares de varias de las personas contratadas. “Tenían que decidir a quién iban a despedir: al hijo de la mejor amiga de la alcaldesa, a la hija del concejal de contratación o a la hija de la técnico de Recursos Humanos y vocal de comisión de valoración de la Comarca Alto Gállego”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó el procedimiento de contratación seguido para cubrir esos puestos. “Hizo falta saltarse una bolsa de empleo, inventarse un examen previo que nunca existió y modificar puntos de valoración y titulación”, afirmó.
Tras la presentación de la denuncia, siguió detallando, sí se incorporó una persona cualificada para atender a su hijo. En este punto cuestionó las explicaciones que, según su relato, ofreció la concejal de Infancia y Juventud. “Según ella, no era necesario y que encima la ley les podía amparar. Pero si les amparaba la ley, ¿por qué terminaron contratando a alguien?”, planteó.
La compareciente también denunció la gestión de las escuelas de verano de 2025 y 2026 desarrolladas bajo el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. Según explicó, los criterios de valoración contemplan una preferencia para familias en las que alguno de sus miembros tenga reconocida una discapacidad, aunque ha asegurado que ese criterio dejó de aplicarse una vez concedida la subvención. “En ambos años, una vez les han dado la subvención, ese baremo ha quedado en el olvido y, por consiguiente, han dejado a mis hijos excluidos”, indicó.
Asimismo, criticó la publicación de los listados de admitidos de este año. “Este año, además, la transparencia ha sido también eliminada porque en vez de nombres han puesto solamente números”, destacó, y cuestionó una respuesta remitida por escrito por el Ayuntamiento: “Han usado el término baremo ciego a la condición de discapacidad”.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL
La compareciente también se refirió al procedimiento judicial derivado de la denuncia presentada por la familia. “El 15 de abril de 2025 fuimos siete personas citadas a declarar al juzgado de Jaca”, explicó. Según su versión, tanto la alcaldesa como la concejal de Infancia y Juventud acudieron ese mismo día a las dependencias judiciales.
Sansegundo sostuvo que el acceso posterior al expediente les permitió detectar diversas anomalías. “Ahí fue cuando descubrimos que el 15 de abril, mientras la alcaldesa estaba dentro del juzgado, lo que desapareció fue la declaración de mi marido”, afirmó. Asimismo, señaló que “el orden en el que debíamos declarar no se llevó a cabo” y aseguró haber encontrado “contradicciones e injurias delante de un juez estando bajo juramento” en algunos de los testimonios incorporados a la causa.
Según relató, la documentación también reflejaba una interrupción de hora y media durante aquella jornada. “Comprobamos, viendo la parte de abajo izquierda, que hubo un parón de hora y media sin motivo que sepamos y estando la alcaldesa y la concejal en el edificio”, manifestó.
La madre cuestionó igualmente varios aspectos relacionados con la representación procesal de la familia. “Solicitando toda la documentación fue cuando supimos que sin aviso, y a nuestras espaldas, nos quitaron a la procuradora y nos impusieron al hermano del procurador del Ayuntamiento”, declaró. Según añadió, esa persona era “el vicesecretario del Ilustre Colegio de Procuradores de Huesca”.
Durante su intervención también explicó que solicitó una orden de alejamiento contra uno de los monitores después de comprobar que figuraba nuevamente en la relación de personal de la escuela de verano de 2025. Asimismo, aseguró que, tras una llamada al ministerio, sus hijos terminaron siendo admitidos en la actividad.
Respecto a la evolución de la denuncia, relató que la abogada de oficio designada le comunicó que únicamente había recibido instrucciones para tramitar la orden de alejamiento. “Son vacaciones judiciales, pero el 18 de agosto se archiva el caso”, afirmó. También aseguró que a mediados de septiembre todavía no había recibido ninguna notificación relativa a la denuncia interpuesta durante el verano de 2024.
En la recta final de su comparecencia, Sansegundo vinculó todo el conflicto a la decisión de la familia de no renunciar a que su hijo participara en actividades de ocio en igualdad de condiciones. “Toda esta trama surge únicamente porque nos negamos a renunciar a que nuestro hijo pudiese disfrutar de actividades de ocio con iguales y, por supuesto, con la persona cualificada”, sostuvo.
La compareciente defendió además que dispone de abundante documentación para respaldar sus acusaciones. “Tengo todas las pruebas en estas 19 carpetas, donde se demuestra cada acto ilícito contra él”, afirmó. “Dentro de las 19 carpetas hay más de 90 maneras diferentes de maltratar a mi hijo y a mi unidad familiar”, añadió.
La intervención concluyó con un relato sobre la trayectoria vital de su hijo y las dificultades afrontadas por la familia desde su nacimiento. “Nació muerto y estuvo seis minutos en parada. Desde ese instante la vida se convirtió en desafíos y esperas”, explicó. “Esperé 42 días para llevarlo a casa. Estuve tres años esperando para verle andar. Llevo seis años soñando con oírle hablar y no creo que eso llegue a suceder”, agregó.
“¿Saben la de veces que me he llegado a preguntar qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté? Esa pregunta es la que hace que no me pueda rendir”, afirmó. Antes de abandonar la tribuna, reiteró su intención de continuar con las acciones emprendidas y cerró su comparecencia con una frase que, según dijo, resume su posición ante el caso: “Piedad para el culpable es traición al inocente”.
LOS GRUPOS POLÍTICOS
a diputada del Grupo Mixto expresó su apoyo a Evohé Sansegundo y destacó la necesidad de que las instituciones acompañaran a las familias que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. Buj puso en valor el esfuerzo realizado por la compareciente en defensa de su hijo y defendió la conveniencia de que las administraciones intervinieran para favorecer soluciones que garantizaran la atención, la integración y el bienestar del menor.
Mascun Lorien Ariste Campos, diputado de Chunta Aragonesista, agradeció la comparecencia de Sansegundo y subrayó la importancia de que las instituciones escucharan a las personas que consideran que no han encontrado respuestas suficientes a sus problemas. Ariste aseguró que su grupo analizaría la información trasladada durante la sesión y trabajaría para favorecer que las administraciones competentes atendieran las demandas planteadas y buscaran soluciones dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.
Ana Isabel Pardo Pardos (VOX) manifestó su conmoción por el relato de la compareciente y consideró que situaciones como la descrita evidenciaban que todavía quedaba camino por recorrer en materia de inclusión. Pardo apuntó que una posible vía de mejora pasaba por revisar y reforzar los protocolos de actuación en actividades como las escuelas de verano para evitar que se repitieran circunstancias similares, aunque recordó que las Cortes no podían intervenir en decisiones judiciales.
Carmen Soler Monfort (PSOE) reiteró el compromiso de su grupo con la protección de los menores y la inclusión de las personas con discapacidad, al tiempo que defendió la función de las Cortes como espacio de escucha para la ciudadanía. No obstante, recordó que el Parlamento debía actuar dentro de sus competencias y mostró respeto por las resoluciones adoptadas por los órganos judiciales, subrayando que la labor de los diputados pasaba por trabajar desde el ámbito legislativo.
María José Vicente Poy (PP) trasladó su apoyo a la familia y señaló que la comparecencia ponía de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la inclusión efectiva de los menores con discapacidad en actividades de ocio y tiempo libre. Vicente defendió una mayor colaboración entre administraciones, familias y entidades especializadas para mejorar estos programas y anunció que su grupo estudiaría con atención la información expuesta durante la sesión.
En su intervención de cierre, Sansegundo insistió en que su objetivo no era reabrir la causa archivada, sino que la Fiscalía Superior de Aragón investigara las actuaciones que, según sostuvo, se produjeron durante y después del procedimiento inicial. La compareciente defendió que había dedicado dos años a recopilar pruebas y reclamó que se analizaran las presuntas irregularidades que denunciaba para evitar que situaciones similares volvieran a repetirse y para proteger a su hijo frente a nuevos perjuicios.