Europa mantiene su bienestar cotidiano gracias a un sistema de exclusión legal que explota a quienes sostienen la vida en el continente. Así lo sostuvo la investigadora Itziar Ruiz-Giménez, que en Huesca planteó una crítica frontal al modelo europeo de gestión migratoria, al que definió como una estructura que produce irregularidad, precariza a millones de personas y alimenta un negocio securitario que se beneficia del miedo.
La especialista desarrolló estas ideas en la conferencia “Una mirada ecofeminista e interseccional de las migraciones en Europa”, impartida este martes en el Salón Azul del Casino. El acto fue organizado por 8M Huesca, el Colectivo Feminista de Huesca y Amnistía Internacional, con la colaboración del Ayuntamiento de Huesca.
Ruiz-Giménez aseguró que el debate sobre migraciones continúa atrapado en un relato simplificado y profundamente sesgado. Recordó que el 48% de quienes llegan a Europa son mujeres, pero el discurso público sigue centrando la atención en la figura de “un varón joven musulmán que salta vallas o llega en cayuco”. Esta imagen, señaló, ha consolidado “cegueras y silencios” que distorsionan el fenómeno y refuerzan políticas basadas en el miedo y la criminalización. Subrayó que la movilidad humana es un proceso universal, múltiple y bidireccional, que incluye también a europeos que migran dentro y fuera del continente, aunque esta dimensión rara vez aparece en los discursos dominantes.
Desde un enfoque ecofeminista e interseccional, defendió que comprender la realidad exige situar en el centro la trama de interdependencias que hace posible la vida, un entramado que abarca tanto a la vida humana como a la no humana y que está hoy en riesgo. Explicó que las mujeres migrantes sostienen buena parte de los cuidados, la atención, los servicios domésticos, la restauración y los trabajos que garantizan el bienestar europeo. A pesar de ello, añadió, su papel es sistemáticamente borrado del debate político, y su presencia queda reducida a posiciones laborales precarizadas y segregadas.
La investigadora denunció que esta dinámica no es fruto de la casualidad, sino el resultado directo de un mecanismo institucional que definió como “la producción ilegal de la irregularidad”. Señaló los retrasos deliberados, los incumplimientos sistemáticos de la legislación de asilo, las trabas para la nacionalización y la homologación de títulos, y la estrategia de convertir la irregularidad en una herramienta de control laboral. Todo ello, dijo, configura en Europa un “apartheid político-jurídico” que deja fuera de los derechos fundamentales a millones de personas y facilita su explotación. Este sistema, afirmó, reproduce lógicas coloniales de exclusión que Europa aplicó durante siglos fuera de sus fronteras y que hoy reemergen en el corazón del continente.
Ruiz-Giménez sostuvo que este régimen no afecta únicamente a quienes carecen de papeles, sino también a amplios sectores de población racializada o no considerada culturalmente europea, que quedan etiquetados como “migrantes” independientemente de su trayectoria vital. A su juicio, la insistencia en presentar la migración como amenaza sirve para expandir la industria securitaria, desviar fondos públicos hacia la militarización de fronteras y externalizar el control migratorio a países como Marruecos, donde se cometen graves violaciones de derechos humanos financiadas con recursos europeos.
Al abordar las causas de la movilidad, explicó que la migración no puede entenderse sin el impacto de las cadenas globales extractivistas ni sin la crisis ecológica, que deterioran las condiciones de vida en los sures globales y empujan a millones de personas a desplazarse para sobrevivir. Recordó que en esos territorios mujeres y hombres trabajan en la agroindustria, la minería o la extracción de recursos esenciales para la industria tecnológica, con condiciones que sostienen el bienestar del norte global y profundizan las desigualdades estructurales.
Frente a la idea de que los escenarios actuales son irreversibles, Ruiz-Giménez reivindicó la historia como prueba de que la movilización social transforma el mundo. Recordó que la colonización terminó, que el feminismo ha modificado estructuras profundas del patriarcado, que el ecologismo ha obligados a repensar el modelo económico y que la lucha contra la esclavitud, la trata o la discriminación ha avanzado gracias a la presión social. “El 90 % de la humanidad no puede permitirse el pesimismo”, afirmó, porque su supervivencia depende de defender la vida frente a un modelo que la amenaza.
En la parte final de su intervención, explicó que la movilidad humana es también una forma de acción política: mujeres y hombres en tránsito defienden derechos, sostienen redes vitales y se enfrentan a un sistema que trata de expulsarlos del espacio de ciudadanía. Para responder a este desafío, planteó cuatro tareas inseparables: descolonizar, despatriarcalizar, descapitalizar y desmilitarizar. Según indicó, estas dimensiones no pueden abordarse por separado porque forman un mismo entramado de poder que opera desde los orígenes de la modernidad hasta la actualidad.
La sesión concluyó con un llamamiento a fortalecer alianzas globales, reconocer la agencia política de las personas en movimiento y defender la trama de la vida en un momento histórico que -advirtió- definirá el futuro de varias generaciones. Para Ruiz-Giménez, la única opción es seguir caminando “en pos de las utopías”, porque el desafío es colectivo y universal.