El abogado penalista y exalcalde de Zaragoza Pedro Santisteve sostiene que es preciso llevar a cabo una reforma de calado del modelo judicial y advierte de que su configuración actual ha erosionado su función constitucional. “La justicia debería ser un contrapoder que evitara que el Ejecutivo fuera el poder dominante” y reclamó “desconcentrar" las atribuciones de los jueces y “democratizar la justicia” para garantizar la protección efectiva de los derechos sociales.
La conferencia, organizada por la Universidad Ciudadana de Huesca bajo el título ¿Qué justicia tenemos, qué justicia queremos?, se planteó este jueves como una reflexión sobre la calidad de esta institución y como un espacio de análisis acerca de qué estructura jurisdiccional necesita el país y qué cambios resultan imprescindibles.
Durante su intervención, Pedro Santisteve Roche defendió que el Poder Judicial debe ejercer como verdadero equilibrio frente al Ejecutivo, evitando la concentración de recursos y asegurando la vigencia real de los derechos fundamentales. Desde esa lectura constitucional, mantuvo la idea de que la función jurisdiccional no puede reducirse a una aplicación automática de normas, sino que ha de preservar los principios que sostienen el Estado de derecho.
El ponente planteó la revisión del sistema de oposiciones, al que vinculó con la necesidad de incorporar criterios de razonamiento y conocimiento de la realidad social frente al aprendizaje exclusivamente memorístico. También abogó por una reorganización interna que impida que determinadas afinidades condicionen el acceso a órganos superiores como el Tribunal Supremo.
Al inicio de la conferencia, Santisteve analizó la evolución histórica del Poder Judicial antes y después de la Constitución, y sostuvo que su deriva ha desembocado en un grave proceso de politización y de “judicialización de la política” que, a su entender, quiebra la división de poderes.
En su recorrido histórico, manifestó que la configuración actual arrastra inercias de la Transición, marcada, según expuso, por una reforma sin ruptura plena con el aparato judicial anterior. Esa continuidad habría consolidado una estructura corporativa poco permeable a cambios profundos.
Alertó de una creciente injerencia en el ámbito partidista, con actuaciones que, según dijo, han supuesto la criminalización de formaciones y dirigentes, citando el caso de Podemos y denunciando una “doble vara de medir” en materia de libertad de expresión, con ejemplos como el de Pablo Hasél, que cumple cinco años de prisión.
A lo largo de su exposición citó también otros episodios que, en su opinión, ejemplifican esa deriva, como actuaciones contra cargos públicos o decisiones que acabaron siendo corregidas por instancias superiores.
También se refirió a la situación del Tribunal Constitucional tras el procés, al que atribuyó una transformación de su papel al asumir la ejecución de sus propias resoluciones. Cuando los conflictos no se resuelven en el terreno parlamentario y se trasladan a los tribunales, advirtió, se produce una distorsión institucional: el castigo y la vía penal no sustituyen al diálogo y se altera el esquema del Estado de derecho.
Santisteve también cuestionó el peso del atestado policial en el proceso penal y recordó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882 y reformada en múltiples ocasiones, no ha sido plenamente actualizada. A su juicio, esta estructura genera una posición de ventaja para la acusación y condiciona la construcción de los hechos desde el inicio del procedimiento.
El exalcalde diferenció entre la “verdad formal” del proceso y la “verdad material” de los hechos. Explicó que el sistema adversarial resuelve conforme a reglas procesales y pruebas válidas, lo que no siempre coincide con lo realmente ocurrido, especialmente cuando se producen errores o vulneraciones de garantías.
En esa línea, advirtió del uso creciente de las sentencias de conformidad como mecanismo para aliviar la sobrecarga de los juzgados. Según explicó, este sistema puede llevar a aceptar condenas para evitar riesgos mayores, incluso en situaciones de duda, lo que afecta de forma especial a personas con menos recursos.
Recordó las reivindicaciones formuladas por más de mil jueces en 2010 en favor de la democratización interna y de la elección de sus órganos de gobierno. Señaló que cualquier reforma requiere una Ley Orgánica y consideró improbable que el Partido Popular respalde cambios en la actual coyuntura parlamentaria. A su juicio, el bloqueo vivido durante cinco años en el Consejo General del Poder Judicial evidenció una situación de control y parálisis que afectó al conjunto de la administración y al funcionamiento ordinario de las instituciones.
Pedro Santisteve planteó que para salir de esta situación, la respuesta pasa por atender las demandas de la carrera y avanzar en una auténtica democratización interna. A su juicio, en un Estado constitucional los jueces deben constituir un verdadero contrapoder en defensa de los derechos fundamentales, pero para ello resulta imprescindible “desconcentrar” competencias y revisar el actual reparto de funciones.
Valoró la institución del jurado popular, a la que atribuyó un valor pedagógico al implicar directamente a la sociedad en la toma de decisiones penales y en la deliberación colectiva.
JUSTICIA RESTAURATIVA
En ese punto introdujo la necesidad de devolver determinados conflictos a la propia comunidad mediante fórmulas de resolución alternativa, especialmente a través de la llamada justicia restaurativa y la mediación penal. Sostuvo que numerosos delitos leves generan un elevado coste económico solo por su tramitación y que algunos ni siquiera deberían mantenerse en el ámbito penal, sino canalizarse hacia mecanismos comunitarios que permitan reparar el daño y resolver el conflicto entre las partes.
El ponente aportó un dato para contextualizar su propuesta: hace una década, mantener a un preso suponía cerca de 30.000 euros anuales para el Estado. Esa cifra, señaló, evidencia la dimensión de una estructura que, en su opinión, no cumple adecuadamente con los fines de reinserción ni logra prevenir la delincuencia, al tiempo que implica un elevado gasto público y reproduce dinámicas de exclusión.
Además del coste económico, incidió en el perfil social de la población penitenciaria, integrada en buena medida por personas en situación de vulnerabilidad y por migrantes. Para Santisteve, este dato refleja que el sistema penal impacta de forma desproporcionada en sectores con menor capacidad de defensa.
Igualmente, advirtió del riesgo de reforzar políticas punitivas como el castigo de la multirreincidencia, que puede derivar en una mayor criminalización de sectores vulnerables vinculados a situaciones de precariedad, falta de educación o ausencia de derechos sociales efectivos. En ese contexto, consideró que la respuesta no pasa por incrementar penas, sino por abordar las causas estructurales con capacidad de razonamiento y reformas ya estudiadas desde décadas anteriores.
Santisteve apeló a la responsabilidad de los distintos estamentos del Estado -desde el ámbito político hasta el institucional- para actuar conforme a la Constitución y ofrecer ejemplo público. A su entender, la convivencia social no responde a la imagen de “olla a presión” que a veces se proyecta, sino que requiere instituciones que respeten el marco legal en lugar de tensionarlo.
Además de lo expuesto en la charla, en una conversación previa con este periódico, se refirió a la sentencia contra el Fiscal General del Estado, que calificó como una “intromisión” del Tribunal Supremo en el ámbito del Ejecutivo. A su juicio, la resolución no respeta la presunción de inocencia y podría ser revocada por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Más allá de ese caso concreto, señaló que lo “más sangrante” del panorama actual, insistió, es no haber reformado a tiempo el sistema de acceso a la judicatura. Defendió unas oposiciones que valoren la capacidad de razonamiento, deliberación e interpretación conforme a la realidad social, y no solo la memorización. A ello añadió la necesidad de aliviar la carga de trabajo y establecer controles que eviten la politización y la actuación de magistrados alineados con intereses partidistas.